Un retroceso alarmante en la política de defensa nacional

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En una medida que no sorprende pero alarma, el gobierno nacional acaba de derogar dos decretos del gobierno de Mauricio Macri que sirvieron de base para una política que intentó modernizar la defensa nacional para hacerla más acorde a las reales amenazas que sufren las naciones. Con esta derogación se reactivan decretos anteriores y una doctrina que prácticamente ya no se aplica en el mundo.

En el contexto internacional, la naturaleza de los conflictos ha cambiado en forma drástica. Hoy las amenazas tienen que ver cada vez menos con las típicas guerras convencionales entre Estados cuyos protagonistas son Fuerzas Armadas regulares con uniforme, bandera e insignias. De hecho, muchos Estados actúan con medios que van más allá de sus tropas regulares, incluyendo organizaciones irregulares, compañías militares privadas y promueven la acción de grupos terroristas. También, algunos países para cumplir sus objetivos estratégicos llevan adelante ciberataques y otros actos agresivos muy alejados de las tradicionales acciones militares. A esas amenazas por parte de Estados se suma la de otros actores no-estatales, como son las organizaciones terroristas y el crimen organizado transnacional en todas sus formas. En otras palabras, hoy en día las agresiones a una nación pueden presentarse como complejas combinaciones multidimensionales de medios tradicionales y no tradicionales, con intervención estatal y no-estatal.

La doctrina de 2018 contemplaba esta nueva realidad, no desde la teoría, sino desde la evidencia de una Argentina que sufrió el mayor ataque del terrorismo islámico transnacional en América Latina, el de la AMIA, que se ve atravesada de punta a punta por el narcotráfico, que tiene grandes dificultades para proteger sus fronteras y cuya riqueza ictícola es constantemente depredada por la pesca ilegal en el Atlántico Sur.

La forma de plasmarla fue a través del decreto 683, que modificaba el decreto reglamentario de la Ley de Defensa Nacional y del 703, que aprobaba una nueva Directiva de Política de Defensa Nacional, los dos decretos recién derogados.

Haciendo un poco de historia, la Ley de Defensa Nacional, promulgada en 1988, establecía en forma taxativa la separación conceptual entre defensa nacional y seguridad interior. En aquel momento político, a la luz de las experiencias de los gobiernos militares, los dirigentes de la época consideraron razonable acotar la misión primaria de las Fuerzas Armadas a la respuesta ante “amenazas externas” convencionales, excluyéndolas de los típicos asuntos de seguridad que se desarrollan fronteras adentro de un país.

En sintonía con dicha filosofía, dicho sea de paso hace rato superada en el mundo, el decreto reglamentario 727 de la Ley de Defensa, de 2006, promulgado durante el gobierno de Néstor Kirchner, o sea 18 años después de la ley que le dio origen, redobló la apuesta hacia una mayor radicalización de ese concepto.

En ese sentido el decreto 727 mantuvo firme el andarivel de utilización del instrumento militar limitándolo a agresiones de origen externo perpetradas por Fuerzas Armadas regulares pertenecientes a Estados, y a alguna que otra actividad subsidiaria. En concordancia, el decreto 1691, también de 2006, de “organización y funcionamiento de las Fuerzas Armadas”, estableció como misión principal del instrumento militar la de “conjurar y repeler toda agresión externa perpetrada por Fuerzas Armadas de otros Estados”.

La vuelta atrás en materia de política de defensa nacional que surge de la reactivación de ambos decretos agrava la situación de vulnerabilidad de Argentina, ya golpeada por la crónica escasez de recursos para las Fuerzas Armadas y también para las Fuerzas de Seguridad, que ha llegado muchas veces a situaciones de indignidad.

Cabe preguntarse, entonces, ¿cuál es la visión estratégica e intereses de aquellos que derogan una doctrina perfectible pero moderna y reimplantan una probadamente anacrónica, si la mayoría de los medios usuales de agresión externa contra Argentina que potencialmente utilizaría un actor estatal o no-estatal hoy, por restricción autoinfligida, dejan fuera de juego a nuestro instrumento militar de defensa?

¿Cómo contrarrestar sin el Ejército lo que acontece en nuestras porosas fronteras con cientos de puntos desguarnecidos si la Gendarmería Nacional en vez de estar allí se encuentra abocada a tareas de seguridad en los grandes centros urbanos? ¿O los déficits de Prefectura para prevenir y reprimir los pesqueros que ilegalmente ingresan a nuestra zona Económica Exclusiva del Mar Argentino, mientras los buques de la Armada duermen el sueño de los justos? La ausencia de control del espacio aéreo aprovechada por el narcotráfico si nuestros aviones de la Fuerza Aérea se encuentran en los hangares? Es evidente que Argentina tiene mucho que proteger por tierra, mar y aire y en la práctica no lo hace, ni lo hará de manera eficiente con estas medidas.

Las declaraciones ministeriales para justificar el cambio de doctrina, si se toman en forma literal, no ayudan a clarificar la situación. Como un intento de minimizar el impacto, se mencionan nuevos roles potenciales de las Fuerzas Armadas que los decretos nuevamente en vigencia no autorizarían.

Leyendo entre líneas, alarma el sesgo político/ideológico que se está dando a estas decisiones, lo que incluye el franco apoyo a miembros del bando de los perdedores internacionales, como lo es la narcodictadura despiadada de Nicolás Maduro, que ha causado todo tipo dolor y penurias a la población venezolana.

Es muy difícil de explicar una decisión inconsulta, que va en el sentido de debilitar en estos momentos las ya maltrechas capacidades de defensa nacional, tomada sin el debido debate, en un momento de profunda crisis nacional debido a la pandemia, en la que existen claramente otras prioridades nacionales. Y más aún en un contexto de supuesto diálogo en el que el ministerio invita a opositores a buscar consensos para modernizar ciertos aspectos de la política de defensa. Una vez más los ciudadanos nos encontramos tan atónitos frente a medidas abruptas que van en contra de nuestros intereses como nación como a los intentos de justificarlas con desalentadores relatos plagados de dobles mensajes.


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