La situación legal de Keiko Fujimori se podría complicar cada vez más en los próximos meses. La lideresa y excandidata presidencial de Fuerza Popular afrontará el juicio por los presuntos delitos de lavado de activos, obstrucción a la justicia, falsa declaración y organización criminal debido a los dudosos aportes económicos a sus campañas electorales de 2011 y 2016. Otras cuarenta personas están incluidas en su caso.
Para lograr que el pedido de prisión por 30 años contra Fujimori sea aceptado por el Poder Judicial, las pruebas son claves. Según el diario La República, el fiscal del equipo especial Lava Jato, Walter Villanueva Liuch, ha presentado ante el juez Víctor Zúñiga Urday un listado de 1.116 testigos que serán citados para sustentar con sus testimonios.
“Se cumple con proporcionar dicha información, precisando la conducencia, pertinencia y utilidad de los mismos, (...) lo que ha sido desarrollado de forma oral ante vuestro despacho”, sería el escrito enviado por el integrante del Ministerio Público al magistrado Zúñiga.
En esa línea, la lista contienen los nombres de los banqueros y empresarios que reconocieron haber entregado clandestinamente dinero en efectivo que aproximadamente sería US$17,3 millones, la cual nunca fue informada a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) como la ley manda a las agrupaciones políticas que participan en contiendas políticas.
Los testigos en el caso de la hija del expresidente Alberto Fujimori son encabezados por Marcelo Odebrecht, y le sigue el exrepresentante en el Perú Jorge Barata, quien fue el que personalmente proporcionó los fondos en efectivo. Además, los funcionarios que fueron parte del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, que era la caja negra de donde salían los sobornos a los políticos peruanos, también brindarán sus declaraciones en el juicio.
Adicionalmente, la Fiscalía también expondrá los descargos del expresidente de Credicorp Dionisio Romero Paoletti, quien realizó un aporte por US$3,65 millones a la campaña electoral de Keiko en 2011. Además, hizo otro aporte de US$450.000 a través de una empresa familiar.
“¿Keiko Fujimori directa o personalmente recibió el dinero en efectivo de su persona?”, preguntaron en la Fiscalía a Romero, a lo que respondió: “Sí, la señora Keiko Fujimori lo recibió, pero no puedo precisar en cuántas ocasiones. En algunas ocasiones estaban ambos (Keiko Fujimori y Jaime Yoshiyama Tanaka), en otras estaba solamente la señora Fujimori”.
En el Ministerio Público buscan que esta declaración se repita, pero ahora ante el juez Víctor Zúñiga.
Los banqueros Bernardo Sambra Graña, Percy Urteaga Crovetto, Walter Bayly Llona, José Muñoz Rivera, Benedicto Cigüeñas Guevara, Juan Verme Gianonni, Fernando Fort Marie y Pedro Rubio Feijóo también se encuentran en la relación de personas que van a declarar contra Fujimori.
La Fiscalía logró también que el presidente de la compañía Sudamericana de Fibras, Enrique Gubbins Bovet, se presente en el juicio para ratificar lo que había declarado antes: Keiko Fujimori y su exesposo Mark Vito fueron hasta el local de la empresa ubicada en el Callao para recoger alijos de miles de dólares.
Gubbins dijo a la Fiscalía que los que se aparecieron en su empresa “fueron Augusto Bedoya (Camere), Jaime Yoshiyama Tanaka, Jorge Yoshiyama Sasaki, Pier Figari Mendoza, Mark V ito Villanella y Víctor Shiguiyama Kobashigawa”.
Shiguiyama es otro de los testigos de la Fiscalía que confirmará que Keiko Fujimori lo enviaba a Sudamericana de Fibras para recibir US$700.000.
Dinero mal utilizado
Según el portal El Foco, Fuerza Popular estaría pagando sueldos que van entre los cuatro a siete mil soles a personajes que son investigados junto a Fujimori en el caso ‘Cócteles’, donde se le acusa por el presunto delito de lavado de activos a raíz de sus aportes a las campañas electorales de 2011 y 2016.
Entre los beneficiados se encuentran Pier Figari Mendoza, quien es uno de los asesores más cercanos de Keiko Fujimori en los últimos años. Por esa razón, el fiscal José Domingo Pérez, integrante del Equipo Especial del caso Lava Jato, ha pedido 30 años de prisión contra él.
Además, se encuentra comprendida Carmela Paucará Paxi y Adriana Tarazona Martínez, quienes desempeñan las labores de secretaria y tesorera dentro de Fuerza Popular. Al igual que con Figari, sobre ambas pesa un pedido de cárcel por 30 años al formar parte de una presunta organización criminal.
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