En octubre de 2025, la Ciudad de Buenos Aires bloqueó Roblox en escuelas públicas. La decisión era necesaria, urgente, reactiva. Pero revelaba algo más profundo: Argentina no tiene educación digital obligatoria. Tenemos filtros. Tenemos protocolos. Tenemos comunicados ministeriales que desaparecen en archivos. Lo que no tenemos es un sistema educativo que enseñe a menores cómo funciona el mundo digital que habitan.
Mientras tanto, en otros países sucede algo diferente. En Finlandia, la alfabetización mediática es materia obligatoria desde primaria. En Canadá existe un programa nacional de ciudadanía digital desde nivel inicial. Sus menores aprender a identificar fuentes confiables, detectar desinformación, entender cómo funcionan los algoritmos. Los resultados son menores índices de ciberacoso y una población significativamente más crítica respecto a información digital.
En Argentina sucede lo opuesto. TikTok invierte millones en psicología adolescente. Meta emplea equipos dedicados a maximizar engagement infantil. Roblox diseña sistemas de recompensa variable calibrados para explotar vulnerabilidades neurológicas. El Estado se encoge de hombros. Una generación completa está siendo moldeada por sistemas diseñados para explotación.
Argentina tiene 1.9 millones de menores de 13 años en Roblox. El 40% de adolescentes participa en apuestas online. Hay menores siendo entrenados para ludopatía en plataformas de juego. El problema no es que menores estén conectados. El problema es que las empresas que los conectan aprendieron a explotarlos como negocio. Son expertos en psicología comportamental. Entienden exactamente qué ganchos neurológicos activar en mentes aún en desarrollo.
Lo que debería estar sucediendo requiere integración sistemática en todos los niveles educativos. No una materia adicional. Integración transversal. En nivel inicial se enseña identidad digital, privacidad, pensamiento crítico sobre contenido. En primaria se enseña cómo funcionan algoritmos, publicidad dirigida, identificación de contenido falso, derechos digitales. En secundaria se enseña arquitectura de sistemas de recomendación, grooming y ciberacoso, ludopatía digital, análisis crítico de desinformación.
Los docentes requieren capacitación real: 40 horas obligatorias de seminarios sobre ciudadanía digital, certificación específica, actualización continua, acceso a recursos didácticos, red de especialistas para consulta profesional. Capacitación de 40.000 docentes.
La solución requiere cuatro componentes simultáneos. Una Ley de Educación Digital Obligatoria que establezca educación digital como materia transversal obligatoria desde nivel inicial hasta secundario completo, con definición clara de competencias digitales, mínimo de horas educativas por nivel, formación obligatoria de docentes, actualización periódica de currícula, evaluación de resultados, presupuesto garantizado, independencia de influencia corporativa.
Un Instituto Nacional de Ciudadanía Digital dedicado a desarrollo de currícula educativa, capacitación docente, investigación sobre efectividad educativa real, actualización respecto a tecnologías emergentes, coordinación con universidades, asesoramiento regulatorio al Estado. Este instituto no debe recibir financiamiento de empresas tecnológicas bajo ninguna circunstancia.
Regulación de Marketing Dirigido a Menores: prohibición de publicidad personalizada para menores bajo 16 años, prohibición de sistemas de recompensa variable equivalentes a máquinas tragamonedas, prohibición de recopilación de datos biométricos de menores, prohibición de contacto no moderado entre menores y adultos desconocidos en plataformas.
Campañas públicas sostenidas dirigidas a padres, comunidad educativa y sociedad civil sobre grooming y dinámicas específicas, dinámicas adictivas en plataformas digitales, privacidad y recopilación de datos, derechos digitales fundamentales.
No es difícil implementar educación digital obligatoria. Otros países lo hicieron. Es incómodo. Requiere enfrentar a corporaciones tecnológicas con recursos ilimitados. Requiere invertir dinero público. Requiere decisión política explícita. Una generación educada en cómo funcionan realmente los algoritmos no será manipulada tan fácilmente.
Lo que se necesita es voluntad política que diga: vamos a invertir en proteger menores enseñándoles cómo funciona el mundo digital. No nos importa si eso incomoda a las empresas tecnológicas, porque nuestro rol es proteger menores, no maximizar sus ganancias. Eso requiere valentía política. Los bloqueos son síntomas. La educación digital obligatoria es la cura real.
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