Aborto legal: otra promesa incumplida

El Gobierno confirmó que este año no se tratará la ley de aborto en el Congreso nacional. Del mismo modo que tampoco propuso habilitar el tratamiento del proyecto presentado por la campaña nacional por el aborto legal, que tiene pleno estado parlamentario.

Esta decisión ya había sido expresada por el Presidente en diversas ocasiones durante la cuarentena, con el argumento de que terminar con el aborto clandestino y la criminalización de las mujeres y personas gestantes no sería una urgencia. El Gobierno pospuso numerosos temas “polémicos” a la espera del acuerdo con los bonistas, del cual la Iglesia fue parte del elenco auspiciante. Ahora, la promesa de avanzar en este derecho realizada en la apertura de sesiones parlamentarias parece quedar definitivamente borrada de la agenda gubernamental por un tiempo que excede a las urgencias que impondría el coronavirus. Como advertimos oportunamente, el Gobierno no se dispone a avanzar con ninguna “agenda popular”. Así lo confirma la definición de que el aborto puede no tratarse en todo 2020, lo cual estira los plazos mucho más allá porque 2021 es un año electoral y es de prever el argumento de que, nuevamente, las elecciones resultarán “otro contexto desfavorable”.

El planteo de Alberto Fernández es la circunscripción del aborto legal a un tema estrictamente de salud, lo que supondría que Ginés González García y Carla Vizzoti deberían volcarse a disposición del tema en detrimento de atender la lucha contra el coronavirus. Pero ni una ni otra cosa son ciertas. Al contrario de significar una presión al sistema de salud la legalización del aborto, lo que resulta una carga es la atención a las mujeres víctimas de la práctica clandestina, que terminan recurriendo a un hospital y empleando camas, particularmente de terapia intensiva, por infecciones y secuelas que generan las condiciones de extrema precariedad e insalubridad muchas veces con riesgo de vida. Esta situación no se retrajo en la cuarentena: el confinamiento hogareño agravó la situación de los abusos y los embarazos no deseados. El riesgo de colapso del sistema sanitario es producto de los años de desguace y privatización y de la falta de disposición de los recursos necesarios para su equipamiento porque el dinero se lo llevan los BlackRock, no por la demanda de las mujeres que necesitan interrumpir un embarazo.

No es cierto, tampoco, que el tratamiento en el Congreso dependa de volcar a los máximos funcionarios de la cartera de salud. En 2018 se desarrolló un debate y asistimos a un escenario en el que tenemos una mayoría social conquistada por la marea verde favorable a este derecho y un parlamento dominado por el lobby clerical. En una nueva votación la voluntad del Congreso podría ser torcida a favor de la legalización del aborto con la clara voluntad política del Poder Ejecutivo. ¿No es esto lo que tanto se le reprochó a Mauricio Macri, en especial desde el kirchnerismo?

Las dilaciones en el tratamiento del aborto legal no son gratuitas. Cada momento que usa el Gobierno para retraerlo es tiempo y terreno ganado por las Iglesias. Lejos de ser un tema de estricta salud pública, el aborto es poderoso instrumento de disciplinamiento social. Por medio de la tutela estatal de las mujeres, se nos impone un estatus subordinado al tiempo que se refuerza un principio de opresión y de división de la clase obrera. El apuntalamiento político de las iglesias, para predicar sometimiento cuando arrecian los despidos, el hambre y la carestía, conspira además contra la educación sexual, refuerza el encubrimiento del abuso infantil y abre paso al lobby empresarial para que la ley se restrinja al sistema de salud público.

Desde mi banca en el Congreso he insistido incansablemente por el tratamiento del aborto legal. Las trabas las imponen desde el poder del Estado y de las Iglesias, no la pandemia. El movimiento de mujeres debe seguir reclamando y movilizado por las vías que nos sea posible para que, de una vez por todas, el aborto sea legal.