La manipulación del término Genocidio: una amenaza global

La retórica que califica la guerra en Gaza como un “genocidio” no solo es inexacta, sino deliberadamente engañosa. No se trata de una confusión terminológica, sino de una estrategia política para deslegitimar el derecho de Israel a defenderse y manipular la opinión pública global. Esta acusación distorsiona la realidad del conflicto y banaliza un término con un peso histórico y jurídico específico. Además, contribuye a un clima de hostilidad que justifica ataques contra Israel y alimenta discursos antisemitas.

El término “genocidio”, según la Convención de las Naciones Unidas de 1948, se define como la “destrucción total o parcial de un grupo nacional, étnico, racial o religioso con la intención de aniquilarlo”. Esta definición, formulada tras los juicios de Núremberg, describe crímenes como el Holocausto, el genocidio en Ruanda y la limpieza étnica en Bosnia. Aplicar este concepto al conflicto en Gaza es una tergiversación grave. Israel no busca exterminar a la población palestina, sino desmantelar la infraestructura militar de Hamás, una organización terrorista que gobierna Gaza y utiliza a sus propios civiles como escudos humanos.

Algunos académicos, como Daniel Feierstein, han intentado expandir el concepto de genocidio, argumentando que también puede referirse a la “destrucción de las estructuras de un grupo y la creación de nuevas relaciones sociales”. Sin embargo, esta interpretación diluye la gravedad de los genocidios reales y permite que el término se aplique a casi cualquier conflicto. Un caso paradigmático es Ruanda en 1994, donde fueron asesinados sistemáticamente 800.000 tutsis en apenas 100 días. En Gaza, lo que ocurre es una guerra en la que Israel responde a ataques de Hamás. No hay un plan de exterminio, sino una operación militar contra una entidad terrorista que sigue lanzando cohetes y reteniendo rehenes.

Las comparaciones con genocidios históricos como el armenio o el de Bangladesh en 1971 son incorrectas. El genocidio armenio, perpetrado por el Imperio Otomano, implicó el exterminio planificado de 1.5 millones de armenios mediante masacres sistemáticas. En Bangladesh, el ejército de Pakistán llevó a cabo una campaña de exterminio contra la población civil bengalí, con asesinatos masivos y violaciones sistemáticas. Ninguno de estos casos es comparable a la situación en Gaza. Mientras que en los genocidios reales hubo una intención clara de aniquilar a un grupo, en Gaza Israel combate a una organización terrorista, no a la población civil. Si bien la guerra ha causado destrucción y la muerte de civiles, no hay evidencia de un plan sistemático para exterminar a los palestinos.

El argumento de que los asentamientos en Cisjordania son parte de un “genocidio” también carece de sustento. Si bien los asentamientos son una cuestión política polémica, no constituyen una política de exterminio ni un crimen de lesa humanidad. A lo largo de la historia, los asentamientos han sido parte de muchos conflictos, desde la colonización británica en África hasta la expansión rusa en Crimea. Aplicar el término “genocidio” a estas dinámicas desvirtúa su verdadero significado.

Desde una perspectiva militar, la campaña israelí en Gaza no cumple con la definición de genocidio. En un genocidio, el objetivo es la aniquilación total de un grupo, sin distinción entre combatientes y civiles. Israel, en cambio, emplea tácticas de guerra urbana dirigidas contra infraestructuras militares de Hamás. Aunque las víctimas civiles son una tragedia, cualquier conflicto en el que los terroristas se oculten entre la población civil conlleva daños colaterales. Si Israel estuviera llevando a cabo un genocidio, sus acciones serían indiscriminadas y no habría intentos de reducir bajas civiles, como las advertencias previas a los bombardeos. La crisis humanitaria en Gaza es grave, pero no responde a una política sistemática de exterminio, sino a un conflicto en el que Hamás utiliza a los civiles como escudos humanos.

El derecho internacional permite juzgar crímenes de guerra y violaciones al derecho humanitario, y en cualquier conflicto, Israel debe rendir cuentas si se demuestra que ha cometido crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, estas acusaciones deben evaluarse con rigor, no como herramientas de propaganda política. El hecho de que Israel esté bajo un intenso escrutinio internacional, mientras otros conflictos similares son ignorados, refleja una manipulación del discurso más que una búsqueda genuina de justicia.

Además, la acusación de que Israel es un “Estado apartheid” es engañosa. Los ciudadanos árabes israelíes disfrutan de los mismos derechos políticos y civiles que cualquier otro ciudadano, incluyendo representación parlamentaria y acceso al sistema judicial. Los palestinos en Cisjordania y Gaza no son ciudadanos israelíes, sino que están bajo administraciones separadas: la Autoridad Palestina en Cisjordania y Hamás en Gaza. Equiparar este conflicto territorial con el apartheid sudafricano es una estrategia de desinformación que busca demonizar a Israel y deslegitimar su derecho a la autodefensa.

La manipulación del concepto de genocidio no es solo un problema semántico. Esta distorsión afecta la memoria de los verdaderos crímenes contra la humanidad y bloquea una discusión seria sobre las causas del conflicto y las posibles soluciones. Usar el término “genocidio” como arma política no solo daña a Israel, sino que también erosiona los principios fundamentales del derecho internacional y la memoria histórica. Si no protegemos la integridad de los términos y la justicia, corremos el riesgo de perder nuestra capacidad de reconocer el sufrimiento genuino y de construir una paz real basada en hechos, no en falsedades. Mientras esta estrategia continúe, mientras el genocidio sea un término usado con fines políticos y propagandísticos, la humanidad no estará más cerca de la paz, sino condenada a revivir sus peores tragedias.