Del paper a la patente: por qué la universidad ya no puede medirse sólo por lo que publica

México cuenta hoy con una comunidad científica consolidada. Al primer trimestre de 2025, el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) reunía a 44 mil 889 integrantes, mientras que la producción científica del país representó alrededor de 0.8% del total mundial durante el quinquenio 2020-2024.

Sin embargo, estas cifras contrastan con otro indicador: en 2025, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) recibió 21 mil 265 solicitudes de invención, pero apenas mil 150 solicitudes de patente fueron presentadas por inventores nacionales.

Incluso en un año récord, cuando se concedieron 972 patentes a mexicanos —la cifra más alta desde 1995—, la tecnología protegida en el país siguió perteneciendo mayoritariamente a titulares extranjeros. En 2024, apenas 6.4% de las patentes otorgadas correspondió a titulares nacionales.

La paradoja es evidente: México produce cada vez más conocimiento científico, pero conserva una participación mínima en la propiedad de la tecnología que se registra en su propio territorio.

Durante décadas, las universidades han medido su desempeño en investigación a partir de lo que publican: artículos, citas, factores de impacto y posiciones en los rankings académicos. La publicación científica es, sin duda, una condición irrenunciable para el desarrollo del conocimiento. El problema aparece cuando se asume que publicar equivale a transferir tecnología.

Un artículo científico pone el conocimiento a disposición de la comunidad académica y de cualquier persona con la capacidad técnica para aprovecharlo. Pero ese conocimiento puede convertirse en una innovación comercializable, y quien tenga las herramientas para desarrollarla y protegerla mediante una patente puede terminar apropiándose de su valor.

Esta paradoja no es nueva. La historia de la industrialización ofrece ejemplos de cómo el conocimiento puede beneficiar a quienes saben incorporarlo a sus procesos productivos, incluso cuando no fueron sus creadores.

En 1790, Samuel Slater, un mecánico que trabajaba en las plantas textiles de Manchester, abandonó clandestinamente Inglaterra después de memorizar los detalles de sus procesos de producción.

Al llegar a Estados Unidos, se asoció con una familia de Rhode Island y contribuyó al nacimiento de la industria textil estadounidense. El economista Nathan Rosenberg describió este tipo de episodios como un «subsidio involuntario» de Gran Bretaña: el conocimiento viajaba con las personas y terminaba beneficiando a quienes podían integrarlo a su aparato productivo, no necesariamente a quienes lo habían generado.

México conoce bien la otra cara de esa historia. Al estudiar las patentes concedidas en el país entre 1870 y 1911, el historiador Edward Beatty encontró que las capacidades tecnológicas nacionales eran tan limitadas que los técnicos mexicanos tenían pocas oportunidades de desarrollar inventos propios o aprender de la tecnología importada. Más de un siglo después, el patrón parece repetirse, aunque con otros protagonistas y bajo mecanismos menos visibles.

Hoy podríamos hablar de conocimiento huérfano: resultados de investigación financiados con recursos públicos, publicados con rigor y reconocidos por la comunidad académica, pero que carecen de una institución que asuma la responsabilidad de identificar su potencial, protegerlos y gestionar sus posibles aplicaciones. No les falta mérito científico; les falta acompañamiento después de la publicación.

La evidencia resulta reveladora. Entre 1995 y 2015 se concedieron en México 9 mil 808 patentes en el área de necesidades humanas, que comprende sectores como salud, alimentación e higiene.

Durante ese periodo, inventores mexicanos participaron en 299 patentes cuya titularidad correspondió a empresas extranjeras como Boehringer Ingelheim, Johnson & Johnson, Abbott y Procter & Gamble. En contraste, únicamente 285 patentes de esa misma área fueron concedidas a entidades mexicanas.

El talento nacional aparece con mayor frecuencia en desarrollos cuya propiedad pertenece a otros que en aquellos que permanecen bajo titularidad mexicana. Esto ocurre, además, en un sistema donde 79% de la inversión en investigación y desarrollo proviene de recursos públicos.

Es decir, el país financia buena parte de la formación del talento y de la generación de conocimiento, mientras que otros actores pueden terminar capturando los beneficios económicos de su aprovechamiento.

