La política, en otra sintonía

Alguna vez referimos desde estos espacios que el Estado argentino, definido y determinado por eso que vagamente llamamos “la política”, había cambiado absolutamente sus objetivos. Peor aún, su razón de ser. De proteger los derechos y libertades de los ciudadanos y atender a sus necesidades esenciales, el aparato estatal pasó a ser un “aguantadero” de militantes, un ámbito de contención de activistas de distintos colores políticos, que lejos de aliviarle la vida a la gente, se la complica notablemente. Y de manera muy gravosa, además, porque el Estado argentino es uno de los más despilfarradores y caros del mundo. Y corruptos también, a juzgar por informes como el del BID, que denuncia al sector público argentino como el de mayor cantidad de “filtraciones”, equivalentes al 7,2% del PBI. Algo así como 30.000 millones de dólares al año.

Pero el Estado, en países como el nuestro, con instituciones débiles, es una exteriorización de la política, y la política argentina, ya se sabe, tiene sus propios intereses, casi siempre del todo ajenos a los de la gente. Si algo faltaba para corroborarlo en estos días, allí está el rimbombante anuncio de la reforma de la Justicia. Todos sabemos que la vicepresidente quiere asegurar su impunidad y la de los suyos –hijos, familiares, funcionarios, choferes, etc. ,etc.– y de paso dar un escarmiento a los opositores, en especial a quienes gobernaron el país entre 2015 y 2019.

Ahora, ¿es necesaria tanta impudicia? ¿Es necesario que todo sea tan grotesco? Nadie discutiría la necesidad de una reforma de la Justicia en nuestro país. ¡Qué va! Es más que obvia esa necesidad, entre otras cosas por el enorme manoseo al que la política la sometió, en particular durante algunos gobiernos, como en los doce años K, o en algunos momentos del menemismo. Las verdaderas intenciones del Gobierno kirchnerista que encabeza Alberto Fernández son otra historia. Y el momento... ni hablar.

Atravesamos el peor momento sanitario de la pandemia, con récord de contagiados y de muertos. Todo esto a pesar de una de las cuarentenas más duras y prolongadas del mundo, que derrumbó la economía a niveles históricamente desconocidos. ¿No debería el Gobierno, en vez de intentar entretenernos con una reforma que sólo busca impunidad, concentrar sus esfuerzos en cuestiones más acuciantes? Por ejemplo, ¿combatir con más eficiencia el COVID, sin destruir la economía y afectar las libertades? ¿O bajar el gasto público y los impuestos, para permitir a las PyMEs y a los emprendedores respirar y sobrevivir? ¿O afrontar el aumento de la delincuencia y la criminalidad, que ha llegado a niveles alarmantes? ¿O hacer que se restablezca con prontitud el sistema educativo? ¿Quizás hacer que los miles y miles de empleados públicos que no trabajan o lo hacen a medias, vuelvan a hacerlo para restablecer cierto equilibrio con el sector privado?

Hay mucho para hacer. Mucho, realmente. Pero al Gobierno no le interesa. Apenas “salvar la ropa” y ganar la impunidad. Mala noticia. No les saldrá bien.

El autor es presidente de la Fundación Libertad