La existencia de funcionarios corruptos en todos los niveles del Estado ya no es una noticia novedosa. Lo que sí continúa despertando alarma entre los ciudadanos y ciudadanas son las elevadas cifras que año a año se pierden debido a actos delincuenciales y la ineficiencia de ciertos funcionarios. Desde la Contraloría General de la República se ha señalado que la corrupción y la inconducta funcional generaron un perjuicio total de S/ 24.419 millones.
En conversación con El Comercio, el contralor Nelson Shack señaló que de la cifra indicada 44% corresponde al gobierno nacional; es decir, del Presidencia de la República, Presidencia del Consejo de Ministros, ministerios, Congreso de la República y Poder Judicial. En este caso la pérdida asciende a S/ 10.697 millones por corrupción, según la cabeza de la Contraloría General de la República.
El 90% de los 10 millones mencionados se concentran en el Poder Ejecutivo durante el último año de gobierno de Pedro Castillo. Al menos 8 millones de soles habrían sido perdido debido a la corrupción y malos manejos en los gobiernos regionales mientras que cinco millones y medio corresponderían a los gobiernos locales a nivel nacional. Shack recalcó que con el monto total se habría podido construir dos autopistas centrales.
Si bien la corrupción no llegará a ser erradicada del Perú en el corto plazo, sí se puede advertir de presuntos actos como la contratación irregular de funcionarios. La contraloría ha señalado que durante el gobierno de Dina Boluarte han sido 16 altos funcionarios los que se sumaron al Estado sin haber pasado un proceso de selección. Shack insiste en que se deben actualizar los procesos para garantizar la presencia de trabajadores preparados.
Ciudadanía alarmada
A final del 2022, Proética presentó los resultados de la XII Encuesta nacional sobre percepciones de la corrupción en el Perú. El estudio señala que durante los últimos cinco años la sensación de corrupción ha aumentado y alcanzado al 81% de la población. Más del 50% de consultados considera que este mal seguirá en aumento durante los próximo años mientras que solo 10% espera que se reduzca.
“Por primera vez desde el año 2004, el gobierno central es percibido como una de las instituciones más corruptas (42%), por debajo del Congreso de la República (60%, que sigue sobre su promedio histórico) y por encima del Poder Judicial (34%)”, se lee entre las conclusiones presentadas. El 22% de encuestados considera que el el gobierno central el encargado de liderar la lucha contra la corrupción.
El Congreso de la República lidera la lista de instituciones con peor calificación sobre el desempeño contra la corrupción. Su 83% antecede al 73% del gobierno central y 72% de los partidos políticos. Las valoraciones menos críticas dentro del Estado son obtenidas por la Fiscalía (12% la evalúan bien o muy bien), la Defensoría del Pueblo (15%) y las fuerzas armadas (26%). Cabe recordar que las cifras fueron obtenidas durante el gobierno de Pedro Castillo.
Ante el desalentador panorama, Samuel Rotta, director ejecutivo de Proética, resaltó la necesidad de evitar que las reformas políticas retrocedan. “Además de iniciar discusiones técnicas serias sobre una reforma al régimen de contratación pública para que las obras públicas dejen de ser vistas como un botín por parte de autoridades y empresas corruptas”, agregó. Las cifras van de la mano con los altos niveles de desaprobación de todos los niveles del Estado.
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