La administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció este viernes que extremó la seguridad “para impedir cualquier atentado contra la persona, la libertad y la dignidad de los agentes diplomáticos peruanos” en México, quienes fueron amenazados de muerte en un hilo telefónico.
A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores condenó “categóricamente” las intimidaciones “proferidas el pasado 31 de mayo”, e informó que, junto con las autoridades correspondientes, ya emprendió “las investigaciones conducentes para esclarecer estos lamentables hechos”.
En una misiva posterior, el Ministerio de Relaciones Exteriores detalló que, en la noche del miércoles, el encargado de Negocios de Perú “recibió una amenaza de muerte, a través de un mensaje anónimo enviado vía WhatsApp al celular de emergencia” del Consulado General en la Ciudad de México.

“Tienes 48 horas para que te largues de México o te sacamos en una bolsa de basura”, se escucha en uno de los clips de voz dirigido a Julio Reinoso, quien se encuentra en la Ciudad de México para concluir las relaciones comerciales que también fueron pausadas entre ambos países ante la escalada de tensiones diplomáticas.
Los audios, en los que además hay referencias groseras hacia Boluarte, fueron derivados a la Policía de la capital mexicana para pedir refuerzos de seguridad en el edificio consular. De igual manera, las autoridades peruanas interpusieron una denuncia ante la Fiscalía de ese país.
AMLO ha calificado de “usurpadora” a Boluarte y deslizó que puede ceder el mando de la Alianza al presidente Gabriel Boric (Chile), no a una presidenta que “no es legal”.
“No se lo voy a dar a la señora que está usurpando la Presidencia, le voy a mandar una carta al presidente Boric. Que ya no nos echen la culpa a nosotros los politiqueros en Perú”, desafió.

Las relaciones bilaterales ya estaban tensas desde fines del año pasado, cuando el Gobierno de Boluarte ordenó al embajador de México en Lima, Pablo Monroy, que saliera del país tras el primer espaldarazo de AMLO a Castillo.
En febrero, de igual modo, fue retirado el representante de Perú en México en respuesta a la crítica álgida de López Obrador, quien esta semana finalmente paralizó vínculos económicos con Lima. “Mientras no haya normalidad democrática en Perú, no queremos relaciones económicas ni comerciales con ellos”, dijo.
Además de AMLO, el Congreso ha clasificado al presidente de Colombia, Gustavo Petro, y al extitular de Bolivia, Evo Morales, como personas no gratas. Ambos políticos insisten en defender a Castillo, preso en el penal de Barbadillo y cercado por pesquisas vinculadas a corrupción.
La Comisión de Fiscalización del Congreso comunicó esta semana que halló evidencias de que el expresidente, detenido preventivamente durante 36 meses, recibió dinero ilícito como parte de una trama que instaló en el Ejecutivo durante su mandato.
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