
El Pleno del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ratificó este miércoles, por unanimidad, la inhabilitación de un año impuesta a Rosario Robles Berlanga para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público federal, después de que la exsecretaria de Estado omitió una cuenta bancaria a su nombre en sus declaraciones patrimoniales durante su gestión en el gobierno de Enrique Peña Nieto.
La sanción, que también ordena inscribir a Robles Berlanga en el Registro de Servidores Públicos Sancionados, no tendrá efectos retroactivos a 2019 ni a 2023. El plazo de un año comenzará a correr a partir de la notificación formal del fallo emitido en la sesión pública de este 18 de noviembre de 2026.
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Con este fallo, el TFJA cerró un proceso administrativo que se extendió por más de siete años, iniciado cuando la entonces Secretaría de la Función Pública (SFP) detectó irregularidades en el patrimonio declarado por la exfuncionaria durante su paso por dos de las secretarías de Estado más grandes del gobierno federal.
La SFP detectó una cuenta bancaria que Robles nunca declaró

El origen del caso se remonta a la gestión de Irma Eréndira Sandoval Ballesteros al frente de la SFP, quien ordenó auditar la evolución patrimonial de Robles Berlanga correspondiente a sus periodos como titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol, 2012-2015) y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu, 2015-2018).
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La auditoría reveló que la exfuncionaria omitió registrar una cuenta bancaria a su nombre en las declaraciones patrimoniales que estaba obligada a presentar como servidora pública. La autoridad consideró que esa omisión constituía una falta de veracidad en la información patrimonial.
En septiembre de 2019, la SFP dictó una inhabilitación de 10 años. Robles Berlanga impugnó la resolución ante un Tribunal Colegiado, el cual falló en su contra y anuló la sanción original. Eso obligó a la dependencia a reabrir el expediente y emitir una nueva determinación.
En junio de 2023, la SFP dictó un segundo fallo que redujo la inhabilitación a un año. Fue esa resolución la que llegó al TFJA, nuevamente impugnada por la exsecretaria.
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El TFJA descartó la doble sanción que argumentó Robles

Ante el Pleno del Tribunal, Robles Berlanga sostuvo que la autoridad pretendía sancionarla dos veces por los mismos hechos, lo que vulneraría el principio jurídico conocido como non bis in idem, que prohíbe juzgar a una persona más de una vez por la misma conducta.
Los magistrados del TFJA desestimaron el argumento. Determinaron que la resolución de 2023 no constituyó una segunda sanción, sino la continuación del procedimiento administrativo iniciado en 2019, el cual fue interrumpido por la decisión del Tribunal Colegiado que anuló el fallo original. En ese sentido, concluyeron que no hubo violación al debido proceso.
Por unanimidad de votos, el Pleno confirmó la inhabilitación de un año y la inscripción de la exfuncionaria en el padrón de servidores públicos sancionados.
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La sanción surte efectos a partir de la notificación formal de la resolución. Mientras ese trámite no se concrete, Robles Berlanga no estará formalmente impedida de ejercer un cargo público.
La absolución penal por la Estafa Maestra permanece intacta

El fallo administrativo del TFJA es independiente del proceso penal que la exsecretaria enfrentó por el caso conocido como la Estafa Maestra, que involucró el presunto desvío de más de 5,000 millones de pesos a través de convenios entre dependencias federales, universidades públicas y empresas sin actividad real.
En ese expediente, el juez de control Roberto Paredes Gorostiza Femat decretó el sobreseimiento de la causa penal en febrero de 2023, con efectos de sentencia absolutoria. El juez consideró que las conductas imputadas a Robles correspondían a posibles responsabilidades administrativas, no al delito de ejercicio indebido del servicio público que le atribuía la Fiscalía General de la República (FGR).
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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) interpuso un amparo directo en revisión para impugnar esa absolución. En octubre de 2024, la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó ese recurso por unanimidad, con proyecto del entonces ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Con esa decisión, el caso penal quedó cerrado de forma definitiva.
Robles Berlanga estuvo presa durante aproximadamente tres años mientras se desarrolló el proceso penal, antes de obtener la absolución que el máximo tribunal del país dejó firme en 2024.
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