Médicos residentes en México buscan especializarse entre violencia, cansancio y desabasto: CNDH alerta por crisis estructural

Las personas médicas residentes en México realizan su formación especializada en un entorno marcado por jornadas extensas, ambigüedad entre su condición de estudiantes y trabajadoras, insuficiencia de recursos, violencia laboral y de género, además de dificultades para acceder a mecanismos efectivos de denuncia, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El organismo retomó la difusión de su Informe Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos de las Personas Médicas Residentes en México, a pocos días de las protestas y el paro laboral que realizaron trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para exigir mejoras laborales y abasto de medicamentos.

Dicha protesta derivó en un acuerdo con el titular del IMSS, Zoé Robledo, de un aumento salarial del 8% y la contratación de médicos residentes, así como un plan de acción para mejorar el sevicio en 120 días.

No obstante, el informe de la CNDH sostiene que las condiciones en las que se desarrollan las residencias en México reflejan una crisis estructural vinculada con la organización histórica del sistema de salud, la precarización de las condiciones laborales y la falta de una protección homogénea para quienes se forman como especialistas en clínicas y hospitales públicos y privados.

La residencia médica es el periodo de formación de posgrado que combina actividades académicas, atención a pacientes, investigación y trabajo clínico dentro de las unidades médicas receptoras.

En México, las personas residentes cuentan con título de medicina y acceden a una especialidad conforme a la capacidad de las instituciones del Sistema Nacional de Salud y de los programas avalados por universidades.

Sin embargo, al ingresar a una sede hospitalaria adquieren simultáneamente la condición de estudiantes y de personal médico en servicio, una dualidad que, según la CNDH, produce ambigüedad normativa y puede dificultar el acceso pleno a prestaciones, seguridad social, salarios adecuados, jornadas conforme a la ley y mecanismos de protección frente a abusos.

El informe señala que esta contradicción se mantiene incluso cuando la Ley Federal del Trabajo reconoce una relación laboral especial para las personas médicas residentes.

La legislación establece que deben contar con un contrato laboral y que la relación de trabajo será por tiempo determinado, no menor a un año ni superior a la duración de la residencia; no obstante, la regulación también contempla obligaciones académicas y de obediencia a las personas responsables de su formación.

Para la CNDH, las responsabilidades entre universidades, escuelas de medicina, instituciones de salud y unidades médicas receptoras se diluyen en la práctica, lo que genera escenarios de desprotección institucional.

La dimensión del sistema de formación es amplia. En 2024, el IMSS reportó más de 26 mil personas médicas residentes distribuidas en 393 sedes académicas, mientras que la Secretaría de Salud informó la formación de 48 mil 508 residentes en sus clínicas y hospitales.

El ISSSTE había reportado en 2021 alrededor de 4 mil residentes en 24 clínicas y hospitales, además del Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”.

La CNDH destaca que las personas residentes constituyen una de las principales fuerzas laborales del sistema de salud, debido a su participación en la atención cotidiana de pacientes y en la continuidad de los servicios hospitalarios.

El organismo documenta que las jornadas prolongadas y la carga de trabajo son parte central de los riesgos que enfrentan quienes cursan una especialidad.

Una encuesta del Observatorio de Educación Médica y Derechos Humanos de la Universidad Veracruzana, aplicada a residentes en esa entidad, registró que 71 por ciento cubría jornadas superiores a 80 horas semanales.

Entre 2017 y 2023, el porcentaje de residentes que laboraba más de 100 horas por semana osciló entre 41 y 50 por ciento en las evaluaciones realizadas por ese observatorio.

Además, estudios citados por la CNDH identifican como fuentes frecuentes de estrés las exigencias relacionadas con los tiempos de servicio y el cansancio o agotamiento físico.

La violencia es otro de los problemas señalados en el informe. En una investigación aplicada a 642 personas médicas residentes, 54 por ciento indicó haber sufrido algún tipo de violencia durante su formación, incluida violencia psicológica, acoso laboral y acoso sexual.

De quienes reportaron estos hechos, 42.6 por ciento señaló como responsables a personas superiores jerárquicas, 13.7 por ciento a sus pares y 41.2 por ciento a ambos grupos.

