Igualdad de oportunidades para el acceso a viviendas

Para los 1,5 millones de hogares de Perú que conforman la brecha habitacional, acceder a una vivienda formal todavía es un sueño lejano. La escasez de suelo urbano y la necesidad de un techo los obligan a recurrir a las mafias que trafican con terrenos, para luego, autoconstruir sus viviendas sin asistencia técnica, sin acceso a los servicios básicos de agua y desagüe, y en zonas de riesgo expuestas a los embates de la naturaleza. Por otro lado, las dificultades para acceder al sistema financiero, origina que menos peruanos puedan obtener los subsidios de vivienda que otorga el Estado para la vivienda social. Es así como tienen que recurrir a otras alternativas informales como los prestamos “gota a gota”, cuyo sistema perverso de crédito los pone a merced de peligrosos criminales.

Si hablamos de cifras, 140 mil hogares se forman cada año, 50 mil viviendas se necesitan anualmente para un horizonte de 10 años mitigar la brecha atrasada. Necesitamos 190 mil viviendas al año. Sin embargo, bajo las condiciones actuales solo se pueden producir 60 mil viviendas formales y adecuadas, el resultado es que cada año 130 mil familias son condenadas al hacinamiento y la ocupación informal.

La principal oportunidad para poner fin a este grave problema pasa por mejorar las condiciones para el desarrollo y acceso a la vivienda de interés social en todo el territorio nacional, para lo cual exigimos a las autoridades enfocar los esfuerzos institucionales hacia dos ejes centrales: la planificación urbana y la aprobación de las condiciones normativas y financieras que den seguridad a la inversión privada.

En cuanto al primer eje, las municipalidades con el apoyo del Poder Ejecutivo deben identificar y habilitar suelo urbano para el desarrollo de proyectos de vivienda de interés social, formal y digna. Mientras tanto nos queda atestiguar que el 93% de la ocupación del suelo es informal y que el costo por cada conexión de servicios básicos a la vivienda informal es de 140 mil soles, nada menos que lo que valen dos viviendas de interés social del programa Techo Propio.

Con relación al uso del suelo se cierne un nuevo riesgo que impactará negativamente sobre el mercado inmobiliario, creado a partir de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, que obliga a los propietarios a pagar un nuevo impuesto, además de los existentes (predial, renta y alcabala), con tasas impositivas que ascienden hasta el 50% del valor de la propiedad. Está en manos de la Comisión de Vivienda y Construcción del Congreso de la República revisar este y otros aspectos de esta Ley, que tiene como objetivo la generación de vivienda, pero con medidas como la señalada solo logrará que desarrollo inmobiliario se paralice.

Respecto al segundo eje, las medidas que planteamos pasan por democratizar el desarrollo y acceso a la vivienda de interés social en las zonas consolidadas de la ciudad, mediante la aprobación de incentivos edificatorios adecuados para la densificación en altura e incorporando los usos múltiples. La exclusión social amparada en criterios anacrónicos como la llamada “residencialidad consolidada”, genera pobreza e inseguridad, limita el acceso a nuestros ciudadanos a los servicios básicos como agua, electricidad, educación y salud, a los servicios digitales y financieros, así como reduce sus posibilidades para acceder a mejores oportunidades para su desarrollo personal, social y familiar.

Para superar las deficiencias en la obtención de la factibilidad de servicios públicos, es necesario aprobar la ley que autorice a las empresas prestadoras a reembolsar las inversiones que a ese fin realicen los desarrolladores respecto a la infraestructura pública.

Un niño que vive en una vivienda formal con agua potable y saneamiento gozará de una mejor salud. Y si cuenta con servicios de corriente eléctrica podrá estudiar, aprender y compartir con la familia en un ambiente seguro que identificará como su hogar. Por esta razón, las autoridades deben comprender que la vivienda es el espacio para que una familia mejore su calidad de vida. Eso es igualdad de oportunidades.