
Las empresas mexicanas y extranjeras deberán registrar de forma electrónica la jornada de cada empleado a partir del 1 de enero de 2027 en apego a la reforma a la Ley Federal del Trabajo. A menos de dos meses de esa fecha, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) aún no ha publicado las reglas para aplicarla, según alertó el maestro en Derecho Laboral, Jorge Antonio Loyo Pérez, académico del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana.
El corporativo que incumpla con este registro se expone a multas de entre 250 y 5,000 Unidades de Medida y Actualización. Si los registros se pierden o no existen, la legislación presume como verdadero lo que declare el trabajador ante cualquier litigio por horas extra, con lo que la carga de la prueba recae íntegramente sobre el patrón.
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Para Loyo Pérez, la reforma representa el intento legislativo “más ambicioso” de las últimas décadas por fiscalizar el tiempo efectivo de trabajo y poner freno a las jornadas excesivas. Sin embargo, la ausencia de lineamientos oficiales traslada a las compañías y a los tribunales la responsabilidad de interpretar una ley que, en la práctica, debe aplicarse en contextos muy distintos: teletrabajo, plataformas digitales y empleos itinerantes donde los horarios fijos dejaron de existir hace años.
La STPS debía emitir reglas sobre excepciones, alcances y mecanismos de operación, y no lo ha hecho
El especialista identificó tres vacíos que la autoridad no ha resuelto:
- Pausas obligatorias: Si el sistema exige marcar cada vez que un trabajador se toma un descanso amparado por la Ley Silla o por el periodo de lactancia, el marcaje generaría horas extra ficticias y paralizaría la operación.
- Desconexión digital: Sin normas claras, los sistemas no bloquean el acceso fuera del horario ni durante vacaciones.
- Trabajo asíncrono: Quien labora por objetivos se mide por resultados, no por el tiempo que permanece conectado.

“Un registro electrónico de la jornada que se implementa de espaldas a la ergonomía, la desconexión psicosocial y la flexibilidad operativa no protege al trabajador; únicamente burocratiza el descanso”, sostuvo Loyo Pérez ante Prensa IBERO.
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El académico subrayó también que se ha confundido el control de asistencia con vigilancia digital invasiva. La ley solo requiere anotar la hora de inicio y de cierre de la jornada, algo que puede resolverse con una plataforma web o un código QR. El uso de huella dactilar o reconocimiento facial es técnicamente válido, pero obliga a contar con un aviso de privacidad sólido, dado que esos sistemas procesan datos sensibles.
El especialista propone que las firmas adopten ya tecnología proporcional sin esperar a la autoridad
Ante el vacío normativo, Loyo Pérez planteó una serie de lineamientos para que las organizaciones cumplan sin caer en la hipervigilancia:
- Limitar el registro a entrada y salida.
- Areditar los descansos mediante políticas internas y anexos contractuales, no con marcajes individuales.
- Las plataformas digitales, contabilizar el tiempo desde que se acepta una tarea hasta que concluye, incluida la espera entre encargos.
Para el trabajo en campo, sugirió que la geolocalización opere únicamente al inicio y al cierre de la jornada. Las microempresas, en particular, deberían firmar con cada colaborador una cláusula que valide el sistema elegido, de modo que el registro sirva como prueba plena ante un tribunal.
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Los archivos deberán conservarse hasta un año después de concluida la relación laboral. El especialista convocó a las compañías a no esperar la publicación de las normas oficiales y a adoptar desde ahora contratos claros y herramientas proporcionales, para que la medida garantice la salud y el descanso del personal.
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