Congreso exige al Ejecutivo mejorar plan para combatir corrupción en el país

Críticas contra propuestas del premier Alberto Otárola persisten desde el Congreso de la República. Esta vez en rechazo al proyecto de ley de fortalecimiento de la función de integridad en el sector público, misma que propone “estandarizar una estrategia nacional y fortalecer el enfoque de prevención en temas de integridad”.

Para ello, Otárola Peñaranda propone que el Estado cuente con una oficina de integridad, la cual no tendría relación con las labores que cumple la Contraloría ni las oficinas de control institucional, cuya misión sería garantizar la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de las entidades, además de supervisar la legalidad y eficiencia de estas.

Sin embargo, el 12 de setiembre, durante la sustentación de la propuesta legislativa —presentada ante la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado—, algunos congresistas cuestionaron el proyecto debido a supuestas imprecisiones.

Entre ellos está, en primer lugar, el parlamentario Guido Bellido Ugarte de Perú Libre, quien puso en duda el proyecto de ley, dejando sobre la mesa la pregunta más compleja: ¿Qué se puede conseguir con dicha propuesta, mientras la corrupción se mantiene vigente en todo el aparato estatal?

En esa línea, la postura de Bellido también fue compartida por el congresista Alfredo Pariona Sinchi, que sostuvo que antes de implementar tal modelo, el Estado primero debe demostrar legitimidad.

Parlamento ratifica su desconfianza al Gobierno

Las críticas en torno a la incapacidad del actual gobierno tampoco se hicieron esperar. La legisladora Norma Yarrow Lumbreras, de Alianza País, cuestionó la gestión de Otárola para fiscalizar y sancionar los actos de corrupción, haciendo un llamado de atención por el desabastecimiento de operadores de control, y su falta de capacitación en el tema.

Como solución a esta problemática, Yarrow recomendó que se deben impulsar organismos reestructurales en el Estado.

Por su lado, la parlamentaria Patricia Juárez Gallegos, de Fuerza Popular, expresó su preocupación, advirtiendo que el PL de Otárola podría causar más burocaria y, más bien, neutralizar la efectividad para alcanzar objetivos claros en torno a la prevención de los actos de corrupción.

Esta postura fue sostenida también por José Cueto Aservi, quien teme que el modelo de integridad propuesto desde el premiariato no sea entendido por los propios servidores del sector estatal, así como por la ciudadanía.

Durante la sesión también participaron los congresistas Margot Palacios Huamán de Perú Libre, Carlos Zeballos Madariaga de Podemos Perú, Edith Julón Irigoín de Alianza para el Progreso, Alex Paredes Gonzáles y José Arriola Tueros, quienes se mostraron a favor de reformular la propuesta del premier.

Otárola busca recuperar confianza de la ciudadanía

Durante la presentación del premier ante el Congreso, este afirmó que con su propuesta busca recuperar principalmente la confianza de la población. Cabe resaltar que, según un sondeo el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), actualmente el 80% de la población desaprueba la gestión de la presidenta Dina Boluarte.

Además, comunicó que con la aprobación del PL el país asegurará su entrada a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el organismo de cooperación internacional y líder global en la lucha contra la corrupción, que invitó al país a iniciar este proceso el 25 de enero de 2022.

Como se recuerda, el Perú espera cumplir en tres años todos los requisitos para garantizar su adhesión a la OCDE.