Religión, Estado y la tentación del neomarxismo

En la discusión contemporánea sobre la relación entre religión y Estado suele aparecer una tendencia —a veces irreflexiva, otras deliberada— a ubicar la dimensión espiritual del ser humano en un plano marginal. Se la admite, sí, pero como un accesorio; casi un lujo al que solo se puede acceder cuando las necesidades materiales están satisfechas. Esta visión, que pretende presentarse como modernizadora, no deja de ser un neomarxismo de baja estofa, como si la trascendencia fuera apenas un subproducto destinado a disolverse ante el progreso económico.

No es casual que Fiódor Dostoyevski, en Los hermanos Karamazov, ponga en boca de uno de sus personajes una sentencia que puede resumirse así: “Si Dios no existe, todo está permitido”. La afirmación no debe leerse en clave confesional, sino filosófica: la existencia de Dios —o, dicho de otro modo, la admisión de una dimensión sobrenatural y trascendente— opera como presupuesto que otorga sentido y fija límites a nuestras decisiones morales. Allí donde la trascendencia se diluye, la ética corre el riesgo de quedar reducida a mera convención o a la lógica del poder.

Las grandes religiones monoteístas son mucho más que respuestas a las inevitables preguntas por el destino de los seres humanos. Representan hondas tradiciones culturales y de valores que subyacen a nuestros sistemas de creencias. Aun quienes no son practicantes de una determinada religión, incluso agnósticos y ateos, suelen sostener posturas éticas y políticas cuya raíz última se encuentra, muchas veces de manera indirecta o mediada, en esas tradiciones religiosas.

Sin embargo, la historia de las ideas demuestra que lo espiritual nunca ha sido un ornamento. El ser humano, desde sus orígenes, ha buscado sentido. Y allí la religión —particularmente las tradiciones monoteístas nacidas en Jerusalén: judaísmo, cristianismo e islam— ha cumplido un papel decisivo. Estas cosmovisiones, diversas pero convergentes en la afirmación de un Dios único y de la sacralidad de la vida humana, han modelado durante siglos la ética, el derecho, la cultura y el horizonte moral de pueblos enteros.

Ya advertía San Agustín, en una reflexión de asombrosa vigencia, que “una sociedad sin justicia no es sino una banda de ladrones”. Para el obispo de Hipona, la justicia solo puede ser plena cuando reconoce que el ser humano está llamado a algo más que a la mera supervivencia material. Esta intuición —profundamente arraigada en el pensamiento cristiano— muestra que la vida social pierde hondura y dirección cuando la trascendencia queda excluida de su horizonte.

En una línea similar, Jacques Maritain, uno de los filósofos católicos más influyentes del siglo XX, sostuvo que el Estado moderno debe respetar la libertad religiosa no como concesión graciosa, sino como reconocimiento del carácter espiritual del ser humano. Para Maritain, la auténtica democracia requiere una antropología que no reduzca al hombre a su dimensión económica, sino que lo comprenda como persona abierta a la trascendencia. Es decir, una democracia sustentada en la dignidad humana, y no meramente en la utilidad.

Benedicto XVI, en su célebre discurso en el Bundestag alemán (2011), advirtió que un Estado que prescinde de la dimensión moral y espiritual se vuelve incapaz de sostenerse a sí mismo: “La política debe ser un compromiso por la justicia y crear así las condiciones básicas para la paz”. Y agregó una idea medular para este debate: cuando la razón se desconecta de lo ético y de lo religioso, se vuelve vulnerable al relativismo y al poder. La fe, en cambio, ilumina a la razón sin sustituirla y le recuerda que el ser humano no es solo productor y consumidor, sino buscador de verdad. Esta perspectiva —nítidamente benedictina— refuerza la importancia de que el ámbito público no se limite al cálculo material, sino que permita la plena expresión de lo espiritual como dimensión constitutiva de la persona.

Como señaló Viktor Frankl, “el hombre no está destruido por el sufrimiento; está destruido por el sufrimiento sin sentido”. En tiempos de pérdida de valores, incertidumbre social y fragmentación cultural, el desafío quizá no consista en replegar lo religioso, sino en facilitar espacios para que cada persona pueda encontrar un sentido trascendental, cualquiera sea la tradición que lo inspire. No se trata de imponer credos ni de erosionar la laicidad del Estado, sino de evitar que la esfera de lo espiritual sea reducida a una curiosidad antropológica.

Tampoco se trata de tolerar creencias distintas a las propias. La palabra “tolerancia” suele evocar relaciones verticales de poder: “yo te tolero porque estoy en condiciones de permitirte existir en el espacio público”. La tolerancia, así entendida, implica siempre una cierta asimetría. En cambio, una sociedad verdaderamente plural exige algo más profundo: respeto recíproco. El respeto se funda en la igualdad esencial entre las personas y en el reconocimiento mutuo de la dignidad que poseen, independientemente del credo que profesen. No se trata de conceder un espacio, sino de reconocerlo como legítimo.

En una época donde lo inmediato parece imponerse sobre lo esencial, reivindicar el respeto mutuo entre las religiones —creyentes o no, pero iguales en dignidad— es una forma de recuperar la profundidad que el presente exige. Lo espiritual y lo material no deben competir: pueden convivir sin hostilidad si el Estado garantiza un espacio público donde la búsqueda de sentido no sea objeto de sospecha, sino un aspecto legítimo de la experiencia humana. En definitiva, una sociedad que se precie de pluralista debe comprender que la dimensión religiosa no es un resto folclórico del pasado, sino una necesidad ontológica de millones de personas.