
El gobierno anunció un aumento de las jubilaciones para marzo de 2,3% más $1.500 todas las jubilaciones. Esta información era muy esperada ya que es la primera suba que se da tras la suspensión de la fórmula de actualización en diciembre. Con la fórmula anterior, el aumento hubiera sido de 11,56% para todos, mientras que este aumento beneficia con un 12.96% a los que reciben la mínima y va decreciendo a medida que los haberes sean mayores.
Desde el fin de la convertibilidad, los aumentos en las jubilaciones se fijaron en forma discrecional por el Poder Ejecutivo. Recién en 2008 el Congreso estableció una fórmula de actualización automática semestral basada en la recaudación de la ANSES y el crecimiento de los salarios. Luego, en 2017, frente a la expectativa de que los salarios y la recaudación crecieran y la inflación bajara, se aprobó una actualización trimestral basada en 70% en la inflación y 30% en el aumento del salario. Pero la inflación creciente y la caída en la recaudación generaron que la fórmula recargara aún más las arcas del gobierno. La administración entrante congeló la fórmula por 180 días y llamó a discutir un nuevo cálculo de actualización.
El gobierno de Alberto Fernández dio un bono de 5.000 pesos en diciembre y enero para las jubilaciones mínimas. Así, incrementó en un 35% el haber de casi la mitad de los jubilados y pensionados. Con el aumento anunciado para marzo, el haber mínimo de estos jubilados pasará de $ 14.068 a $ 15.891 mientras que el total de beneficios subirán, en promedio $1980, llegando a los $22.881 pesos.
La estrategia del gobierno debe ser evaluada desde distintos ángulos. Primero, se da en un contexto heredado de alta inflación y caída en la recaudación real. Además, los gastos en seguridad social representan el 62% del gasto primario del Presupuesto asignado para este año. Por otra parte, en términos de equidad e igualdad, el aumento anunciado este viernes prioriza mantener el poder adquisitivo de los que menos ganan en detrimento de los de mayores ingresos. Teniendo en cuenta que el haber promedio es cercano a 20.000 pesos, es discutible que la jubilación mínima sea la referencia a utilizar para evaluar el aumento. Por otro lado, los aumentos diferenciados generan un achatamiento de la pirámide de beneficios que le quita previsibilidad a un sistema que ya de por sí presenta muchas falencias.
En este contexto se vuelve imperiosa la necesidad dotar de mayor certidumbre a los haberes jubilatorios mediante un esquema de actualización que se adecue al contexto argentino. El futuro debate deberá construir consensos intersectoriales para que la fórmula sea sostenible en el largo plazo, teniendo en cuenta tanto la situación macroeconómica y presupuestaria, como el perfil de vulnerabilidad específico de cada grupo de adultos mayores. A su vez, un sistema jubilatorio sostenible en el tiempo requiere desarrollar estrategias que promuevan una mayor tasa de actividad por parte de la población (principalmente la de las mujeres) y que permitan reducir la informalidad del mercado laboral y de este modo, incrementar los ingresos para jubilaciones y pensiones. Esto urge en un contexto de transición demográfica en donde la proporción de personas dependientes comprometerá, para 2040, la capacidad de las personas en edad de trabajar de solventar un pacto de solidaridad intergeneracional.
El autor es investigador asociado del programa de Protección Social de CIPPEC
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