Ministro del Interior confirmó que España canceló venta de material antidisturbios a la PNP: “Tocaremos otras puertas”

Vicente Romero ratificó que el Gobierno español accedió al pedido de Amnistía Internacional, que invocó en varias ocasiones a suspender de forma inmediata las exportaciones de armas y material antidisturbios “como medida cautelar”

Compartir
Compartir articulo
Fuente: TV Perú

El ministro del Interior, Vicente Romero, confirmó este viernes que España canceló la venta de material antidisturbios a la Policía Nacional del Perú (PNP) ante las protestas que se desarrollan en el país desde diciembre de 2022, en las que han perdido la vida 70 personas.

“Sí, España ha decidido no vender material lacrimógeno, [una decisión] respetable, por cierto. Si nos ha cerrado las puertas, tocaremos otras, no hay ningún problema”, señaló en una rueda de prensa junto con la presidenta Dina Boluarte.

Amnistía Internacional (AI) había solicitado en varias ocasiones a la administración de Pedro Sánchez que suspendiera de forma inmediata las exportaciones de armas y material antidisturbios “como medida cautelar”. Al respecto, Romero aseguró el Ejecuto respeta el estado de derecho y la democracia.

“Hay una independencia de poderes y tenemos que ser responsables y respetuosos de que, en algún momento, el Ministerio Público nos alcance resultados de las investigaciones”, señaló.

El Ejecutivo ha negado que exista una política de violación de derechos humanos y que la actuación de sus autoridades esté marcada por el racismo, en referencia al informe de AI sobre la represión estatal.

“El gobierno (...) es categórico al afirmar que en el Perú no existe una política de violación masiva y sistemática de los derechos humanos ni lo que han denominado un ‘racismo sistémico’ en el actuar de las distintas autoridades”, señaló el Ministerio de Justicia el fin de semana.

AI advirtió que la gestión de Boluarte habría actuado además “con un marcado sesgo racista, ensañándose contra aquellas poblaciones históricamente discriminadas”. Por ello, organizaciones de derechos humanos denunciaron penalmente a la mandataria, sus ministros y a jefes policiales.

Además, la Fiscalía continúa la investigación contra la jefa de Estado por la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado y genocidio, entre otros, la cual fue presentada por la fiscal de la Nación el 10 de enero.

La pesquisa también salpica al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; el ministro de Defensa, Jorge Chávez; Pedro Angulo, en su condición de expresidente del Consejo de Ministros, César Cervantes, como exministro del Interior, así como contra su sucesor, Víctor Rojas, quien ocupó el cargo hasta el 13 de enero.

El delito de genocidio es castigado con una pena de cárcel no menor de 20 años por cometer una matanza de miembros de un grupo, lesiones graves a los miembros de un grupo o el sometimiento de un grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física de manera total o parcial, entre otras circunstancias.