El mismo estudio identificó que 16.6 por ciento no recibió alimentos durante su jornada laboral y que 24.2 por ciento tuvo que realizar guardias de castigo durante la residencia.

El Diagnóstico Nacional sobre Ambientes Académicos y Goce de los Derechos Humanos, elaborado por la Dirección General de Calidad y Educación en Salud de la Secretaría de Salud con respuestas de 4 mil 261 residentes, también registró distintas formas de violencia.

El 66 por ciento reportó violencia psicoemocional, 58 por ciento violencia académica, 15 por ciento violencia económica, 10 por ciento violencia sexual y 9 por ciento violencia física. Respecto de las personas agresoras, 63 por ciento señaló a residentes de mayor grado y a personal médico adscrito, 32 por ciento a jefaturas de servicio y 26 por ciento a otras personas trabajadoras.

La CNDH expone que las dinámicas jerárquicas dentro de los hospitales contribuyen a la normalización de estas prácticas. La literatura revisada por el organismo identifica mecanismos de control y disciplinamiento que pueden incluir castigos, tareas ajenas a las funciones de las personas residentes, prolongación de horarios, restricciones para tomar alimentos o acudir al baño y la imposición de guardias adicionales.

El informe advierte que estas conductas pueden reproducirse entre residentes de distintos grados, personal adscrito y jefaturas, dentro de una cultura institucional en la que el maltrato llega a ser percibido como parte natural del proceso de formación.

Las denuncias, además, enfrentan obstáculos. En el estudio de Derive y colaboradores citado por la CNDH, 65.7% de las personas residentes que sufrió maltrato no lo reportó por temor a ser etiquetada, por miedo a empeorar la situación o por temor a recibir castigos.

El Diagnóstico Nacional sobre Ambientes Académicos y Goce de los Derechos Humanos encontró que sólo 18% de las personas participantes consideró que los canales de denuncia eran claros y adecuados; 16% afirmó que no se utilizan por temor a represalias y 14% indicó que no existen.

El informe también refiere condiciones materiales y laborales desiguales entre instituciones. En el IMSS, las percepciones mensuales de residentes para 2026 van de 6 mil 259.16 pesos para el primer año a 7 mil 976.78 pesos para el octavo año, considerando sueldo mensual y beca.

La CNDH precisa que más de 50% 1de estos ingresos corresponde a la beca y que, al considerar la evolución del Índice Nacional de Precios al Consumidor entre 2008 y 2024, el poder adquisitivo de las personas residentes del instituto disminuyó 15 por ciento.

En contraste, el Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” reportó para 2025 percepciones brutas de 18 mil 796.51 pesos para residentes de primer grado y de 23 mil 857.10 pesos para residentes de quinto grado, integradas por beca y complemento de beca.

En materia de recursos para la atención, una investigación sobre el cumplimiento de los derechos de residentes mostró que sólo 24.2% afirmó que la institución le proporcionaba todos los medicamentos, materiales de curación e insumos necesarios para atender a pacientes, mientras que 25.4% indicó que nunca recibía materiales para esa tarea.

A ello se suman deficiencias en supervisión: 26.5% señaló no contar permanentemente con asesoría de personal médico adscrito durante sus actividades diarias y la proporción aumentó a 52.1% durante las guardias.

La CNDH vincula las condiciones de formación con la calidad de la atención médica. La Encuesta Nacional de Calidad de la Atención del Servicio de Salud del IMSS de 2024 registró que 85.99 por ciento de la población derechohabiente se declaró satisfecha con la atención médica recibida, aunque el reporte identifica diferencias entre niveles de atención.

En el ISSSTE, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2023 indicó que 49.3% de las personas usuarias estaba satisfecha con los servicios de salud, mientras que 74.4% consideró que existía saturación en clínicas y hospitales.

A su vez, 55.8 por ciento estimó que había personal médico suficiente, una proporción menor a la registrada en 2021.

El agotamiento emocional aparece como otra consecuencia de las condiciones laborales y académicas.

La CNDH retoma estudios que estiman que entre 12 y 34% de las personas médicas residentes presenta síndrome de burnout, asociado con estrés crónico, agotamiento emocional, despersonalización, cinismo, desmotivación y sensación de ineficacia profesional.

