Un fallo histórico a favor de la libertad y la democracia

A veces, los cambios grandes se producen de forma silenciosa. Reformas técnicas, difíciles de explicar, que carecen de difusión masiva, pueden llegar a alterar el balance de poder más que muchas marchas, protestas y gritos. Y esto es lo que sucedió con la última decisión de la Corte Suprema sobre el Consejo de la Magistratura.

Dicho Consejo es el órgano encargado de seleccionar y remover jueces (excepto los de la Corte Suprema, que se rigen por otro procedimiento). Si se exige un consenso amplio para designar y destituir jueces, estos tenderán a ser más idóneos y confiables para todos, así como a temer menos ser castigados por afectar los intereses del Gobierno. De esta manera se logra, básicamente, la independencia del Poder Judicial: con un amplio consenso para elegir y desplazar jueces.

El kirchnerismo lo sabe. Por eso, en 2006, ni bien ganaron su primera elección y obtuvieron poder propio en el Congreso, reformaron el Consejo de la Magistratura. Aumentaron el peso del gobierno en dicho órgano y se aseguraron poder de veto sobre cualquier designación o remoción. Es decir, pasaron a tener mayor poder de negociación para lograr que se designaran jueces amigos, al tiempo que se pusieron en situación de poder garantizarles impunidad para fallar arbitrariamente, según los intereses oficialistas. Por si algo de eso no funcionaba, la reforma les daba un plan B: obstruir el funcionamiento del órgano, impedir que se designen jueces titulares y, de esa manera, forzar que el Poder Judicial se llene de jueces suplentes o subrogantes, que tienen menos garantías y son más influenciables.

Esto contrariaba el equilibrio en la composición del Consejo que establecía la Constitución Nacional. A partir de entonces, los juzgados se llenaron de suplentes, el Consejo de la Magistratura se paralizó y los jueces corruptos alineados con el oficialismo, como el tristemente célebre Oyarbide y tantos otros, gozaron de completa impunidad.

No conforme con esto, Cristina Kirchner quiso ir por más y presentó una segunda reforma en 2013, en el marco de la llamada “democratización de la justicia”. En virtud de ella, los consejeros serían elegidos por listas en el marco de las elecciones partidarias ordinarias, y la mayoría para designar jueces se reducía.

De esta forma, quien ganaba las elecciones lograba automáticamente una mayoría absoluta y discrecionalidad total en el Consejo de la Magistratura. El candidato a presidente era quien tenía el poder para designar a dedo los integrantes de las listas y, por ende, del Consejo. Tan absurdamente arbitraria y autoritaria era esta reforma, que fue declarada inconstitucional de inmediato, ese mismo año.

Sin embargo, la reforma de 2006 continuó vigente, discutida largamente en la Justicia. Ello fue así hasta el 16 de diciembre de 2021, fecha que bien podría bautizarse como el “Día de la Independencia del Poder Judicial”. Ese día el máximo tribunal declaró su inconstitucionalidad por unanimidad.

De esta manera, el Consejo de la Magistratura pasó a ser un órgano mucho más equilibrado, sin poder de veto ni mayoría automática de ningún partido o sector político. No necesariamente se trata de un órgano perfecto. Veremos cómo lo hacen funcionar los consejeros de aquí en más. Pero ha pasado a ser mucho más perfecto que antes y, en principio, favorable a un funcionamiento independiente del Poder Judicial.

Esto que parece tan técnico y formal, es en verdad una verdadera revolución y un hito en el proceso de consolidación del Estado de Derecho y la democracia en Argentina. La división de poderes, y en particular la independencia del Poder Judicial, es la garantía máxima; la garantía que le da fuerza a todas las demás garantías y a todos los derechos que consagra nuestra Constitución. Si no hay independencia judicial, las leyes son letra muerta y se ven sustituidas por la voluntad discrecional y abusiva del gobernante de turno, que se vuelve impune. El poder se concentra, las instituciones se debilitan, la corrupción se multiplica y el fin de la historia lo conocemos bastante bien en nuestro país.

Fíjese el lector que, desde el 16 de diciembre de 2021, el kirchnerismo ha redoblado sus ataques contra la Corte Suprema y ha hecho sonar los tambores de guerra con miras a derrocarla y colonizarla. Una vez más, muestran que se trata de un movimiento político autoritario, cuyo proyecto se reduce a priorizar la concentración del poder a toda costa, para perpetuarse en el mismo, sin importar la destrucción institucional, la corrupción, el abuso y el empobrecimiento generalizado que esto genera.

Por suerte, y esperemos que siga siendo así en el futuro, el gobierno no cuenta con la mayoría necesaria para torcer la decisión de la Corte. Esto quiere decir que, quizás, el 16 de diciembre último pueda ser visto, en el futuro, como un paso fundamental y principal hacia la consolidación de una democracia de calidad, al servicio de los ciudadanos.

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