
La gestión de la seguridad requiere, por encima de todo, presencia. Física, con fuerzas formadas, equipadas, numerosas y bien capacitadas. Y técnica, con acceso a todas las herramientas de prevención, detección y control del delito en tiempo real. Si queremos vivir en ciudades seguras, tenemos que ser omnipresentes, ágiles y eficaces. Con menos de eso, la pelea está perdida.
No podemos permitirnos ser burócratas enredados en trabas administrativas mientras los narcotraficantes avanzan sobre nuestros barrios, nuestras plazas, mientras controlan las esquinas de los colegios o las puertas de los boliches, justo al lado de nuestros jóvenes. Tenemos el deber de pelear con todos los recursos, sin caer en nuestras propias trampas, sin entorpecernos, sin agravar con mezquindades partidarias una cuestión que ya es de vida o muerte.
No hay dudas de que cuanto más focalizado y asimilado al territorio sea el ejercicio de la seguridad, mayores son las chances de mejorar los resultados. En ese sentido, las experiencias de las policías locales de todo el mundo nos muestran el camino.
Pero tampoco es necesario irse muy lejos. Cinco años atrás, con la creación de su policía, la Ciudad dio un paso fundamental hacia la autonomía. Desde entonces, se trazó un plan integral de lucha contra la delincuencia basado en la innovación tecnológica, la mejora del equipamiento, la capacitación permanente y, muy especialmente, la cercanía con los vecinos.
Los resultados están a la vista, con los índices más bajos de delitos desde 1995. Los datos no mienten: nuestra política de seguridad se apoya en denuncias constatables, cuyas estadísticas se publican anualmente en el Mapa del Delito y demuestran la baja sostenida, entre otros, en los robos, los hurtos, la sustracción de automotores y los homicidios. De hecho, esto último convierte a la Ciudad en la segunda capital más segura del continente, solo superada por Ottawa, sede del gobierno federal canadiense.

En la lucha contra el narcotráfico sucede un fenómeno similar, con un desafío mayor por cumplir. Las competencias contra el crimen y los servicios de Justicia son progresivamente delegadas desde el Estado Nacional a la Ciudad, por lo que recién en el último tiempo pudimos hacernos cargo de los casos de “narcomenudeo”, es decir, de la venta minorista de droga. Cuando nos permiten hacernos cargo, lo hacemos a fondo: desde 2020, ya cerramos 53 búnkeres de droga.
En paralelo, y con autorización de juzgados federales, hemos intervenido en grandes casos narco: este mes, por citar un ejemplo, la Policía de la Ciudad secuestró en Lomas de Zamora más de 108 kilos de cocaína, valuados en 1 millón de dólares. Se trató del cargamento incautado más importante de la historia de la Policía de la Ciudad. No queremos drogas en las calles, ni cerca de nuestros hijos. La nuestra es una pelea por la libertad. De los vecinos y las vecinas. También de quienes trabajan o visitan la Ciudad. La libertad de andar sin miedo, de abrir un comercio y trabajar con tranquilidad, de vivir Buenos Aires en paz. También la libertad de saber que tu barrio, que la puerta de tu casa, no están controlados por un narcotraficante sino por la ley. Nos queda un largo camino por delante, pero lo vamos a lograr.
Por supuesto, para poder completar este recorrido es indispensable que el Estado Nacional cumpla con lo estipulado por la Constitución y envíe los fondos correspondientes a la cesión de competencias. El reclamo es legítimo, no puede ser parte de una disputa política: estamos plenamente preparados y los resultados nos avalan. Mientras tanto, multiplicamos los esfuerzos, invertimos más y mejor, capacitamos y nos movemos hacia una Ciudad más justa y más segura.
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