A seis meses de iniciarse una serie de protestas en contra del gobierno de Dina Boluarte que dejó como saldo al menos 60 muertos, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, asegura que se ha puesto fin a la crisis política. Entre aquellos que han desmentido la frase del premier se encuentra Jorge Chávez, actual ministro de Defensa señalado como responsable político de lo ocurrido durante las manifestaciones.
Para el titular de Defensa, “la crisis política aún no ha terminado”. Este aseguró que hasta el momento no se han solucionado las demandas de la población que marchó por las calles de distintas ciudades del Perú, sobre todo las de Puno. Jorge Chávez insiste en que las autoridades deben recuperar la confianza del país que, en algunas regiones, anuncian la reanudación de protestas para mediados del próximo mes.
“Tenemos que recuperar la confianza del país. Estamos saliendo de un escenario muy crítico, que es una crisis política. Entonces, tenemos que tener una línea de poder generar esa confianza”, dijo en conversación con Exitosa Noticias. Este considera que se debe realizar una rendición de cuentas ante la población para que esta esté enterada de “cómo estamos avanzando”, dijo para recalcar la necesidad de atender las demandas de la ciudadanía.
No solo Jorge Chávez ha desmentido las declaraciones del premier, sino también la propia presidenta de la República, Dina Boluarte. “Nosotros recibimos el país en medio de una crisis política que nunca se había visto [...] Estamos a la mitad de crisis”, replicó la jefa de Estado luego de que una encuestadora confirmara el rechazo que la mayoría de la población siente por su gobierno.
Boluarte opinó que la empresa de encuestas debe analizar su desempeño desde finales de diciembre, en el momento más intenso de la agitación. “La mayoría de las personas que salían a protestar lo hacían por legítimas demandas que habían sido ignoradas. Sin embargo, había un sector que los utilizaba para crear situaciones violentas y caóticas, ya que su objetivo era político”, agregó.
Cuestionada intervención
En una entrevista con Radio Francia Internacional (RFI), el jefe del Gabinete declaró que el estallido social, que resultó en al menos 49 civiles muertos en enfrentamientos directos con la policía, ha llegado a su fin. “La crisis en el país ya ha concluido. [Perú] ha ingresado en un proceso de pacificación después de un lamentable suceso en la historia reciente. En este momento, no hay marchas ni bloqueos de carreteras”, afirmó.
Otárola reafirmó que las manifestaciones fueron impulsadas por “un grupo muy reducido y extremadamente violento” financiado por el narcotráfico y la minería ilegal, a pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó en un informe la violencia empleada por las fuerzas de seguridad y señaló la existencia de casos de “ejecuciones extrajudiciales”.
Diversas entidades internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han señalado que en el Perú se cometieron presuntas violaciones de derechos humanos motivados, principalmente, por un espítu racista. Amnistía Internacional ha llegado a señalar que en regiones como Puno y Ayacucho se cometieron ejecuciones extrajudiciales contra algunos ciudadanos que protestaban en las calles.
Los informes publicados también dan cuenta de los actos violentos y vandálicos de algunos ciudadanos que se sumaron a las protestas. Edificios públicos como comisarías, sedes del Poder Judicial y la Fiscalía fueron incendiadas. Ciudadanos que optaban por no sumarse a las protestas fueron atacados y vías nacionales fueron bloqueadas por varios días. Desde el Ministerio Público se ha puesto en marcha una investigación sobre lo ocurrido.
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