
El gobierno de México presentó en la COP31, en Antalya, Türkiye, la primera Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático, ADAPTAMX 1.0, con un horizonte a 2035 y 40 medidas para anticipar riesgos y proteger a las poblaciones más expuestas.
Durante el segmento de alto nivel de la conferencia, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Enrique Ochoa, reiteró el compromiso de México con el Acuerdo de París y pidió redoblar esfuerzos para lograr la meta global de cero deforestación en 2030.
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El subsecretario de Desarrollo Sostenible y Economía Circular de la Semarnat, José Luis Samaniego Leyva, señaló que los daños por fenómenos hidrometeorológicos en México se estimaron en 7 mil 200 millones de dólares entre 2018 y 2023.
Añadió que, de no tomarse medidas, las pérdidas económicas acumuladas hacia finales de siglo podrían alcanzar hasta nueve veces el producto interno bruto de México de 2024.
El director general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), José Abraham Ortínez Álvarez, explicó que ADAPTAMX se elaboró con base en diagnósticos regionales y sectoriales, además de siete talleres y tres mesas temáticas que reunieron a 667 personas.
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El proceso integró evidencia científica con la experiencia de quienes habitan y gestionan los territorios.
“ADAPTAMX es el resultado de un esfuerzo colectivo”, afirmó Ortínez Álvarez, quien destacó que la colaboración entre gobiernos, academia, sociedad civil, comunidades y juventudes será fundamental para implementar las medidas.
En un mensaje en video, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, señaló que, bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, México construyó esta política desde los territorios, con evidencia científica y saberes comunitarios. Indicó que las comunidades rurales, los pueblos indígenas, las poblaciones insulares y los sectores de menores ingresos enfrentan mayores riesgos ante el cambio climático.
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“Adaptarnos no significa resignarnos al cambio climático, significa prepararnos y anticiparnos a sus impactos, significa reducir las desigualdades, significa proteger a las personas y significa construir un futuro más justo y resiliente para las próximas generaciones”, enfatizó Bárcena.
ADAPTAMX responde al mandato de la Ley General de Cambio Climático
La política desarrolla las prioridades de adaptación de la tercera Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC 3.0) y ofrece a la Federación, los estados y los municipios criterios para incorporar los riesgos climáticos en sus planes y orientar los recursos públicos a las necesidades de cada región.
En esta primera etapa, ADAPTAMX profundiza en dos de los peligros climáticos relacionados con el agua: las sequías y las lluvias torrenciales.
La política evolucionará de manera progresiva para incorporar nuevos riesgos, fortalecer las medidas de adaptación y avanzar en sus mecanismos de implementación, seguimiento y financiamiento.
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Samaniego Leyva subrayó que “el reto que tenemos ahora es pasar del qué al cómo, articular las capacidades de la Federación, de los estados y de los municipios, llevar la adaptación a las decisiones presupuestarias y territoriales y convertir las prioridades nacionales en acciones pertinentes para cada región”.
Pide acelerar la reducción de emisiones y ampliar el financiamiento climático
Ochoa destacó que alcanzar la neutralidad de carbono a mediados de siglo, en línea con la NDC 3.0, constituye una prioridad nacional bajo el liderazgo de la presidenta Sheinbaum.
Sostuvo que cada año que se aplaza una inversión en adaptación deja a más comunidades en situación de vulnerabilidad y que México participa en la COP con la justicia social como eje central de la política climática nacional.
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Subrayó la necesidad de acelerar la reducción de emisiones, fortalecer la adaptación y atender las pérdidas y daños, así como ampliar el acceso al financiamiento y a la tecnología como un acto de justicia climática.
Indicó también la necesidad de reconocer el papel del océano en la acción climática y desarrollar un mecanismo de transición justa hacia economías bajas en emisiones, con modelos productivos que tomen en cuenta los derechos laborales, la perspectiva de género y la visión de los pueblos indígenas.
Concluyó que resulta imperativo que la arquitectura ambiental construida a lo largo de tres décadas sea más coherente y eficiente para enfrentar los retos del planeta.
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El subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Enrique Javier Ochoa Martínez, destacó además que México impulsa una cooperación internacional que facilite el acceso al financiamiento climático y a la tecnología.
Señaló que los compromisos adoptados en las conferencias climáticas deben contar con los recursos necesarios para traducirse en proyectos e inversiones que mejoren las condiciones de vida de las comunidades más vulnerables.
La Plataforma Nacional de Riesgos Climáticos y Adaptación permitirá consultar información sobre riesgos presentes y futuros bajo distintos escenarios de cambio climático.
