
Todos los pronósticos económicos configuran una crisis de magnitudes nunca vistas, apabullantes y difíciles de superar. Y todo podría agravarse aún más si las circunstancias y las decisiones de alto nivel nos llevan a retornar a la Fase 1 de la cuarentena en medio de la pandemia, lo que implica inmovilidad total.
Los “chivos emisarios” ya no sirven como pretexto. La oscuridad no es culpa de los “ricos” que viajaron por países infectados en el primer trimestre del año. Tampoco son los runners que, aturdidos por el encierro de más de siete semanas, salieron ansiosos a ganar distancias.
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Por supuesto, varios funcionarios no aceptan como posible volver al aislamiento rígido. Y lo exponen como tema de la negociación en el amplio AMBA. Pero los contagios crecieron un 50 por ciento la semana pasada; o sea, 5.000 casos más y paralelamente 400 muertes.
El gobernador Axel Kicillof presencia que la ola es enorme y se muestra impotente para surfearla. El pico del contagio estará mostrando su rostro a lo largo de todo julio y agosto y nadie puede asegurar que el sistema sanitario en la Argentina está preparado para poder atender a todos los enfermos, como insiste el argumento oficial.
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Todos los días las crónicas periodísticas muestran fallas y ausencia de insumos sanitarios fundamentales para que trabajen como corresponde médicos, enfermeras y todos aquellos vinculados con ese esforzado universo. Ningún experto describe esta realidad en La Quiaca, están mostrando el proceso en el Gran Buenos Aires, a 10 kilómetros del Obelisco.
Como si la peste fuera poca cosa se vienen sumando en las últimas semanas dilemas políticos que sólo ahogan la marcha del Gobierno. Incluso en los distritos cercanos a la Capital se evidenció mucha tensión de las organizaciones sociales con los intendentes por la defectuosa distribución de la comida. Se trata de una “carga extra de ayuda”. Y un tema de voltaje político.
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Siguiendo datos de esas organizaciones, a fines de 2015, cuando el kirchnerismo fue vencido en las elecciones, se entregaba un millón de kilos de comida por mes que se distribuían en todo el país. El macrismo –dato que no se puede ocultar– multiplicó esa cifra por nueve. El ministro Daniel Arroyo ya efectuó dos desembolsos por un total de 30 millones a los 30 municipios para que fueran ellos los que se encargaran de paliar las necesidades. Las organizaciones sociales quedaron al margen y son las que denuncian ahora la ausencia del Estado. Tira y afloje. Y mucha presión.

El desastre económico se expresa a diario. Cierran empresas, se retiran del país anulan servicios indispensables. El titular de la Unión Industrial Argentina, Miguel Acevedo, que proviene de una sólida productora de aceite, ha dicho que son muy pocas las compañías que podrán aguantar las paralizaciones más allá de los próximos dos o tres meses.
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Por su parte Aerolíneas Argentinas suspende empleados y los únicos que hablan son los sindicalistas aliados a la Casa Rosada que juran que impedirán, por ejemplo, la salida del país de los aviones de Latam, víctima de la crisis de la aviación mundial y nacional. Ha perdido casi 250 millones de dólares en los últimos años. El apriete gremial es temible.
Los economistas tratan de obviar las consultas acerca del estado futuro del país. Los pocos que se animan a hablar en público entienden que la profundidad de la crisis no tendrá fondo, será una dimensión desconocida. Ya exhiben algunos ejemplos: cierre de comercios, hoteles, restaurantes, caída de cumplimientos fiscales y faltante de productos. Sus dueños ya están en quiebra.
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Pequeñas y medianas empresas muy conocidas se borran del mapa de la actividad cotidiana y arrastran esfuerzos de años; desaparecen fuentes de trabajo y dejan de cumplir con las obligaciones fiscales. La Cámara de la Construcción evidencia que sólo el 35% de las obras previstas y hasta iniciadas prometen continuar. El resto están paralizadas o demoradas por un tiempo indeterminado.
La actuación del presidente Alberto Fernández en el caso Vicentin acentuó no sólo la desesperanza del sector privado por la intromisión del Gobierno, sino que despertó la protesta ciudadana en todo el país y con todo el ruido de la protesta ciudadana.
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Los cacerolazos y el desfile automovilístico con bocinazos exhibió que gran parte de la ciudadanía rechaza las prácticas kirchneristas. A tal punto que el volumen del ruido obligó a Fernández a retroceder y optar por la propuesta del gobernador santafesino Omar Perotti, que resulta más potable y más civilizada para el Estado y para Vicentín, una compañía importante con fisuras y grandes grietas en toda su arquitectura financiera.
Los analistas inquirieron sobre los movimientos de Alberto. Fue tal el fervor que puso en Vicentin y tanta su frustración que se defendió llamando “facinerosos” a los titulares de esa inmensa compañía.
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El Presidente se habría dejado llevar por un senadora del camporismo. Como se sabe, los que participan del camporismo, una creación militante que forjó Máximo Kirchner, despliegan una ideología confusa. Es una mezcla de propuestas de izquierda caduca, de admiración y reivindicación por aquellos que combatieron al poder en la década del setenta; más un respaldo incondicional, casi ciego, a Cristina Fernández, la vicepresidenta.
A medida que pasa el tiempo, Alberto Fernández no es el mismo político que los ciudadanos consagraron Presidente. En las encuestas siguen confiando en él por el manejo sanitario de la pandemia, pero crece el número de los que lo ven actuando con las consignas y acciones del conocido y dañino cristinismo.
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