Hegemonía política, incertidumbre económica

El oficialismo acaba de coronar su mejor semana en el ámbito legislativo desde el fulgurante ascenso de Javier Milei a la Presidencia de la Nación en diciembre de 2023. Es que ni con la sanción de la tan mentada Ley Bases el oficialismo libertario había podido avanzar con iniciativas de alta relevancia política con la rapidez, la holgura de votos y el respaldo transversal, como sucedió esta semana en ambas cámaras del Congreso de la Nación.

Con la media sanción en el Senado de la reforma laboral, y en Diputados de la baja de edad de imputabilidad y el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, el oficialismo no solo consolida la imagen de una nueva hegemonía política sino que exhibe con crudeza una profunda crisis del peronismo -y de la oposición en general- que parece aún no tener fin.

Lo sucedido en el Senado es, en este contexto, toda una postal de esta nueva época: por amplia mayoría el oficialismo logró sancionar una norma que introduce fuertes desregulaciones y flexibilizaciones en la legislación laboral, avanzando contra muchas de las protecciones históricas que las leyes reconocían a los trabajadores desde los tiempos del primer peronismo.

Algo que ni Alfonsín, ni De la Rúa ni Macri pudieron conseguir, Milei lo alcanzó no solo con holgura sino con el acompañamiento de legisladores que responden a un puñado de gobernadores peronistas y ante la inédita imagen de una Plaza del Congreso que, aunque con algunos incidentes, lució casi vacía ante una magra movilización en la que la CGT tuvo una presencia meramente simbólica.

Sin perjuicio de la holgura que reflejó el tablero de la votación, también debe decirse que el oficialismo exhibió una renovada estrategia que combinó firmeza en algunos puntos que consideraba de vital importancia con importantes dosis de flexibilidad y pragmatismo en otros susceptibles de ensanchar apoyos. Una actitud que no solo quedó en evidencia con el retiro de la reducción de la alícuota de Ganancias que era resistida por los gobernadores, sino con modificaciones tendientes a contener los reclamos de otros sectores empresarios (como los bancos) e incluso a los propios sindicatos, a quienes se les preservó buena parte de sus tradicionales mecanismos de financiamiento.

Si en el Senado el peronismo quedó aislado pero logró mantener la precaria unidad de los bloques que se identifican explícitamente con el espacio justicialista (algo que, por cierto, podría cambiar la semana próxima con la potencial ruptura por parte del bloque de “Convicción Federal”), en la cámara baja la dispersión y la fragmentación fueron la norma. Mientras en la votación en general del proyecto de baja de la edad de imputabilidad el peronismo logró mantener la unidad, en la votación en particular de esta iniciativa y, con más claridad, en la votación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, las diferencias y líneas de fractura fueron inocultables.

Lo cierto es que aún ante un gobierno que avanza sin obstáculos en el Congreso y proyecta la imagen de gobernabilidad que no supo ostentar en el primer tramo de su gestión, ni siquiera la aprobación de uno de los pilares de la tan mentada etapa de “reformas estructurales” parece ser suficiente para exorcizar algunos fantasmas que alimentan la cautela o incluso la desconfianza de los inversores internacionales que, luego de dos años de un gobierno abiertamente pro mercado, aperturista y desregulador, todavía no se deciden a traer al país las inversiones significativas que podrían promover una reactivación de la economía.

Sabiendo que la reforma laboral, más allá de los discursos y argumentaciones oficialistas, no estimulará la creación de empleo, el 2026 asoma complicado en lo que respecta al programa económico. Sin indicios de que la economía pueda recuperarse en los aspectos que se sienten en el bolsillo, el oficialismo parece aferrarse a la sensación de estabilidad que proyecta un escenario de calma cambiaria y relativa estabilidad financiera y macroeconómica (con la alerta de la inflación, más aún tras el papelón de la suspensión del nuevo índice)

Así las cosas, parece difícil que con el plan de Caputo, que sigue apelando al dólar barato como ancla inflacionaria, combinado con tasas altas, tarifas elevadas, salarios planchados y un mayor ajuste para sostener el equilibrio fiscal ante la caída de la recaudación, pueda estimular la reactivación del aparato productivo. Un esquema que si bien podrá -aunque con cada vez más dificultades- ponerle un techo a la inflación, y estimular la bicicleta del “carry trade” que le permita acumular las reservas comprometidas, sacrificará la reactivación económica.

Sin crecimiento económico en el horizonte próximo, comienzan a evidenciarse inexorablemente algunos problemas derivados de la erosión del aparato productivo, lo que se manifiesta en el cierre de empresas y la pérdida de empleos formales que, al menos por ahora, no se trasladan a los índices de desempleo producto de que una gran parte de los nuevos desempleados pasan a la informalidad. Una situación de precariedad laboral que, por cierto, la ley con media sanción del Senado no viene de alguna manera a “blanquear”.

*Sociólogo, consultor político y autor de “Comunicar lo local” (La Crujía, 2021).