La Ruta para la Adaptación ayudará a gobiernos, comunidades, organizaciones y empresas a identificar medidas según el riesgo que enfrentan, el sector en el que actúan y el territorio donde se ubican.
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La coordinadora general Celia Pigueron explicó que los efectos del cambio climático en México ya se reflejan en la disponibilidad de agua, la biodiversidad, la producción agrícola y la seguridad alimentaria, de manera distinta en cada región.
Por ello, señaló, ADAPTAMX 1.0 parte de diagnósticos regionales y sectoriales para identificar dónde se concentran los mayores riesgos.
El Fondo Verde para el Clima aprobó 2.8 millones de dólares para un proyecto de apoyo preparatorio, a cargo del Instituto Global para el Crecimiento Verde, destinado a fortalecer las capacidades nacionales de adaptación y apoyar el desarrollo de la política.
Gobiernos estatales, Senado y juventudes respaldan la implementación de ADAPTAMX
El presidente de la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales (ANAAE) y secretario de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo, Óscar Rébora, destacó el papel de los gobiernos estatales en la implementación.
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“Hoy México cuenta con una ruta nacional, y desde los estados estamos listos para convertir esta política en acciones concretas que protejan a las personas y fortalezcan la resiliencia de nuestros territorios”, señaló.
La presidenta del Consejo de Cambio Climático de México, Tzinnia Carranza López, afirmó que “no puede existir adaptación sin participación social ni sin presencia en los territorios”.
Añadió que la política deberá fortalecerse de forma continua con la participación de las comunidades, evidencia científica y un enfoque de derechos humanos, género e interculturalidad.
La senadora Maki Esther Ortiz Domínguez afirmó que “adaptarse es proteger la vida”, al señalar que la adaptación implica garantizar agua, alimentos, salud y vivienda a quienes enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad.
Destacó que el Senado puede contribuir a fortalecer el marco legal, la coordinación entre órdenes de gobierno y la continuidad de las acciones.
La diputada federal Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez subrayó que “la adaptación necesita respaldo legislativo y presupuestario”.
Planteó que las medidas se traduzcan en proyectos con objetivos y responsabilidades claras, con seguimiento a los recursos destinados a reducir riesgos y reconocimiento a las aportaciones de las mujeres, las comunidades indígenas y afromexicanas, los ejidos y los núcleos agrarios.
El representante de YOUNGO para Adaptación, Leonardo Morales Hernández, afirmó que “la adaptación exige una acción climática más ambiciosa, incluyente y con equidad intergeneracional”.
Comentó que ADAPTAMX 1.0 abre una oportunidad para que las juventudes tengan acceso a información y participen en el diseño de soluciones que respondan a las necesidades de sus comunidades.
ADAPTAMX 1.0 se organiza en seis ejes: población y territorio, sistemas productivos, biodiversidad y servicios ecosistémicos, gestión del agua, infraestructura estratégica y patrimonio cultural tangible, así como seguridad y cambio climático.
Las siguientes etapas ampliarán el análisis a otros riesgos climáticos, desarrollarán un sistema de evaluación de avances y permitirán formular proyectos con potencial de financiamiento.
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Durante el segmento de alto nivel de la Conferencia de las Partes 31 (COP 31) en Antalya, Türkiye, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Enrique Ochoa, reiteró el compromiso de México con la acción multilateral y el Acuerdo de París para hacer frente al cambio climático.
Destacó que bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum alcanzar la neutralidad de carbono a mediados de siglo, en línea con la tercera Contribución Nacionalmente Determinada (NDC 3.0), constituye una prioridad nacional.
Se refirió igualmente al lanzamiento de la Política Nacional de Adaptación que permitirá fortalecer capacidades para anticipar y reducir riesgos climáticos como sequías y lluvias torrenciales.
Sostuvo que cada año que se aplaza una inversión en adaptación deja a más comunidades en situación de vulnerabilidad. Sostuvo que México participa en la COP con la justicia social como eje central de la Política Climática Nacional.
En ese contexto, subrayó la necesidad de acelerar la reducción de emisiones, fortalecer la adaptación y atender las pérdidas y daños, así como ampliar el acceso al financiamiento y a la tecnología como un acto de justicia climática.
Indicó también la necesidad de reconocer el papel del océano en la acción climática y desarrollar un mecanismo de transición justa para avanzar hacia economías bajas en emisiones, con modelos productivos sostenibles que tomen en cuenta los derechos laborales, la perspectiva de género y la visión de los pueblos indígenas.
Por último, manifestó la necesidad de redoblar esfuerzos para lograr la meta global de cero deforestación en 2030.
Concluyó que resulta imperativo que la arquitectura ambiental construida a lo largo de tres décadas sea más coherente y eficiente para enfrentar los retos del planeta.
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