El gobierno de la 4T pierde terreno frente al avance del crimen organizado digital

El crimen organizado ya no necesita controlar una plaza, instalar retenes o desplegar hombres armados para ampliar su poder. Ahora también opera mediante redes de extorsión telefónica, robo de información, ataques de ransomware, criptomonedas y mercados clandestinos de datos.

Mientras estas organizaciones diversifican y profesionalizan sus actividades en el entorno digital, México enfrenta el desafío de desarrollar una política de seguridad capaz de responder a una amenaza que ya no reconoce fronteras entre el mundo físico y el virtual.

Durante décadas, la imagen del crimen organizado en el país estuvo asociada con el control territorial, las rutas del narcotráfico, las disputas entre cárteles y los enfrentamientos armados.

Sin embargo, esa perspectiva resulta insuficiente para explicar la dimensión actual de las estructuras delictivas. El poder criminal también se construye, se financia y se expande en el ciberespacio, donde existen nuevas oportunidades para obtener recursos, vulnerar instituciones, extorsionar a ciudadanos y comprometer información de empresas y gobiernos.

La transformación es profunda. Las organizaciones criminales pueden utilizar criptomonedas para movilizar recursos, recurrir a bases de datos robadas para identificar víctimas, desplegar campañas masivas de fraude mediante llamadas y aplicaciones de mensajería, contratar servicios especializados de ciberdelincuencia e incluso aprovechar infraestructuras de ransomware para paralizar organizaciones y exigir rescates.

El territorio criminal ya no se limita a un espacio geográfico: también comprende servidores, redes de comunicación, plataformas financieras, sistemas informáticos y bases de datos. El problema es que la respuesta del Estado mexicano todavía enfrenta importantes rezagos de coordinación, capacidad operativa y actualización institucional para atender esta nueva dimensión de la delincuencia.

La economía criminal también se digitaliza

Uno de los principales desafíos para las autoridades es la creciente relación entre el crimen organizado y las tecnologías financieras. Los criptoactivos, particularmente las monedas estables o stablecoins, ofrecen mecanismos de transferencia internacional que pueden ser aprovechados tanto por usuarios legítimos como por redes dedicadas al lavado de dinero y otras actividades ilícitas.

De acuerdo con Chainalysis, las direcciones de criptomonedas vinculadas con actividades ilícitas recibieron al menos 154 mil millones de dólares durante 2025. La firma estimó que las stablecoins concentraron aproximadamente 84% del volumen de transacciones ilícitas identificado en ese ecosistema.

Su relativa estabilidad de precio, liquidez y facilidad para realizar transferencias transfronterizas las convierten en instrumentos atractivos para determinados actores criminales. Esto no significa que las criptomonedas sean ilícitas por naturaleza, sino que su utilización en actividades delictivas exige capacidades de rastreo financiero y cooperación internacional cada vez más sofisticadas.

A este escenario se suma el crecimiento del ransomware, un modelo delictivo que evolucionó de ataques ejecutados por individuos aislados a estructuras organizadas que comercializan herramientas, accesos, infraestructura y servicios de extorsión. En este esquema, quienes ejecutan un ataque no necesariamente desarrollaron el programa malicioso: pueden adquirir o contratar los recursos necesarios para vulnerar una organización y obtener beneficios económicos.

La dimensión regional confirma la magnitud del problema. Recorded Future documentó 452 incidentes de ransomware en América Latina y el Caribe durante 2025, de los cuales 78 afectaron a organizaciones mexicanas. Entre los sectores más perjudicados en la región estuvieron manufactura, salud, gobierno, tecnologías de la información y educación.

El riesgo va mucho más allá del robo de información. Un ataque puede interrumpir servicios hospitalarios, comprometer sistemas administrativos, detener líneas de producción, afectar operaciones logísticas y provocar pérdidas económicas que repercuten incluso en organizaciones que no fueron atacadas directamente.

México: entre la extorsión tradicional y la industrialización del fraude digital

En México, la convergencia entre delincuencia organizada y ciberdelincuencia ya tiene manifestaciones concretas. Las herramientas digitales permiten ampliar los mecanismos de operación, reducir la exposición física de los responsables y multiplicar el número de víctimas potenciales.

