Gremios periodísticos en Panamá rechazan reforma al derecho de réplica

Los principales gremios periodísticos de Panamá cuestionaron el avance del proyecto de ley que busca reformar el derecho a réplica, una iniciativa impulsada por el diputado Ernesto Cedeño que actualmente se discute en la Asamblea Nacional.

Las organizaciones advirtieron que la propuesta legislativa introduce nuevas obligaciones dentro de la normativa vigente que regula la rectificación de informaciones, lo que —según sostienen— podría alterar el equilibrio entre la responsabilidad informativa y la libertad editorial en el país.

En un comunicado conjunto fechado el 11 de marzo de 2026, el Foro de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información, el Consejo Nacional de Periodismo, la Asociación Panameña de Radiodifusión y la Asociación de Periodistas de Chiriquí manifestaron su rechazo al proyecto aprobado en primer debate por la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional.

Los gremios sostuvieron que la iniciativa convierte un principio de autorregulación propio de la ética periodística en un mecanismo legal sujeto a sanción judicial, lo que podría tener impactos directos en la forma en que operan los medios de comunicación.

Las organizaciones recordaron que el ejercicio del periodismo se fundamenta en la búsqueda de la verdad y el respeto a la sociedad, y que dentro de la práctica informativa ya existe el derecho a réplica y rectificación como herramienta de equilibrio profesional.

A su juicio, dar voz a las personas afectadas por una publicación no solo constituye una obligación legal, sino también un principio ético que fortalece la calidad del mensaje periodístico y la confianza de los ciudadanos en los medios.

En ese sentido, los gremios reiteraron que la réplica debe mantenerse como un ejercicio de responsabilidad periodística y no convertirse en un instrumento legal que inhiba la crítica o la fiscalización pública.

Según el pronunciamiento, una regulación que imponga mecanismos rígidos de cumplimiento puede afectar el debate público, especialmente cuando se trata de la labor de los medios de comunicación de investigar, cuestionar o fiscalizar asuntos de interés público.

La preocupación surge a partir del Proyecto de Ley 391, presentado por el diputado Ernesto Cedeño, que propone modificar el artículo 2 de la Ley 22 de 29 de junio de 2005, normativa que regula el derecho de rectificación o respuesta frente a informaciones consideradas inexactas o agraviantes.

Aunque el derecho a réplica ya está contemplado en la legislación panameña, la iniciativa introduce nuevas condiciones y obligaciones específicas para los medios de comunicación.

Entre los cambios planteados se establece que toda persona afectada por una información difundida en un medio de comunicación podrá exigir que su réplica o rectificación se publique en el mismo órgano de difusión, y que dicha respuesta debe tener el mismo espacio y prominencia que la noticia original.

El texto también contempla que la réplica podría ser incluso mayor que la publicación inicial, dependiendo de las circunstancias del caso.

La propuesta legislativa también incorpora la obligación de que los medios de comunicación mantengan un espacio o sección permanente destinada a publicar rectificaciones, respuestas, aclaraciones o comentarios de las personas afectadas por una información.

Para los gremios periodísticos, este tipo de disposiciones interfiere directamente con la organización editorial y la gestión informativa interna de los medios.

Otro de los cambios que introduce la iniciativa es la imposición de plazos específicos para la publicación de las rectificaciones, estableciendo que estas deberán difundirse dentro de las 48 horas siguientes a su recepción.

En caso de que el medio demuestre que existieron causas ajenas a su voluntad que impidieron cumplir ese plazo, el proyecto contempla una prórroga adicional de 24 horas para efectuar la publicación.

La propuesta también establece que si la rectificación se publica de forma parcial o defectuosa, la persona afectada podrá acudir a los tribunales alegando violación de su derecho, lo que abre la puerta a procesos judiciales vinculados al cumplimiento de esta obligación.

De esta forma, el proyecto incorpora mecanismos legales más estrictos para exigir la publicación de las respuestas o aclaraciones.

Además, el texto plantea nuevas responsabilidades jurídicas para los propietarios de los medios de comunicación, quienes podrían ser considerados responsables subsidiarios si no se cumple con la publicación de la rectificación en el tiempo establecido.

La responsabilidad también se extendería a los contenidos difundidos en espacios pagados por terceros, incluyendo programas contratados, si sus conductores no publican la réplica presentada por una persona afectada.

Para los gremios de prensa, estas disposiciones amplían las responsabilidades legales más allá de quienes producen directamente los contenidos informativos.

Según señalaron, extender eventuales sanciones hacia estructuras empresariales o administrativas que no participan en la elaboración del mensaje periodístico introduce una lógica de responsabilidad que podría generar efectos inhibitorios dentro del ecosistema mediático.

Las organizaciones también señalaron que resulta llamativo que iniciativas de este tipo logren respaldo transversal dentro del debate legislativo, pese a que las diferencias ideológicas suelen dividir a los diputados en otros temas.

A su juicio, esa coincidencia debería invitar a una reflexión más profunda sobre las consecuencias institucionales de decisiones que inciden directamente en el ejercicio de las libertades públicas.

Finalmente, los gremios afirmaron que la transparencia y la protección de la honra se fortalecen a través de la ética profesional y la responsabilidad informativa, y no mediante normas que trasladen responsabilidades desproporcionadas a los medios de comunicación.

En su opinión, cualquier reforma en esta materia debe preservar el equilibrio entre el derecho de las personas a defender su reputación y la libertad de prensa como uno de los pilares del sistema democrático.