Ministro de Justicia evaluará la permanencia del procurador Daniel Soria tras informe de la Contraloría

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos evaluará en estos días la permanencia del procurador general del Estado, Daniel Soria Luján, tras conocerse un informe de la Contraloría General de la República que certificaría que no cumpliría con los requisitos exigidos por la ley para desempeñar tal cargo público.

Además, se descartó que este documento se haya realizado a raíz de la participación que tiene esta entidad en la investigación preliminar que se le sigue contra la presidenta, Dina Boluarte, y el premier Alberto Otárola por las muertes ocurridas en las protestas antigubernamentales de diciembre del 2022 y enero de este año.

“No debemos dudar de la probidad, rectitud y seriedad de los informes de los órganos de control y, en particular, la Contraloría a partir de ciertos hechos que consideran que pueden ser revisables o irregulares. Tampoco deberíamos asumir que esto tenga un contenido más allá del carácter técnico”, dijo Eduardo Arana, titular del MinJus, en diálogo con RPP.

El funcionario del Ejecutivo aseguró que el informe de la Contraloría sobre el procurador Soria le llegó hace una semana a su despacho. Por ello, anotó que la primera medida que tomó al recibir el documento es remitirlo a las instancias administrativas a fin de que brinden las recomendaciones necesarias para definir la situación de Soria.

“He recibido hace una semana el informe de la Contraloría respecto del examen que ha hecho sobre la asignación del citado procurador. Lo que he hecho, como corresponde, es que este informe sea revisado por las instancias correspondientes”, mencionó.

El ministro Arana enfatizó que, tras recibir la comunicación de estas instancias,“aseguro que la decisión va a ser estrictamente enmarcada en la Constitución”, respecto a una probable remoción.

Rechazó documento

Previamente, el procurador Daniel Soria brindó una entrevista a RPP para rechazar los términos del informe de la Contraloría que señala que no cumple los requisitos para su puesto. En esa línea, acusó a Jorge Llamoctanta y José Guerrero de estar detrás de las mismas imputaciones que el expremier Aníbal Torres usó en febrero del 2022 cuando lo sacó del sector tras presentar una denuncia por corrupción contra el expresidente Pedro Castillo.

“Este informe nuevamente ingresa a un tema que ya había sido explicado y zanjado, que es el cumplimiento de los requisitos para ser procurador general del Estado [...]. En enero de 2022, esta oficina de la Contraloría que está en el Ministerio de Justicia hizo un informe en el cual señaló que no cumplía con los requisitos y el ministro Aníbal Torres dispuso que se emita la resolución de mi cese (sin que aparezca el informe en la resolución) y, por otro lado, que se me denunciara penalmente”, agregó.

El procurador Soria recordó que regresó a su cargo tras lograr que el Poder Judicial declarar fundado un recurso de amparo para anular la destitución de la que fue víctima el año pasado.

“La sentencia de amparo ha ratificado que la comisión de faltas graves establecidas en nuestras normas son el supuesto de destitución del procurador general del Estado. Se comete una falta, se hace un procedimiento, se toma una decisión y se destituye. Fuera de eso, estamos hablando de acciones que efectivamente afectan la autonomía y frente a las cuales tomaré mi decisión de cuestionarlas frente al Poder Judicial”, zanjó.