Durante octubre de 2026, la Unidad de Investigación de SILIKN documentó la actividad de redes como CyberCartel, vinculadas con esquemas que combinan fraude, robo de información y extorsión mediante infraestructura tecnológica especializada. Estos casos reflejan una tendencia preocupante: la profesionalización de los servicios criminales y la integración de distintas modalidades delictivas dentro de un mismo ecosistema.

La extorsión telefónica también evidencia esta transformación. De acuerdo con el monitoreo de la Unidad de Investigación de SILIKN, los intentos de fraude, estafa y extorsión telefónica registraron incrementos de hasta 90% durante 2026. La cifra fue retomada en un reportaje publicado por Expansión el 5 de noviembre de ese año.

Es importante precisar que se trata de datos de monitoreo privado y no de una estadística oficial nacional. Por tanto, deben interpretarse como un indicador de riesgo y no como una medición exhaustiva de todos los delitos cometidos en el país.

El cambio en las modalidades de operación es evidente. La extorsión ya no requiere que el delincuente tenga presencia física en el lugar donde se encuentra la víctima. Una red puede operar mediante centros de llamadas clandestinos, números telefónicos desechables, perfiles falsos, información personal filtrada y sistemas automatizados capaces de contactar simultáneamente a miles de personas.

El acceso a datos personales representa una ventaja decisiva. Cuando los delincuentes conocen nombres, domicilios, teléfonos, relaciones familiares, actividades económicas o información laboral, pueden diseñar engaños más convincentes y aumentar las posibilidades de obtener dinero o información adicional.

Las bases de datos robadas se han convertido, además, en mercancía dentro de la economía criminal. La información obtenida mediante filtraciones, ataques informáticos o accesos indebidos puede circular entre diferentes grupos y utilizarse para cometer fraudes, suplantaciones de identidad, amenazas y extorsiones.

La digitalización del delito no ha sustituido a la violencia tradicional; ha ampliado sus posibilidades de operación y reducido, en determinadas circunstancias, la exposición de quienes la cometen.

El registro telefónico no sustituye una estrategia de seguridad

Uno de los ejemplos más recientes de las limitaciones de la estrategia gubernamental es el registro obligatorio de líneas telefónicas, impulsado por la administración de la llamada Cuarta Transformación (4T) como una medida para combatir el fraude y la extorsión.

La iniciativa parte de una premisa aparentemente sencilla: vincular cada número telefónico con la identidad de su titular para reducir el anonimato utilizado por los delincuentes. Sin embargo, el problema es que las estructuras criminales no dependen exclusivamente de tarjetas SIM adquiridas sin identificación.

También pueden recurrir a servicios de telefonía por internet (VoIP), suplantación del identificador de llamadas (spoofing), sistemas automatizados de marcación, identidades robadas, prestanombres e infraestructura tecnológica ubicada fuera del país.

Los datos disponibles obligan a cuestionar si el registro de líneas, por sí solo, puede producir los resultados esperados. Al 5 de octubre de 2026, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones reportaba 91.8 millones de líneas vinculadas, equivalentes a 57% de los aproximadamente 161 millones de números en operación. Paralelamente, el monitoreo de SILIKN identificó un incremento de hasta 90% en los intentos de fraude y extorsión durante 2026.

Ambas cifras no permiten establecer una relación causal ni demostrar que el registro haya fracasado. Sin embargo, sí muestran que el cumplimiento de esta obligación administrativa no puede confundirse con una solución integral al problema.

La crítica de fondo es la desproporción entre las obligaciones impuestas a los ciudadanos y las capacidades institucionales para perseguir a las organizaciones criminales. Mientras millones de usuarios deben entregar información personal y cumplir procedimientos administrativos, los delincuentes pueden recurrir a infraestructura internacional, tecnologías de anonimización y mecanismos de suplantación que evaden los controles convencionales.

Además, la concentración de información personal en sistemas de registro abre otro frente de preocupación: la privacidad y la seguridad de los datos recopilados. Una medida concebida para combatir la delincuencia podría generar nuevos riesgos si la infraestructura que almacena esa información no cuenta con mecanismos suficientes de protección.

