
Juan Manuel Muñoz Luévano, el empresario coahuilense conocido como “El Mono” Muñoz, habría sido detenido el martes en una zona céntrica de Madrid, España, según reportes. Se trataría de su tercera aprehensión en una década marcada por acusaciones de narcotráfico, lavado de dinero y huachicol.
De acuerdo con la información que ha trascendido, la detención fue realizada por la tarde por agentes de la Policía española que habrían ejecutado la orden tras recibir un requerimiento de la justicia de Estados Unidos. Hasta el momento, ninguna autoridad de México, España o Estados Unidos ha brindado información al respecto.
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Dos mil cien kilos de cocaína movidos en seis días: la primera vez que fue detenido
La primera vez que Muñoz Luévano fue detenido en Madrid fue el 18 de marzo de 2016. Durante el cateo a su vivienda en la urbanización madrileña de Las Tablas, agentes de la Policía española aseguraron dos computadoras con registros financieros detallados.

Los archivos mostraban el trasiego de 2,100 kilos de cocaína y 75 millones de dólares entre el 11 y el 17 de febrero de 2012, una operación de apenas seis días de la que se repatriaron 63 millones de euros a Los Zetas.
Las mismas computadoras contenían el registro de 59 entregas de dinero en efectivo a jefes de la organización, transportado en bolsas de viaje, maletas y cajas de cartón en hoteles del centro de Ciudad de México.
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Un informe policial basado en escuchas telefónicas de varios meses documentó presuntas órdenes de Muñoz Luévano a sicarios para ejecutar golpizas, secuestros y asesinatos en México. Entre ellas figuraba un plan para matar a una fiscal de Coahuila.
Las mismas escuchas lo vincularon, de forma no confirmada judicialmente, con los hermanos Rubén y Humberto Moreira Valdés, con el procurador de Coahuila Homero Ramos Gloria, con el exalcalde de Monterrey Adrián de la Garza Santos y con el exfiscal coahuilense Jesús Torres Charles. Todos negaron cualquier nexo con Muñoz Luévano.
La investigación no se detuvo con su encarcelamiento. En marzo de 2017, agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional española detuvieron a ocho colaboradores de su red en operativos simultáneos en Madrid y Valencia. Entre los arrestados estaban su esposa y su hijo, señalados de participar en el blanqueo de capitales de la organización.
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El Consejo de Ministros español había aprobado su extradición a Estados Unidos desde el 7 de marzo de ese año, pero la Fiscalía Anticorrupción española retrasó el proceso al exigir que primero enfrentara juicio en España por el expediente abierto en la Audiencia Nacional. La entrega se concretó el 28 de febrero de 2019, cuando agentes del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos lo recogieron en una pista del aeropuerto de Barajas y lo trasladaron a Texas.
Seis cargos que se redujeron a uno
El expediente SA15CR0024, abierto en el Distrito Oeste de Texas, acusaba a Muñoz Luévano de seis delitos: cuatro relacionados con posesión, importación y distribución de cocaína, uno por uso de armas para sostener una empresa criminal y uno más por lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
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En mayo de 2019, el fiscal auxiliar Russell Leachman sustituyó la acusación original por un documento de “información criminal” que dejó fuera cinco de los seis cargos. Muñoz Luévano se declaró culpable únicamente de conspiración para lavado de dinero ante el juez federal David Ezra, en la Corte Federal de San Antonio.
A cambio de su cooperación como informante, entre cuyos objetivos figuraba el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, obtuvo una reducción frente a la pena inicial de hasta 20 años de prisión. Recibió sentencia el 9 de mayo de 2024, equivalente al tiempo ya cumplido en libertad condicional, y quedó libre ese mismo día.
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El SAT le canceló una deuda de 92.5 millones de pesos mientras enfrentaba cargos en Texas

En agosto de 2019, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, con Muñoz Luévano procesado en Estados Unidos, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) canceló una deuda fiscal de 92.5 millones de pesos a su empresa Estación de Servicio Mira Sierra SA de CV, con sede en Saltillo, Coahuila, según documentó Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad.
La cancelación formó parte de un paquete de condonaciones fiscales por 126,000 millones de pesos otorgado entre agosto y octubre de ese año, que también benefició a empresas vinculadas al esquema conocido como La Estafa Maestra y al fraude financiero de Ficrea.
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Pese a la investigación federal abierta en su contra desde 2015, la Comisión Reguladora de Energía le había otorgado en enero de 2016 una concesión a 30 años para transportar combustible en la Comarca Lagunera, y en marzo de 2017 un permiso para operar una gasolinera en un ejido de Saltillo, ambos trámites aprobados durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Su segunda detención
Regresó a Coahuila tras quedar libre en 2024 y menos de un año después fue capturado nuevamente: el 22 de mayo de 2025, la FGR y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional lo localizaron en un fraccionamiento residencial de Torreón tras semanas de vigilancia.
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Fue detenido por amenazas y posesión simple de narcóticos, en el contexto del aseguramiento de una unidad de carga con hidrocarburo sin acreditación de procedencia legal. Un juez de control lo dejó en libertad condicional dos días después.
En septiembre de 2025, la FGR lo incorporó a una carpeta de investigación contra distribuidores señalados de comercializar combustible introducido ilegalmente desde Estados Unidos. Según reportó Reforma, ese expediente está vinculado con la detención del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y nueve elementos navales, acusados de permitir el ingreso irregular de 31 buques con huachicol fiscal a través de las aduanas de Altamira y Tampico.
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La periodista Anabel Hernández lo señaló públicamente en julio de 2026, durante la mesa de análisis de Aristegui en Vivo, como uno de los presuntos operadores de esa red, después de que su nombre apareciera también vinculado al caso del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, detenido semanas antes por su presunta participación en el mismo esquema. “Estamos hablando de un caso de tráfico ilegal de hidrocarburos gigante y, hasta este momento, la Fiscalía General de la República no es capaz de detenerlo”, dijo la periodista.
Muñoz Luévano es propietario de una cadena de estaciones de servicio en la Comarca Lagunera, además de negocios de transporte, agropecuarios, bares y agencias de publicidad en Coahuila.
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