A este fenómeno se suma la llamada transferencia tecnológica ciega. Diversos estudios han documentado que algunos artículos científicos son citados en solicitudes de patente incluso antes de que transcurran dos años desde su publicación.

El conocimiento no desaparece ni queda inutilizado: encuentra aplicaciones, se incorpora a nuevos desarrollos y puede convertirse en propiedad intelectual, pero sin que la universidad que lo produjo necesariamente lo advierta o participe de su valor.

La responsabilidad, sin embargo, no recae exclusivamente en las instituciones académicas. México también enfrenta una limitada capacidad empresarial para absorber y desarrollar conocimiento científico.

Apenas dos de cada mil empleados formales trabajan en actividades de investigación, frente a 32 de cada mil en Finlandia. En materia de patentes, el país registra en promedio dos por cada millón de habitantes, mientras que Finlandia alcanza 274.

Estas diferencias reflejan un problema estructural: un país puede formar doctores de excelencia y contar con investigadores altamente especializados, pero si no dispone de empresas capaces de demandar, financiar e incorporar sus conocimientos, las posibilidades de convertirlos en innovación se reducen.

Cuando esa demanda no existe en el mercado nacional, el talento encuentra oportunidades en el extranjero o en las filiales de compañías internacionales que sí cuentan con estructuras para aprovecharlo.

Por ello, la discusión no debería limitarse a cuánto conocimiento producimos, sino a qué hacemos con él y quién se beneficia de sus aplicaciones.

Las universidades necesitan revisar sus propios indicadores de desempeño. En España y Portugal, las instituciones académicas ya incorporan indicadores de transferencia tecnológica para evaluar no solo sus resultados educativos y científicos, sino también su contribución a la sociedad mediante la aplicación del conocimiento.

Medir lo que se transfiere y se protege, además de lo que se publica, puede transformar las decisiones de los consejos académicos, los comités de evaluación y los propios laboratorios.

También implica gestionar la propiedad intelectual desde las primeras etapas de una investigación, incluso desde el desarrollo de una tesis, y no esperar a que el artículo científico esté publicado para preguntarse si existía una invención susceptible de protección.

De igual manera, es necesario reconocer a los investigadores que desarrollan, protegen y licencian sus invenciones. La generación de conocimiento no debe evaluarse únicamente por el número de publicaciones o citas académicas, sino también por su capacidad para convertirse en soluciones, procesos y tecnologías que atiendan necesidades concretas.

La universidad, por su parte, debe dejar de concebirse únicamente como proveedora de servicios o productos y asumir un papel más activo como socia en la construcción de capacidades tecnológicas. Esto supone establecer alianzas con empresas, codesarrollar soluciones, compartir la titularidad de las invenciones e incorporar a maestros y doctores en los equipos de innovación.

También significa aprovechar una fuente de conocimiento que pocas veces se consulta de manera sistemática: los más de 40 millones de documentos de patente que existen en el mundo y que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), contienen más de 70% de la información tecnológica que no está disponible en ninguna otra fuente.

Patentar no debe convertirse en un fin en sí mismo ni significa renunciar a publicar. Mucho menos implica que toda invención deba transformarse en un instrumento de exclusión comercial. En sectores como el de la salud, una patente puede encarecer el acceso a soluciones esenciales si se utiliza exclusivamente para restringir su aprovechamiento.

Precisamente por eso importa quién es el titular de una invención y bajo qué condiciones decide compartirla. Proteger la propiedad intelectual también significa conservar la capacidad de decidir cómo se utiliza: licenciarla a una empresa nacional, facilitar su aprovechamiento con fines sociales o establecer mecanismos para que los beneficios regresen a la sociedad que hizo posible su desarrollo.

La pregunta central, entonces, ya no debería ser cuánto publica una universidad, cuántos artículos coloca en revistas internacionales o qué posición ocupa en los rankings. La cuestión de fondo es quién se beneficia del conocimiento que genera.

En 2017, México pagó por la tecnología que importó casi el doble de lo que recibió por la que exportó. Ese dato ilustra el costo de una dependencia que no se resuelve únicamente aumentando la producción científica, sino construyendo las capacidades institucionales, empresariales y tecnológicas necesarias para convertirla en innovación propia.

Porque un país que publica lo que sabe, pero no protege lo que inventa, corre el riesgo de terminar comprando de vuelta el conocimiento que él mismo ayudó a producir.