La administración federal tiene que demostrar con indicadores verificables si esta política está produciendo resultados. ¿Cuántas redes de extorsión han sido desmanteladas? ¿Cuántos responsables han sido detenidos? ¿Cuántas víctimas se han evitado? ¿Qué mecanismos existen para impedir el uso indebido de los datos recopilados?

Sin respuestas respaldadas por información pública, el cumplimiento administrativo corre el riesgo de presentarse como un avance en seguridad sin demostrar que realmente está debilitando a las organizaciones criminales.

La deuda institucional de la 4T en ciberseguridad

El problema también tiene una dimensión estructural. Durante años, México ha carecido de un marco integral que articule las responsabilidades de las autoridades federales, estatales y municipales frente a las amenazas digitales.

La Estrategia Nacional de Ciberseguridad publicada en 2017 representó un antecedente importante, pero el panorama tecnológico y criminal exige actualizar los mecanismos de prevención, investigación y respuesta.

Es necesario reconocer que el Gobierno federal publicó el 17 de diciembre de 2025 la Política General de Ciberseguridad para la Administración Pública Federal, un instrumento que establece lineamientos para fortalecer la protección de la información gubernamental y la seguridad de los servicios digitales.

Sin embargo, su alcance se concentra en la Administración Pública Federal y no equivale, por sí mismo, a una ley general que articule las capacidades de ciberseguridad de todo el Estado mexicano.

También existen iniciativas legislativas orientadas a establecer un sistema nacional de ciberseguridad y mecanismos de coordinación institucional. No obstante, el historial legislativo de la propuesta de Ley General para la Coordinación de la Ciberseguridad, presentada en enero de 2026, la ubicaba todavía como pendiente en comisiones de origen.

Aquí aparece una contradicción en la agenda pública de la 4T: mientras el discurso gubernamental coloca la transformación digital y la modernización del Estado entre sus prioridades, la construcción de capacidades integrales para proteger ese mismo entorno continúa enfrentando pendientes legislativos y operativos.

Digitalizar trámites, ampliar plataformas gubernamentales y centralizar servicios no constituye automáticamente una transformación digital segura. Cada nuevo sistema representa también una posible superficie de ataque. Sin presupuestos suficientes, personal especializado, auditorías independientes, protocolos de respuesta y mecanismos efectivos de rendición de cuentas, la modernización tecnológica puede incrementar la exposición de las instituciones y de los ciudadanos.

La responsabilidad gubernamental no termina con publicar lineamientos o anunciar nuevas medidas. Debe traducirse en instituciones capaces de prevenir ataques, detectar intrusiones, investigar delitos y garantizar la continuidad de los servicios públicos.

El riesgo para el nearshoring y la economía mexicana

Las consecuencias de esta problemática trascienden el ámbito de la seguridad pública. La convergencia entre crimen organizado y ciberdelincuencia representa una amenaza para la competitividad económica de México, particularmente cuando el país busca consolidarse como destino estratégico para la manufactura, la logística y la relocalización de cadenas productivas internacionales.

El nearshoring depende, en buena medida, de la confianza. Las empresas que trasladan operaciones o contratan proveedores mexicanos necesitan garantías de continuidad operativa, protección de propiedad intelectual, confidencialidad de información y seguridad en sus cadenas de suministro.

Un ataque de ransomware contra una empresa manufacturera puede detener líneas de producción, interrumpir entregas y generar pérdidas para múltiples compañías. La vulneración de un proveedor logístico puede comprometer rutas, inventarios y operaciones comerciales. Un incidente contra una institución financiera puede afectar transacciones y deteriorar la confianza de los usuarios.

Además, las compañías que participan en cadenas internacionales enfrentan exigencias cada vez mayores de cumplimiento y gestión de riesgos. Marcos como el NIST Cybersecurity Framework, las normas ISO/IEC 27001 y los requisitos de seguridad establecidos por sus clientes forman parte de las condiciones para mantener relaciones comerciales.

El desafío es particularmente importante para las micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas, muchas de las cuales carecen de recursos económicos y personal especializado para cumplir esas exigencias. Algunas operan con infraestructura tecnológica desactualizada, respaldos insuficientes, contraseñas débiles y escasa capacitación de sus colaboradores.

