La gestión de la presidente Dina Boluarte, dignataria desde el pasado siete de diciembre del 2022, continúa enfrentando diversas protestas a nivel nacional. Hasta el momento, son 47 fallecidos los reportados tras los altercados en todo el territorio.
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La exvicepresidente, reemplazo de Pedro Castillo tras el autogolpe de Estado de hace un mes, dispuso diversas medidas para aplacar la ola de violencia por la que atraviesa el país, sin embargo, un amplio número de organizaciones sociales ya ha comentado que no está dispuesto a dialogar con el Ejecutivo.
Reclamos
Del primer periodo de manifestaciones, donde por lo menos veinte personas perdieron la vida, quedó un pliego de reclamos tras una reunión entre líderes sindicales de Arequipa, Cusco, Puno, Ayacucho, entre otros.
Esta fue denominada “Primer Encuentro Macroregional del Sur” y contó con la firma de catorce representantes gremiales en el documento.
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El primer punto en la agenda es el cierre del Congreso de la República, entidad a la que califican como “golpista”. Sobre ello, en más una ocasión, la actual mandataria ha comentado que el Parlamento no puede disolverse debido a que se vulneraría el orden democrático del país.
Otra exigencia expresa es la renuncia de Dina Boluarte como presidente del Perú. El pedido se realiza pese a que la exvicepresidente, elegida democráticamente en los comicios del 2021, asumió constitucionalmente la conducción del país según lo dictaminado por la Carta Magna.
El adelanto de elecciones, medida ya aprobada por el Parlamento para abril del 2024, también es otro de los reclamos. Los grupos gremiales pretenden que las actividades electorales se celebren antes de finalizar el 2023.
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Finalmente, se exige la liberación del exmandatario Pedro Castillo. La situación del maestro rural, sin embargo, está marcada por la disposición del Poder Judicial; este pasará 18 meses en prisión preventiva por los presuntos delitos de autogolpe de Estado, rebelión, conspiración y abuso de autoridad.
El llamado a la Asamblea Constituyente, para un posterior cambio de la Constitución, también forma parte del documento.
Más organizaciones sociales
Otras organizaciones, asociaciones y ciudadanos de a pie no se encuentran comprendidas en el pliego antes mencionado, sin embargo, coinciden con la plataforma regional en al menos dos aspectos planteados: el adelanto de elecciones y la renuncia de Dina Boluarte.
Las actuales carencias al interior del país en infraestructura, salud pública, educación y otros agudizan el descontento entre los citados sectores.
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El premier Alberto Otárola, en este marco, ha denunciado que además de una protesta legítima también existe un sector que “ataca” de forma “organizada, sistemática y vandálica” el Estado de Derecho.
“Se han producido muertes de ciudadanos que por supuesto lamentamos, que expresan una responsabilidad directa de quienes quieren dar un golpe de estado en el país (…) es una resaca de esa situación, de aquellos azuzadores y violentistas que no pudieron quebrar a la democracia (…) el siete de diciembre. En esta segunda convocatoria han dado un paso más y han tratado de subvertir el orden constitucional”, indicó.
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