Camila, la niña indígena violada y forzada a gestar: el fallo histórico donde la ONU pide a Perú despenalizar el aborto

Esa mañana de 2017, cuando supo que estaba embarazada de su progenitor —el hombre que la agredía sexualmente desde los nueve años—, Camila rompió en llanto en el hospital de Abancay, una ciudad al sur de los Andes peruanos, y dijo que prefería la muerte antes que llevar un embarazo forzado.

Lo reiteró en las visitas médicas posteriores y en las declaraciones fiscales, aunque su decisión no fue escuchada. Tampoco le brindaron información sobre el aborto terapéutico, un procedimiento legal en el país desde 1924 para casos como el suyo, cuando la salud o la vida de la gestante se encuentran en riesgo inminente.

Con ayuda de la Asociación Pro Derechos Humanos, ella y su madre ―una campesina quechuahablante con discapacidad— solicitaron la interrupción legal del embarazo en el centro hospitalario y a la fiscal encargada de la investigación penal por violación. Nunca hubo respuesta.

La guía técnica unificada de aborto terapéutico, aprobada recién en 2014, establece que el procedimiento debe ser autorizado por una junta médica y realizarse en un centro de segundo nivel, es decir, en un hospital distrital con especialidades básicas.

Sin embargo, Rossina Guerrero, de Promsex, explicó a EFE que el estigma, la desinformación, las creencias religiosas, la oferta restrictiva y otras barreras han provocado que el acceso a este servicio sanitario sea muy limitado.

Una madrugada de diciembre de 2017, Camila fue internada de urgencia debido a fuertes dolores abdominales. La mantuvieron en espera durante casi cinco horas, hasta que registró un aborto espontáneo y fue sometida a un legrado uterino.

Dos días después, cuando fue dada de alta, una enfermera del centro de salud fue a visitarla a su domicilio —en la zona rural de Huanipaca―, para forzarla a continuar los controles. A veces llegaba acompañada de un efectivo policial, que también desconocía de la pérdida gestacional.

Cuando la representante del Ministerio Público conoció el diagnóstico, Camila fue denunciada por aborto autoinfligido, que podía implicar una pena de hasta dos años de prisión, la mayor pena en la legislación para casos de interrupción del embarazo. Se le consideró “adolescente infractora” y fue obligada a asistir a “la escena del crimen” junto con su violador, sentenciado a cadena perpetua en 2019.

Perú es el único país de la región que ha sido sancionado tres veces en cortes internacionales por negar el aborto terapéutico a menores. El primer caso data de 2005, cuando el Comité de Derechos Humanos de la ONU falló a favor de una adolescente obligada a llevar a término un embarazo con una malformación fetal incompatible con la vida.

Seis años después, en 2011, el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw) también determinó la responsabilidad del Estado por el caso de una niña de 13 años que intentó suicidarse tras sufrir reiteradas agresiones sexuales. La menor quedó con cuadriplejía debido a una intervención tardía que solo se le realizó tras sufrir un aborto espontáneo.

En este último caso, según el Comité —compuesto de 18 expertos independientes—, Camila fue víctima de discriminación y tratada de ese modo por su edad, su género, su origen y estatus social. El cargo que se le imputaba fue anulado en 2019, tras un recurso presentado ante la justicia.

“Esperamos sinceramente que este caso contribuya a desencadenar cambios estructurales en la legislación y las instituciones peruanas para que las niñas puedan acceder a un aborto seguro, dado el alto riesgo que los embarazos suponen para su salud y su vida”, abundó Skelton.

Para Josefina Miró Quesada, coautora de Ser mujer en el Perú (Planeta, 2022), esta condena debe ser una oportunidad de mejora en un país donde, cada año, un promedio de 1.100 niñas menores de 15 años se convierten en madres.

“El Estado es el principal responsable de garantizar los derechos. Los operadores de justicia deben ser los primeros en garantizarlos aquí. Así es como se ‘evita’ perder ‘afuera’. Ahora corresponde hacer seguimiento al dictamen. Perú debe reparar efectivamente a Camila, facilitarle acceso a servicios de salud mental y garantizar no repetición”, tuiteó la letrada.

Amnistía Internacional, así como asociaciones feministas y por la igualdad, han saludado la resolución. La organización Acción por la Igualdad subrayó la petición para despenalizar el aborto e instó a que estos servicios sean seguros y tengan una atención postaborto.

En tanto, el movimiento “Son niñas, no madres”, consideró que la decisión “marca un paso significativo hacia la protección de los derechos y la salud de las niñas peruanas y de América Latina”.