Tarifas: sabemos lo que hay que hacer, pero no nos animamos

La definición de audiencia pública, según define el sitio de Presidencia de la Nación, “Es una posibilidad que tienen los ciudadanos para participar en las decisiones que deben tomar los organismos, empresas, sociedades, entidades y dependencias del Poder Ejecutivo Nacional”.

Pero no se dice en ningún párrafo que las audiencias deben terminar con una solución o por lo menos alguna propuesta de solución al problema que se discute, este no fue el caso.

El contexto político no es el mejor, el económico peor aún, según encuestas que maneja el gobierno, 45,6% de los consultados opinan que se deben mantener los subsidios a los servicios públicos y 41,9% que se deberían eliminar (otra vez la grieta) Suena lógico en términos de los resultados de las últimas elecciones.

Ahora bien, si se analiza el electorado que votó al Frente de Todos, 78% opina que se deberían mantener los subsidios, 7% que se debería eliminarlos y 10% que se deberían aumentar. De la misma manera, entre los votantes que responden a la oposición, 30% opina que se deberían mantener, 64% que se deberían eliminar y 2% que se deberían aumentar (otra vez grieta).

Es decir, la masa electoral que apoya al oficialismo, por ahora, estaría en contra de un aumento de las tarifas, tema que no escapa a la atención del Gobierno, especialmente de quienes responden al Instituto Patria y que constantemente toman medidas en código electoral.

Otro tema no menor es la relación del Gobierno nacional con las provincias, ya que de disminuirse los subsidios a la energía eléctrica, las empresas distribuidoras provinciales deberán pagar más por la energía recibida que trae dos consecuencias, o bien no pagan y aumentan su deuda con Cammesa, o trasladan el costo a sus clientes, situación que frente a las elecciones del 2023 pondría a los oficialismos en un situación de desventaja.

Dentro de la misma coalición gobernante existen diferencias, de hecho, no participan ni la primera línea de la Secretaría de Energía ni los interventores de los entes reguladores que curiosamente son los que van a tener que implementar los aumentos de tarifas que se tratan en estas audiencias.

Desde Economía, los técnicos que responden al ministro Martín Guzmán manifiestan la necesidad de reducir los subsidios que aspiran los pocos dólares que tiene el Tesoro nacional, mientras que los interventores de los entes sistemáticamente bloquean cualquier tipo de actualización.

Resumiendo, el gas natural aumentará un 40% y la energía eléctrica 25%, en ambos casos impactaría en las facturas finales en un 20% a partir de Junio.

La restricción para establecer criterios diferenciados

Con respecto a la segmentación de los cuadros tarifarios y luego de escuchar distintas opiniones de expertos, se concluye que es muy difícil de implementar por la complicación que implica el entrecruzamiento de datos, más allá que muchos consideran que esta medida es anticonstitucional, dado que no se puede cobrar por un mismo bien precios distintos, discriminados por situación económica.

Actualmente, el costo total del abastecimiento de la demanda de gas prioritaria (usuarios residenciales y comercios) proyectada para el año es de $363.893 millones, equivalente a USD 3.064 millones. De ese total, el Estado cubre el 75,6% con subsidios económicos.

La demanda prioritaria equivale al 33% del consumo total de gas del país. Además de los consumidores residenciales y comerciales, que demandan 40 millones de metros cúbicos (m3) de gas, hay otros 80 millones de m3 que consume el parque térmico de generación eléctrica, los usuarios industriales y el sector de GNC.

El costo promedio del gas equivale a USD 5,76 el millón de BTU (medida inglesa que se utiliza en el sector). Se compone del valor de producción local y el importado de Bolivia y por barcos (GNL). Se ha visto incrementado de manera notable a raíz del conflicto bélico de Rusia con Ucrania.

Del total de USD 5,76 el millón de BTU, el Estado cubre USD 4,35, mientras que los usuarios pagan USD 1,41 restante. Sin embargo, como el costo está dolarizado, pero las tarifas se recaudan en pesos, con la devaluación de la moneda, cada mes los usuarios abonan una parte menor del valor real del gas.

En base al criterio de ajustar las tarifas según el Coeficiente de Variación Salarial de 2021, un usuario sin el beneficio de tarifa social que pagó en enero $1.315 de factura final (con impuestos), le correspondió abonar $1.610 en marzo y tendrá que desembolsar $1.876 a partir del 1 de junio.

Fernando Antognazza, representante de la Asociación de Generadores de Energía Eléctrica (Ageera) dijo que hay un “desfase entre los montos remunerados y la evolución de los costos derivo en la imposibilidad de llevar a cabo mantenimientos mayores, comprometiendo operatividad y disponibilidad” de los equipos. Y precisó que cerca del 60% de la energía que se produce en el país en el marco de la Resolución 31/2020, “redujo y pesificó los valores y la potencia asociada, y luego ajustó esos valores en un 67,7% a la fecha, período en el cual la inflación superó el 128%”, lo que aseguró “impactará en la disponibilidad de equipos ante requerimientos y necesidad del sistema”.

El gerente de la Asociación de Distribuidoras de Energía Eléctrica (Adeera), Claudio Bulacio, propuso la “sanción de un precio estacional único y sostener los subsidios para los usuarios vulnerables”, pero aclaró que “dada la gran diferencia actual entre el precio y el costo, este proceso debe ser gradual y previsible para los usuarios y para el sector”.

“En forma simultánea se deben adecuar los ingresos de las distribuidoras (VAD)” agregó Bulacio, al asegurar que “en los últimos años el ajuste fue inferior a la inflación”, a la par que las distribuidoras “experimentaron un aumento de la morosidad y las pérdidas, lo cual impacta en los ingresos, pero no en los costos”.

Es evidente que con los aumentos que seguramente van a salir de las audiencias, no alcanzan para solucionar la problemática energética de nuestro país, todos sabemos que el sistema energético se va debilitando cada vez más rápido, pero parece que es más importante el factor electoral que tener un país con las variables económicas medianamente estabilizadas.

El costo del ajuste

A nadie le gusta tener que pagar más por la energía eléctrica o por el gas natural, a nadie le gusta que su gobierno no tenga plan energético, menos un plan económico medianamente acorde a la situación actual. La palabra “ajuste” suena siempre antipática, pero a veces es necesario tomar medidas hoy para evitar un peor sufrimiento en el futuro.

La sociedad sabe, en su conjunto, que lo que paga por un bien cualquiera, comparado con lo que abona por la energía es un sin sentido, que esta situación acarrea problemas presentes y futuros, y sin embargo a la hora de enfrentarse a las soluciones se niega a aplicarlas. La historia económica de la argentina enseña que lo que no ajusta el gobierno, lo ajusta el mercado, o bien con aumentos de precios o con escasez. ¿Queremos que esto suceda?

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