Menem: su legado en materia de servicios públicos

Más de una vez escuché decir o leí que el Gobierno de Carlos Menem anduvo a los tumbos hasta que asumió Cavallo como Ministro de Economía y se aprobó la Ley de Convertibilidad. Los méritos de esa ley y del equipo que lideró Cavallo son incuestionables, pero el rumbo del gobierno de Carlos Menem fue el acertado desde un principio: desregulación de la economía, privatizaciones, alineamiento con occidente, integración en el Mercosur y concordia entre los argentinos. Los instrumentos pudieron variar a lo largo del tiempo, pero el norte no. Un ejemplo de lo dicho es la Ley de Reforma del Estado y lo que esta dispuso en materia de privatización de servicios públicos domiciliarios. Sancionada al poco tiempo de asumir anticipadamente el gobierno ante el desaguisado económico que dejó su antecesor (de paso sea dicho, no siempre es cierto que al no peronismo le tocó pagar la fiesta del peronismo), dejó en claro la orientación del nuevo gobierno. La ley de convertibilidad no fue un punto de inflexión, sino la ratificación de un rumbo.

El verano de 1989 había transcurrido con cortes rotativos del suministro eléctrico de cinco horas diarias en el Gran Buenos Aires. Un clásico del invierno era la baja presión de gas. Un departamento aumentaba de valor si tenía teléfono, el discado directo internacional era para una minoría y a muchas localidades del país se pedía comunicación vía operadora. Todavía había en servicio centrales telefónicas de 1914. Eso sin contar los déficits crónicos de las empresas públicas que solventábamos con deuda o emisión todos los argentinos, usáramos o no sus servicios, y la corruptela estructural existente en ellas.

La revalorización de la iniciativa privada plasmada en el artículo 14 de la Constitución Nacional permitió que, al amparo de la Ley 23.696, se privatizaran las principales empresas de servicios públicos domiciliarios. Los pilares de dicha transformación fueron: a) Rol subsidiario del Estado; b) Tarifas que reflejen los costos económicos de la provisión del servicio con la posibilidad de obtener una rentabilidad razonable para un operador eficiente; c) Control de gestión por resultados con sanciones ante incumplimientos y mecanismos para compartir las ganancias de eficiencia con los usuarios; d) Desintegración vertical, prohibición de subsidios cruzados y salvaguardas competitivas; e) Entes reguladores independientes y conducidos por conocedores de la materia;y f) Mecanismos de consulta y audiencias públicas para la toma de decisiones.

Más allá de relatos cargados de ideología estatista y de la posibilidad siempre existente de haber hecho mejor las cosas, los datos objetivos son contundentes a favor de la política privatizadora de Menem en el área de telecomunicaciones y energía y del acierto de los principios enunciados, aún cuando no siempre fueran seguidos al pie de la letra.

Para no atosigar con datos, señalaré solo algunos.

Los precios mayoristas de la energía descendieron de aproximadamente USD 50/MWh a USD 23,5/MWh en 2001, y la tarifa al cliente final se redujo un 25%. A partir de inversiones por más de 12.000 millones de dólares, la indisponibilidad del parque de generación descendió del 52% al 25%.

Entre 1992 y 2001, los cortes de servicio eléctrico en el AMBA y La Plata pasaron de 13,6 cortes/año a 4,1 y en horas de 50 a sólo 5.

En el sector de transporte y distribución de gas se ejecutaron inversiones por 4.000 millones de dólares con incrementos de solo el 2% en una década en los segmentos regulados de las tarifas.

Se duplicó la capacidad de transporte, se terminaron desde 1994 los problemas de abastecimiento en invierno, la inyección de gas creció el 71%, las redes de distribución se ampliaron en un 52%, incorporándose 250 nuevas localidades al servicio, sumando un 32% más de usuarios y triplicándose las estaciones de GNC.

En materia de telecomunicaciones los números no van a la zaga y muchas cuestiones se proyectan al día de hoy.

El servicio básico de telefonía fija pasó de una densidad del 9% a una cercana al 22%, digitalizándose casi el 100% de la red. Paralelamente, el cargo de conexión había disminuido de $1.500 a $ 150.

Existían al final de la década de los 90 cuatro empresas de telefonía móvil que cubrían los principales corredores viales y todas las localidades con más de 500 habitantes. Se pasó de unos 50 mil abonados al servicio a casi tres millones, sentándose las bases regulatorias para el explosivo crecimiento en la década siguiente.

Había oferta de capacidad satelital tanto de sistemas nacionales como extranjeros.

Las licitaciones de espectro para servicios de tercera generación en 1999 aportaron más de USD 1000 millones y sólo entre 1991 y 1996 la inversión de las dos principales compañías fue de USD 15.000 millones.

Se reconoció el rol de las cooperativas y proliferaron los servicios de TV por cable. En 1999 se abrieron los servicios parcialmente a la competencia y en 2000 de forma completa tal como se había previsto en 1989.

Se impulsó el desarrollo de internet, previéndose ya entonces que la conectividad por banda ancha sería el servicio del futuro sobre el que se soportarían otros servicios, inclusive los de voz. Se dictaron normas para asegurar la plena protección a la libertad de expresión en internet y en esa década encontramos también la génesis de los primeros unicornios argentinos (uno de los cuales vale hoy unas 50 veces la reestatizada YPF).

Más allá de la polémica en torno a su personalidad y otros aspectos de su gestión, la presidencia del Dr. Carlos Menem cuenta objetivamente en su haber lo hecho en esta materia como pocos en los últimos 70 años. Como ya señalé, siempre se podrá decir que las cosas se pudieron hacer mejor, pero la historia de estos tres servicios en esa década es una historia de éxitos y no de fracasos. Los principios al amparo de los cuales se regularon esos servicios, precisamente por ser principios, siguen siendo válidos hoy, mediante las normas que la razón práctica indique como adecuadas a las circunstancias para lograr mejores prestaciones, mayor cobertura y precios más bajos. Buscar las soluciones en el fracasado estatismo del pasado solo nos sumirá en nuevos frustraciones y elevados costos sociales, como ya vimos entre 2004 y 2016 y se insinúa nuevamente ahora.

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