
Es sabido que en los últimos días el Poder Ejecutivo ha dado otra modificación al proyecto de la Ley Ómnibus, quitando íntegramente el capítulo fiscal que contenía el texto original de la misma. En este marco, podríamos dedicar este espacio a profundizar sobre los cambios propuestos, problematizar sobre su alcance y el impacto en la recaudación nacional. Y aunque en las próximas líneas intentaremos señalar con un ejemplo, como a través de la construcción de consensos a partir de la suma de miradas se puede mejorar la implementación de las normas que vota el Congreso.
Vayamos, como bien dice la Ley, al punto de partida. Hasta ahora, cuando alguien vende una casa o departamento que compró antes del final de 2017, hay un impuesto especial que se debe pagar, el Impuesto a la Transferencia de Inmuebles, conocido por sus siglas como ITI. Este impuesto lo recoge el escribano en el momento de la venta, previa fiscalización con la AFIP, y es una manera de asegurarse de que, aunque el vendedor viva fuera del país, pague sus impuestos en Argentina. La idea es que todos contribuyamos justamente, sin importar dónde vivamos.
Cierto es que, por acción u omisión, la mayoría de las personas residentes en el exterior no suelen pagar en Argentina sus impuestos de rutina (Impuesto a las Ganancias, IVA y Bienes Personales), siendo la oportunidad de la venta de una propiedad, la única donde la AFIP verifica y recauda todos impuestos adeudados por el periodo de tiempo correspondiente.
De derogarse el ITI, única fuente de recaudación actual en las operaciones de compra-venta de inmuebles, la merma en los ingresos nacionales resultaría tan obvia como inevitable. Esta caída en la recaudación no sería solamente por la pérdida de la percepción del ITI, sino también por la imposibilidad de cobrar los otros impuestos que podría adeudar el vendedor que reside fuera del país, y que no seria fácil, sino imposible, cobrarle.
Claro está, esta es apenas una mirada. La clave aquí es encontrar la mejor manera de manejar estos impuestos para que sean justos para todos y, al mismo tiempo, ayuden al país a crecer de manera saludable. Y para ello, como para tantas dinámicas propias de la vida en sociedad, la clave es el diálogo. Dar lugar al intercambio, a las miradas, lecturas y análisis de profesionales, para comprender con mayor profundidad y sopesar el impacto en el mercado y en materia fiscal.
La Argentina, con sus particularidades y desafíos, lejos está de ser la única en encontrarse con estos problemas. Estudiemos entonces también las soluciones encontradas en otras latitudes, y aprendamos de aquellas que creamos más efectivas.
A riesgo de sonar algo trillado, refuerzo lo fundamental: no hay sociedad posible sin dialogo. Y esto vale inclusive en materia fiscal.
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