Alberto en el laberinto de los pasos perdidos

Las lucubraciones ideológicas para justificar encubrimientos de crímenes de lesa humanidad son sólo coartadas

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Nadie podía considerarse humanista o demócrata y, al mismo tiempo, defender al nazismo. Quienes lo hacían, no eran humanistas o demócratas equivocados, sino nazis que se decían humanistas o demócratas.

Lo descubrió el pastor Martín Niemoller cuando avanzaba el exterminio de judíos, por eso escribió un célebre poema anti-nazi que por error fue atribuido a Bertold Brecht (“Primero vinieron por los comunistas, pero yo no dije nada porque…”) y terminó recluido en el campo de concentración de Sachsenhausen.

Del mismo modo, nadie puede proclamarse defensor de los Derechos Humanos y, al mismo tiempo, defender de una manera u otra a regímenes que violan sistemáticamente los Derechos Humanos.

Es una obviedad; sin embargo, en los extravíos de estos tiempos se hace necesario decirlo. Las lucubraciones ideológicas para justificar encubrimientos de crímenes de lesa humanidad son sólo coartadas. También son coartadas los argumentos sobre la necesidad de tomar siempre posiciones contrarias a las que tomen los “fondos buitre”, el imperialismo o poderes fácticos del capitalismo financiero.

La mafia siciliana era enemiga de Mussolini, pero habría sido absurdo o, mejor dicho hipócrita, encubrir los crímenes del fascismo con el argumento de no ser funcionales a la Cosa Nostra.

Alberto Fernández se apartó del absurdo y de la hipocresía al avalar los informes de Naciones Unidas que detallan masivas y sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos en Venezuela. Pero es evidente que un régimen que impera cercenando derechos y cometiendo crímenes de lesa humanidad, no es electoralmente confiable.

Los regímenes autoritarios no juegan limpio en las urnas. Y cuando lo hacen, si el resultado les resulta adverso, intentan abortarlo o neutralizarlo. Pinochet aceptó el resultado del referéndum que le dijo “no” a su dictadura, pero armó la estructura de poder que le permitió limitar y controlar a los gobiernos elegidos en comicios libres y plurales.

La casta militar que impera en Venezuela no cometió fraude en la última elección legislativa. La prueba irrefutable es que venció la oposición. Pero a renglón seguido aplicó a la Asamblea Nacional una suerte de vasectomía institucional que le impidió legislar.

Aunque tenga sus puertas abiertas y los legisladores puedan entrar al recinto y debatir, un poder legislativo que no puede legislar no es un poder legislativo. Ergo, la vasectomía institucional, que incluyó la creación de una “Asamblea Constituyente” que se dedicó a legislar en lugar de elaborar una Constitución, fue un golpe de Estado como el que dio Fujimori en 1992, pero con una modalidad levemente diferente a la del dictador peruano.

El presidente argentino y su canciller, Felipe Solá, fueron lógicos y coherentes con lo que ambos postulan sobre la institucionalidad democrática y los Derechos Humanos, pero sus posicionamientos en la OEA, contrarios a declaraciones que exigen la realización inmediata de elecciones con todas las garantías de transparencia en Venezuela y Nicaragua, implican señales contradictorias.

Tiene lógica oponerse a una acción militar y reclamar que se levanten las sanciones económicas que perjudican a los venezolanos. También tiene lógica cuestionar la parcialidad de Luis Almagro, un titular de la OEA que a menudo desborda los límites de la diplomacia y que dejó dudas en la fallida elección que derivó en golpe de estado en Bolivia. Incluso es necesario poner en debate a la mismísima OEA, pero todo eso puede hacerse sin levantar la presión contra el régimen residual chavista y contra el régimen matrimonial de Ortega y Murillo, para que permitan una salida democrática posibilitando elecciones libres y transparentes en Venezuela y Nicaragua.

Una cosa es cuestionar a la OEA y a su secretario general, y otra cosa muy distinta es debilitar instrumentos de presión para poner fin a regímenes autoritarios que imperan por la fuerza y la represión.

El propio Alberto Fernández había reclamado una salida electoral en Venezuela. Que no vote lo que sostiene, parece una señal contradictoria.

O parece una muestra más de equilibrios insostenibles e inconducentes, como permanecer al mismo tiempo en el Grupo de Puebla y en el Grupo de Lima.

Si se denuncia la violación sistemática de Derechos Humanos por parte de un régimen, lo lógico es reclamar el fin de ese régimen en todos los foros donde sea posible hacerlo.

Es lamentable verlo hacer equilibrios. Nadie debe excusarse por actuar con coherencia en la defensa de los Derechos Humanos. Quienes deben dar explicaciones son los que levantan esas banderas pero recurren a coartadas para encubrir a regímenes criminales.

El autor es analista internacional