
La organización ambiental Greenpeace México solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que atraiga el caso de Wilberth Alfonso Nahuat Puc, un defensor indígena maya, subcomisario de la comunidad de Santa María Chi, en Mérida, Yucatán, quien se ha opuesto durante años a la operación de una megagranja porcícola y que actualmente enfrenta una denuncia penal promovida por la empresa a la que se opone.
A través de redes sociales, la organización inició una campaña para solicitar al máximo tribunal atraer el caso que, aseguran, pone en riesgo al defensor ambiental. “Hoy, su libertad y seguridad están en riesgo por defender su territorio y los derechos de su comunidad”, afirma Greenpeace México.
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Wilberth Alfonso se opone a una megagranja que contamina pozos y cenotes mayas
Desde años, Wilberth Alfonso, junto con la comunidad de Santa María Chi, se opuso a una megagranja porcícola que ha contaminado los pozos y cenotes de la región, causando un daño no solo al medio ambiente, sino también a los habitantes.
La comunidad se organizó y emprendió acciones legales para que la megagranja frene sus operaciones, lo cual se logró, sin embargo, la empresa responsable emprendió una criminalización al defensor Wilberth al presentar una denuncia penal en su contra, “incluyendo acusaciones de privación ilegal de la libertad”, según asegura Greenpeace.

Para la organización, el objetivo de esta persecución al defensor indígena es claro: frenar su activismo y silenciar las denuncias por el daño causado. Ello ha despertado temor y preocupación por su vida y libertad, así como la seguridad de su familia.
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En 2024, Wilberth solicitó “su incorporación urgente al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la cual le fue negada en junio de 2025 argumentando erróneamente que su situación derivaba de un simple conflicto entre particulares”, denuncia Greenpeace.
Ante ello, Wilberth promovió un juicio de amparo para que pueda vincularse la relación entre su labor como defensor y la criminalización de la que es víctima, sin embargo, la protección volvió a ser negada. De acuerdo al recuento de Greenpeace, fue el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán quien negó el amparo para solicitar la incorporación de Wilberth, “ignorando el contexto de violencia generalizada, hostigamiento y criminalización que enfrentan las personas defensoras indígenas del territorio y la naturaleza en México”, señala la organización ambiental.
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“Hoy, su libertad y seguridad están en riesgo por defender su territorio y los derechos de su comunidad. Defender el medio ambiente no es un crimen. La Suprema Corte de Justicia de la Nación puede intervenir”, comparte la organización a través de un video publicado en sus redes sociales para solicitar que se difunda el caso.
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