“El sistema falló y colapsó”, reconoce Mulino tras la fuga de 195 presos en Panamá

“El sistema falló, colapsó”. Con esa frase, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, resumió la crisis penitenciaria que quedó al descubierto tras la fuga masiva de 195 privados de libertad del centro penitenciario La Joyita, un hecho que calificó como una de las situaciones más graves enfrentadas por su administración en materia de seguridad.

Durante su conferencia semanal, el mandatario afirmó que la evasión no solo evidenció fallas operativas dentro del sistema penitenciario, sino también problemas estructurales acumulados durante años, que permitieron que organizaciones criminales continuaran operando desde el interior de las cárceles.

Mulino adelantó que el próximo 1 de julio, durante su informe a la Nación ante la Asamblea Nacional, presentará una serie de medidas destinadas a transformar el modelo penitenciario panameño, endurecer los controles internos y reforzar el aislamiento de los reclusos considerados de alta peligrosidad.

“La fuga demuestra que el sistema falló, colapsó. La vinculación de presos en actividades ilícitas es la demostración de que fue vulnerado en las narices de los funcionarios que por acción u omisión lo permitieron”, sostuvo el mandatario.

Según explicó, de los 195 privados de libertad que escaparon de La Joyita, 178 ya han sido recapturados y continúan las operaciones para localizar al resto. Aunque aclaró que no se trata de cabecillas de alto perfil ni de líderes de grandes organizaciones criminales, aseguró que todos deberán responder ante la justicia y regresar a prisión.

El presidente reveló que desde el momento en que se produjo la evasión ordenó la separación inmediata de los guardias y responsables de seguridad involucrados, además de la apertura de investigaciones internas y la presentación de una denuncia penal ante la Procuraduría General de la Nación.

“No habrá protección legal ni política para nadie”, aseguró. Sin embargo, señaló que tampoco tomará decisiones apresuradas únicamente para satisfacer presiones mediáticas o políticas. “No tengo ningún protegido. Sancionaré y denunciaré a quien corresponda una vez tenga la información objetiva de las autoridades que manejan esto”, afirmó.

Las acciones emprendidas por el Gobierno también incluyeron requisas masivas dentro de distintos centros penitenciarios. De acuerdo con Mulino, estos operativos permitieron decomisar armas, drogas y artículos de lujo que evidencian el nivel de control que algunos grupos criminales habían logrado mantener desde prisión.

Para el mandatario, el problema va mucho más allá de una fuga puntual. Sostuvo que las cárceles dejaron de cumplir su función principal de aislamiento y resocialización, convirtiéndose en centros desde donde se coordinan delitos que afectan directamente la seguridad de los ciudadanos.

“Todo eso entró por la puerta, con la complicidad de los que estaban cuidando la puerta”, afirmó al referirse al ingreso de objetos prohibidos y a las actividades ilícitas detectadas dentro de los centros penitenciarios.

Mulino también vinculó la crisis penitenciaria con el aumento de la violencia asociada al narcotráfico y al crimen organizado. Como ejemplo mencionó el reciente homicidio de una niña de 10 años ocurrido en Betania durante un ataque l dirigido contra el compañero sentimental de su madre, quien mantenía antecedentes penales.

Aunque reconoció que el sicariato es un fenómeno complejo y difícil de prevenir mediante labores de inteligencia, advirtió que el crecimiento del narcotráfico representa una amenaza creciente para la seguridad nacional y requiere respuestas más contundentes por parte del Estado.

Otro de los temas abordados por el presidente fue la decisión de trasladar a 29 privados de libertad considerados de alta peligrosidad hacia instalaciones ubicadas en Coiba, una medida que ha sido cuestionada por organizaciones ambientalistas y representantes del sector turístico.

Mulino defendió la decisión y aseguró que responde exclusivamente a criterios de seguridad nacional. Recordó que las instalaciones utilizadas pertenecen al Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y existen desde hace años, incluso desde cuando ocupó el cargo de ministro de Seguridad.

“No es una discusión sobre el uso de una reserva, sino sobre la seguridad de los panameños”, afirmó.

El mandatario rechazó las críticas que sugieren que los reclusos se encuentran libres dentro de la isla y explicó que permanecen recluidos en un recinto controlado por las autoridades. También negó que la medida implique la construcción de nuevas infraestructuras dentro del Parque Nacional Coiba o genere afectaciones ambientales.

“Ese es el mismo recinto de toda una vida. No se ha construido un pabellón nuevo; simplemente se ha adaptado para albergar detenidos”, explicó.

Asimismo, recordó que el Gobierno desarrolla proyectos para fortalecer la presencia institucional en la zona, incluyendo la construcción de instalaciones destinadas a guardaparques de MiAmbiente.

Durante su intervención, Mulino también cuestionó a organizaciones que han expresado preocupación por las condiciones de detención de los reclusos. A su juicio, en muchas ocasiones se otorga mayor atención a los derechos de los delincuentes que a los derechos de las víctimas de homicidios, violaciones, extorsiones y otros delitos violentos.

El presidente insistió en que Panamá necesita revisar profundamente su modelo penitenciario y avanzar hacia esquemas más estrictos que impidan que las estructuras criminales continúen operando desde prisión.

“Es hora de utilizar modelos duros que están dando resultados en otras partes”, afirmó.

Aunque evitó revelar detalles específicos de las medidas que anunciará, adelantó que el paquete incluirá cambios en la cultura penitenciaria, nuevas estructuras de control, mayor disciplina interna y políticas públicas enfocadas en garantizar el aislamiento efectivo de los criminales más peligrosos.

Para Mulino, la fuga de La Joyita debe marcar un punto de inflexión. “Lo sucedido me indigna y me avergüenza”, reconoció. Sin embargo, sostuvo que también representa una oportunidad para impulsar transformaciones profundas en un sistema que, según sus propias palabras, terminó colapsando frente a la capacidad de infiltración y operación de las organizaciones criminales.