El mundo que se abre a Milei: del liderazgo transaccional de Trump al “aceleracionismo” de China

El 2025 marcó el fin del viejo orden mundial. Las normas y las instituciones globales que rigieron durante décadas se debilitaron al punto de desguarnecer el sistema multilateral. Donald Trump inauguró una era transaccional, en la que la regla es romper las reglas, y se reconfiguró el tablero geopolítico. Rusia recuperó oxígeno y China, apuntada como contendiente de Estados Unidos, se encamina a alta velocidad a su meta de autoabastecimiento y supremacía tecnológica.

Hay una enorme discusión acerca de cómo decanta el escenario, en el que Europa está lejos de ostentar la influencia de otras épocas. “Las estructuras se desintegran más rápido de lo que cualquiera puede procesar. La política se ha convertido en una performance del colapso”, describió Nick Land hace poco más de un mes, en una entrevista con The Spectator. El filósofo se hizo conocido en la década del 90 como el padre del “aceleracionismo”, cuyo concepto general postula que el capitalismo contiene una fuerza de desarrollo intrínseca que no hay que obstaculizar sino más bien liberar para derivar en una transformación radical, incluso con el advenimiento de un futuro post humano.

Lo curioso es que el profesor británico elaboró sus ideas hace más de 30 años, cuando recién se desarrollaba Internet, en el ámbito de la Unidad de Investigación de Cultura Cibernética (CCRU), en la Universidad de Warwick. Land se convirtió en un paria por su personalidad exótica y desde 1998 no participa de ámbitos académicos. Ligado a la corriente neorreaccionaria de la “Ilustración oscura”, reapareció en el debate público con intervenciones en blogs y redes, desde Shanghai. Es interesante atar la noción de “aceleracionismo” de Land con China porque allí se ejecuta un modelo capitalista que contrasta con las estructuras políticas y económicas de Occidente. El verticalismo de un partido único y la restricción de libertad le permite implementar cambios a gran escala con eficacia, salteándose procesos de burocracia y consensos característicos de las democracias liberales. Elude debates éticos, no deja resquicio a la duda.

En un artículo titulado “Lo que China dominará a continuación”, The Economist afirma que además de los avances en vehículos eléctricos, paneles solares e inteligencia artificial, entre otros, las dos grandes revoluciones a nivel global de Xi Jinping vendrán de la mano de los autos autónomos y los nuevos medicamentos. Las olas de innovación se expandirán por los países a muy bajo costo.

Los robotaxis cuestan un tercio de los que se prueban en Estados Unidos, acumulan millones de kilómetros y ya se están tejiendo alianzas comerciales en Europa y Medio Oriente. En medicina, los chinos pasaron de ser fabricantes de genéricos a ser el segundo desarrollador mundial de nuevos fármacos. Estos avances son posibles en gran medida por la regulación flexible, que permite acortar los plazos de puesta a punto. Por ejemplo: el tiempo necesario para obtener la aprobación de los ensayos en humanos se redujo de 501 días a 87. Sus empresas concentraron un tercio de las pruebas clínicas que se realizaron en todo el planeta en 2024.

¿Cómo está Argentina en este panorama? El gobierno chino publicó el miércoles pasado el tercer documento de Política sobre América Latina y el Caribe. Es un texto que actualiza los elaborados en 2008 y 2016, en los que se plasma el objetivo de cooperación con la región. La última versión pinta un mundo con desafíos “sin precedentes” y llama a consolidar el bloque del “Sur Global”. Traza cinco programas (Desarrollo, Paz, Civilizaciones, Pueblos, Solidaridad), amplía las áreas de colaboración e insta a construir una “comunidad de futuro compartido”. Esta última frase es el nuevo slogan, ausente en las ediciones anteriores. El escrito destaca el deseo de “inclusión” y “no condicionalidad”, en espejo con Trump. China busca posicionarse como un socio serio, estable, sin ánimo de evangelizar porque su método de conquista es otro.

