La lucha contra la corrupción, la promoción del acceso a la información y la transparencia son ejes fundamentales de un estado democrático. El accionar comprometido y responsable de quienes ocupan cargos públicos, rindiendo cuentas a la ciudadanía, debiera ser parte de la lógica elemental de cualquier buen gobierno. Sin embargo, en la historia de la provincia de Buenos Aires, sobran ejemplos en el sentido contrario. Durante décadas, Buenos Aires estuvo paralizada en la lucha contra la corrupción habiendo quedado relegada frente al avance de otras provincias argentinas en cuestiones de modernización y transparencia.
El Gobierno de María Eugenia Vidal tomó la decisión de iniciar un cambio político-cultural que se atrevió a desafiar la impunidad silenciada por años. La ley de modernización administrativa; la eliminación de la reelección indefinida; la eliminación de las jubilaciones de privilegio; la creación de la oficina de fortalecimiento institucional; la creación del registro de policías expulsados e inhabilitados y la ley de declaraciones juradas patrimoniales (de la que tengo el orgullo de ser autor) son algunos de los hitos de este proceso de transformación que iniciamos en 2015.
A estos puntos se suman, además, otros proyectos de mi autoría que están en debate en la Cámara de Senadores: ley de acceso a la información pública (junto al senador platense Juan Pablo Allan), porque la información es de la gente no del Estado; ficha limpia, estableciendo que quienes pretendan asumir un cargo público no tengan antecedentes por casos vinculados a delitos de corrupción, ni adeuden declaraciones juradas patrimoniales y el proyecto de ley de ética pública, para regular los deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables a quienes se desempeñen en la función pública.
Este proceso de transformación que iniciamos no tiene antecedentes en nuestra provincia y es fundamental que pueda ser sostenido en el tiempo. Por eso destaco la convocatoria del Ministro de Justicia, Julio Alak, a debatir la redacción de un proyecto consensuado de ética pública, tema que – como mencionaba – desde Juntos por el Cambio ya habíamos presentado en la Cámara de Senadores y que consideramos fundamental.
Sin embargo, por todo lo dicho, podemos ir mucho más allá y transformar a la provincia de Buenos Aires en un hito en América Latina creando el primer Código moderno de Ética Pública de la región que contenga todas las temáticas mencionadas previamente dándole la amplitud y solidez que un código de estas características requiere en el siglo XXI para que nuestra provincia recupere el rol protagónico que nunca debió perder en términos de transparencia.
No hay buen gobierno cuando hay complicidad, por acción u omisión, frente a la corrupción.
*El autor es senador bonaerense por Juntos por el Cambio
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