Estas condiciones las convierten en objetivos atractivos para los atacantes y, al mismo tiempo, pueden transformarlas en puntos de entrada hacia organizaciones de mayor tamaño.

La ausencia de una política pública que contribuya a cerrar esta brecha puede trasladar el costo de la inseguridad digital a las propias empresas. México busca atraer inversiones internacionales y fortalecer su industria, pero todavía tiene pendiente garantizar que sus proveedores cuenten con condiciones para resistir las amenazas de una economía cada vez más conectada.

México necesita inteligencia, coordinación y resultados

Frente a este escenario, la respuesta no puede limitarse a incrementar las penas, registrar teléfonos o anunciar nuevas estrategias. El país necesita una política de seguridad que reconozca que el crimen organizado tradicional y las estructuras de ciberdelincuencia pueden compartir recursos, objetivos, infraestructura y mecanismos de financiamiento.

Esto exige abandonar la visión fragmentada del problema y construir una agenda nacional de seguridad digital con objetivos verificables.

La primera prioridad debe ser reconocer jurídicamente la convergencia criminal. Los delitos relacionados con extorsión digital, fraude organizado, robo masivo de información, lavado de dinero mediante criptoactivos y ataques informáticos deben investigarse considerando sus posibles conexiones con estructuras de delincuencia organizada. Para ello, es indispensable fortalecer las capacidades de las fiscalías, las unidades de inteligencia financiera y las policías cibernéticas, además de establecer mecanismos efectivos de intercambio de información.

La segunda consiste en construir un marco legal e institucional integral. México necesita una legislación general de ciberseguridad que establezca responsabilidades claras, mecanismos de coordinación y obligaciones de protección para sectores estratégicos. También requiere capacidades nacionales de prevención, detección y respuesta ante incidentes, respaldadas por presupuesto, personal especializado y atribuciones suficientes.

La tercera prioridad es fortalecer la inteligencia financiera y tecnológica. Las investigaciones deben conectar operaciones bancarias, movimientos de criptoactivos, plataformas de comunicación, mercados clandestinos de información e infraestructura utilizada por los atacantes. No basta con bloquear una cuenta o suspender un número telefónico si las redes responsables pueden continuar operando mediante otros canales.

La cuarta es proteger a las pequeñas y medianas empresas. Una estrategia nacional debe contemplar asistencia técnica, capacitación, diagnósticos de seguridad, mecanismos de respuesta a incidentes y apoyos para implementar medidas básicas de protección. La ciberseguridad no puede convertirse en un privilegio exclusivo de las grandes corporaciones.

Finalmente, es indispensable establecer indicadores públicos y mecanismos de rendición de cuentas. El Gobierno debe publicar información periódica sobre incidentes, ataques a instituciones, pérdidas económicas, investigaciones, detenciones, redes desarticuladas y tiempos de respuesta. También debe evaluar sus políticas y permitir que especialistas independientes examinen su efectividad.

A estas acciones debe sumarse la cooperación internacional. Las organizaciones criminales pueden operar desde distintos países, contratar infraestructura en jurisdicciones extranjeras y utilizar plataformas que no están bajo el control directo de las autoridades mexicanas. Por ello, resulta indispensable fortalecer la colaboración con organismos internacionales, proveedores tecnológicos, instituciones financieras y agencias especializadas de otros gobiernos.

El desafío para la 4T no consiste únicamente en reconocer que el crimen organizado ha cambiado. Consiste en demostrar que el Estado mexicano también tiene la capacidad de evolucionar para enfrentarlo.

Mientras las organizaciones criminales diversifican sus operaciones, incorporan tecnología y encuentran nuevas formas de obtener recursos, las autoridades no pueden seguir midiendo su eficacia únicamente por el número de registros, las reformas anunciadas o los operativos realizados.

La seguridad también se juega en el entorno digital. Y si México no fortalece sus capacidades de inteligencia, investigación y coordinación institucional, el crimen organizado seguirá encontrando espacios para ampliar su poder, con consecuencias que alcanzarán no solo a las víctimas de extorsión y fraude, sino también a las instituciones públicas, las empresas y la economía nacional.