Unos días antes, Estados Unidos había presentado su estrategia de seguridad nacional, un documento que cambia drásticamente las prioridades establecidas hasta la actualidad. Un factor fundamental es el revival de la doctrina Monroe, de 1823, según la cual debe ejercerse una hegemonía en el continente que deja afuera otras potencias extranjeras. En el siglo XIX esto estaba más orientado a frenar a Europa; hoy, es una protección ante China. Queda explícito en algunos puntos, como cuando dice que Estados Unidos “negará a competidores de fuera del hemisferio la capacidad de posicionar fuerzas u otras capacidades amenazantes, o de poseer o controlar activos estratégicamente vitales”.

Javier Milei selló un alineamiento total con Estados Unidos desde que asumió. Esa incondicionalidad le garantizó ayudas en instancias dramáticas. La última fue previo al 26 de octubre, cuando la demanda de dólares y el nerviosismo de los mercados sólo se calmó con la intervención directa del secretario del Tesoro, Scott Bessent. Lo expuso el propio Trump estos días, en declaraciones al sitio Político: “Estaba perdiendo, lo respaldé y ganó de una manera aplastante”.

En la Casa Rosada hay una perspectiva positiva sobre el contexto internacional en relación al país. Preven un crecimiento de la economía y que se potenciarán oportunidades de comercio y alianzas. Todavía resta saber la letra chica del acuerdo macro establecido con Washington, pero a priori, a pesar de lo discursivo, no hubo un correlato perjudicial en el vínculo con China.

Entre enero y octubre de este año, China fue el segundo socio comercial de la Argentina, después de Brasil. Incluso en octubre fue el primero, siendo el segundo destino de las exportaciones argentinas (14,7% del total) y el primero en origen de las importaciones (26%). Eso se debió al efecto de la rebaja temporal en los derechos de importación cobrados a los granos y subproductos, lo que terminó generando el reclamo de los farmers americanos.

“Hay un tono distinto en la relación porque la mirada del Presidente es diferente a la del gobierno anterior, pero eso no afectó sustancialmente el comercio ni tampoco las inversiones. Hay que observar el vínculo a la luz de las acciones de Trump”, dijo a Infobae Fernando Landa, presidente de la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA). En su análisis, es cierto que hay un “enfriamiento” de la relación; sin embargo, eso no implicó pasar a la acción. “Argentina no ha tomado medidas protectivas en contra de China como por ejemplo sí lo hizo la Unión Europea”.

El canciller Pablo Quirno mantuvo a mediados de noviembre su primera reunión con el embajador de China, Wang Wei, aunque no hubo información oficial. El contraste con el flamante representante de Estados Unidos es abismal: Peter Lamelas hasta participa con algarabía de la jura de los ministros, en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno.

A pesar de las señales de distancia, las conversaciones con Beijing continúan en todos los niveles. De hecho, la sede diplomática agradeció en sus redes la “felicitación” del canciller por la inauguración del vuelo directo Shanghai-Buenos Aires. Esa ruta fue habilitada por la Subsecretaría de Transporte Aéreo del Ministerio de Economía mediante la resolución 42/2025, fechada el 26 de noviembre pasado, para China Eastern Airlines.

Se registran al menos 10 convenios de proyectos de inversión en infraestructura acordados con China, con distintos grados de ejecución, especialmente en temas de transporte y energía, la mayoría firmados durante el kirchnerismo, cuando había otra sintonía ideológica.

El Gobierno trabaja para que se retome la construcción de las represas en Santa Cruz, cuyos nombres fueron modificándose de La Barrancosa y Cóndor Cliff a Jorge Cépernic y Néstor Kirchner, para volver a los originales. De las conversaciones entre autoridades nacionales, provinciales y la empresa Gezhouba surge que sólo se edificaría una de ellas —la de menor porte— en caso de llegar a un acuerdo. “Era una obra sobredimensionada teniendo en cuenta el costo y el aporte a la red de energía”, explica un funcionario al tanto de la negociación.

En breve, lo relativo a esta obra pasará de la órbita de la empresa Enarsa a la Secretaría de Energía, donde operativamente llevan adelante el diálogo. Los chinos reclaman más plata. “Nunca se ajustaron los montos”, reconocen en despachos oficiales. La parálisis no es producto de la etapa de Milei sino que sufrió idas y vueltas desde que se firmó el convenio, en 2015, y fue eje de una disputa interna en la gestión de Alberto Fernández. Con otro alcance, ahora esa propuesta está en camino de resolución.