El informe relaciona este fenómeno con la sobrecarga de trabajo, jornadas extenuantes, presión emocional, incertidumbre económica, competitividad profesional y privación frecuente del sueño por las guardias.

En el ámbito de la violencia de género, el documento señala que las mujeres han incrementado su presencia en las escuelas de medicina, pero persisten barreras en el acceso y desarrollo dentro de las especialidades.

Para el ciclo 2022-2023, las mujeres representaban 54.7 por ciento de quienes estudiaban una especialidad médica, aunque su participación variaba de forma considerable según el área.

Había mayor presencia femenina en dermatología, pediatría, ginecología, medicina familiar, genética médica y rehabilitación, mientras que las proporciones eran menores en urología, ortopedia, medicina del deporte y cirugía general.

La CNDH cita investigaciones que documentan discriminación, comentarios sexistas, acoso sexual y trato diferenciado por género durante la formación médica.

Un estudio de 2024 sobre internado médico de pregrado en Ciudad de México reportó una prevalencia de acoso sexual de 83 por ciento, mayoritariamente en mujeres, con modalidades como contacto físico no deseado, miradas morbosas, gestos sugestivos y comentarios no solicitados.

Otra investigación publicada en 2025, basada en una encuesta a médicas en México, reportó que 82% de las participantes había experimentado discriminación de género y 84% acoso sexual; en 78% de los casos, las personas agresoras fueron personal médico con mayor jerarquía.

Ante este panorama, el informe reconoce acciones institucionales como el Programa Institucional para la Mejora de los Ambientes Académicos del IMSS, que contempla cuestionarios sobre ambientes educativos, seguimiento a casos de hostigamiento, acoso, maltrato, discriminación y violencia, así como cursos de sensibilización y medidas de atención.

De julio a diciembre de 2023, el instituto reportó la atención de 328 casos relacionados con problemas en la formación, mientras que entre enero y julio de 2024 informó 383 casos.

La CNDH también refiere canales como el Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas, de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y el Sistema de Quejas y Accidentes Laborales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Uno de los avances recientes señalados por la Comisión ocurrió el 18 de febrero de 2026, cuando el IMSS anunció la eliminación de guardias mayores a 24 horas y de las posguardias para personal médico de pregrado y residentes en formación.

La medida fue presentada como una estrategia de seguridad académica y para pacientes, orientada a prevenir fatiga, irritabilidad, falta de concentración, fallas de memoria y dificultades en la toma de decisiones.

La Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina respaldó la decisión, aunque planteó que su aplicación debe ser real, planificada y transparente, sin trasladar la sobrecarga a otras personas en formación ni afectar la atención de pacientes.

La CNDH considera que la reducción de guardias y la eliminación de posguardias deben extenderse a todas las instituciones públicas y privadas que participan en la formación de especialistas.

Entre sus sugerencias, plantea a la Secretaría de Salud, el IMSS y el ISSSTE limitar las guardias a un máximo de 24 horas y fortalecer canales efectivos de denuncia.

También propone que la Cámara de Diputados y el Senado dictaminen las iniciativas legislativas presentadas en materia de derechos de residentes, mediante ejercicios de parlamento abierto y diálogo con residentes, universidades y escuelas de medicina.

Para la Secretaría de Salud, la CNDH plantea incorporar las opiniones y demandas de las personas residentes en la próxima actualización de la NOM-001-SSA-2023, prevista para revisión en 2029, además de valorar ajustes presupuestales a sus percepciones mensuales.

A la UNAM le sugiere actualizar los programas y convenios de colaboración con instituciones de salud para garantizar espacios libres de violencia, hostigamiento y acoso laboral, así como elaborar diagnósticos transparentes y confidenciales sobre las condiciones en las unidades médicas receptoras.

El informe concluye que garantizar los derechos de las personas médicas residentes es una responsabilidad jurídica y ética del Estado, pero también una condición para fortalecer el Sistema Nacional de Salud y mejorar la atención que recibe la población.

La CNDH sostiene que la transformación requiere coordinación entre instituciones educativas, autoridades sanitarias, instancias laborales, poderes públicos y las propias personas residentes, con el objetivo de construir un modelo de especialización médica con condiciones laborales y académicas dignas, supervisión efectiva y espacios libres de violencia.