En otros asuntos, en tanto, suena una alerta roja. Los desarrollos vinculados al espacio, las comunicaciones y las vías sensibilizan a la administración Trump. No hay demasiado margen de acción con la base instalada en Neuquén, cuya construcción arrancó en 2014 y empezó a operar en 2017. Un proyecto en marcha que fue frenado es el radiotelescopio CART (Chinese Argentine Radio Telescope), en San Juan, sin mayores explicaciones oficiales. Una resolución de la Jefatura de Gabinete, en octubre, estableció que para este tipo de iniciativas el Ministerio de Defensa debe antes emitir un dictamen de autorización a partir de eventuales “amenazas” o “riesgos” a la seguridad.

Después de un impasse por la incertidumbre económica y las elecciones, el Gobierno pretende poner un pie en el acelerador del proceso de privatizaciones. Es un paquete de absoluta relevancia por el impacto para el Estado, en los servicios y, en algún caso, la afectación de intereses geopolíticos.

Antes de que termine el año, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, encabezada por Diego Chaher, quiere impulsar la venta de las participaciones en Transener, transporte de energía eléctrica de alta tensión, y de Intercargo, servicios relacionados al despegue y aterrizaje de los aviones. En el primer trimestre de 2026 está prevista la de la compañía de aguas, Aysa. En abril, están en carpeta siete complejos hidroeléctricos cuyas concesiones se fueron prorrogando hasta tener lista la estrategia y la confección de los pliegos. En paralelo, van saliendo tramos de rutas.

Por ahora, los interesados vienen siendo jugadores locales, conocedores de los vericuetos de la política. En un contexto de orden y avance de reformas estructurales en el Congreso, en el Gobierno consideran que pueden aparecer inversores del exterior y, en ese sentido, no advierten un veto anticipado a empresas chinas. A no ser que se involucre hitos estratégicos.

Por ejemplo, la Hidrovía Paraguay-Paraná, la principal “autopista de barcos” por donde circula el 80% de las exportaciones e importaciones agroindustriales. Esa operación se inscribe en la guerra de los dos polos de poder. Para Estados Unidos fue un parte aguas lo que ocurrió en 2022, cuando Alemania le concedió oficialmente una porción a China en el estratégico Puerto de Hamburgo. La sensibilidad sobre estos tópicos se intensificó con el arribo de Trump a la Casa Blanca, quien busca determinar quiénes son los proveedores de los países “amigos”.

El avance de Xi Jinping en el mundo se ejerce de un modo distinto y con otros tiempos. Hace pie táctico en las regiones a su manera: mientras los americanos buscan abrir bases militares; los chinos, van por los puertos.

Por eso, había un requisito en la fallida licitación de la Hidrovía que excluía a “toda persona jurídica que sea controlada, directa o indirectamente por Estados soberanos o agencias estatales, en el capital, en la toma de decisiones o de cualquier otra forma”. Es decir, era una cláusula antiChina exigida por la administración Trump.

El Gobierno experimentó un fracaso rotundo al intentar pasar a manos privadas la concesión de la Hidrovía. En febrero, luego de que se presentara solo un oferente, dio de baja el trámite. La previa estuvo rodeada de sospechas por intentar favorecer a la firma belga Jan de Nul, que había tenido el manejo, junto a Emepa, desde 1993 hasta 2021, pero que finalmente no terminó materializando una propuesta. Hubo planteos en la Justicia y un dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) en el que se consignan “irregularidades” y “direccionamiento”.

El tema despertó polémica porque fue parte del tironeo entre Santiago Caputo y Mauricio Macri. El asesor siempre dijo que el expresidente quería “el negocio de la Hidrovía” y el fundador del Pro cuestionó cómo se encaró la privatización.

Con estos antecedentes, la Casa Rosada retoma el proceso de manera más ordenada: el 4 de diciembre puso en marcha un procedimiento de observaciones previas a los pliegos de licitación y sumó la asistencia técnica de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), un organismo de la ONU. Es paradójico que use de paraguas el aval de una organización que suele tildar de inservible, de una era acabada, pero le viene al dedillo para dar una pátina de transparencia.