¿Qué pasa si un médico comete negligencia? Suprema Corte respalda sanciones penales

Los errores médicos que constituyan conductas penalmente sancionables pueden llevar a los profesionales de la salud ante los tribunales e incluso derivar en penas de prisión. Así lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al respaldar la constitucionalidad de las disposiciones del Código Penal Federal que permiten perseguir penalmente los casos de negligencia profesional.

Con una votación unánime de nueve integrantes, el máximo tribunal rechazó el amparo promovido por un neurocirujano del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quien fue vinculado a proceso en 2022 por un caso relacionado con una intervención quirúrgica de columna vertebral. El procedimiento médico derivó en lesiones permanentes para un paciente, quien perdió la movilidad de la pierna derecha.

La resolución confirma que los mecanismos civiles y administrativos no son las únicas vías para atender posibles responsabilidades derivadas de la práctica médica. Cuando existen elementos que acrediten una conducta negligente prevista como delito, también puede intervenir la justicia penal.

¿Qué sanciones puede recibir un médico por negligencia en México?

La Suprema Corte avaló la constitucionalidad de los artículos 60, segundo párrafo, y 291 del Código Penal Federal, disposiciones que permiten imponer sanciones penales al personal sanitario cuando, por una conducta que incumple el deber de cuidado, provoca lesiones en un paciente.

De acuerdo con la legislación examinada, las conductas que actualicen los supuestos correspondientes pueden castigarse con penas de entre tres y cinco años de prisión. También puede contemplarse la suspensión del ejercicio profesional, según el delito y las circunstancias acreditadas.

Durante el análisis, los ministros determinaron que estas disposiciones no vulneran la libertad de trabajo establecida en el artículo 5 de la Constitución, ni los principios de taxatividad y mínima intervención penal.

El argumento central fue que el ejercicio de una profesión no exime a sus integrantes de cumplir las reglas destinadas a proteger la vida y la integridad física de las personas. Por ello, los profesionales de la salud pueden enfrentar consecuencias penales cuando se demuestra que incumplieron sus obligaciones de cuidado y que esa conducta encuadra en un delito.

El caso de un neurocirujano del IMSS llegó a la Suprema Corte

El asunto que dio origen a la resolución ocurrió en diciembre de 2017, cuando un neurocirujano adscrito al IMSS realizó dos intervenciones quirúrgicas de columna vertebral a un paciente que presentaba secuelas de un accidente.

Durante la primera operación se colocaron tornillos transpediculares. Días después, el especialista realizó una segunda intervención para recolocarlos. Tras ambos procedimientos, los peritajes médicos documentaron que el paciente sufrió una pérdida permanente de movilidad en la pierna derecha.

A partir de estos hechos, la Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación. En marzo de 2022, un juez federal en Reynosa, Tamaulipas, vinculó a proceso al médico por los delitos de lesiones culposas y responsabilidad profesional.

La defensa del especialista promovió un amparo al considerar que las disposiciones penales no establecían con suficiente claridad cuáles conductas médicas podían constituir un delito. También argumentó que las controversias relacionadas con posibles errores profesionales debían atenderse mediante procedimientos civiles o a través de instancias como la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed).

Sin embargo, la Corte rechazó estos planteamientos y respaldó el proyecto presentado por la ministra María Estela Ríos González.

¿Cualquier complicación médica se considera negligencia?

Uno de los puntos relevantes de la resolución fue la distinción entre una complicación médica y una conducta que puede generar responsabilidad penal.

La SCJN recordó que la actividad médica implica una obligación de medios y no de resultados. Esto significa que un profesional de la salud no tiene la obligación legal de garantizar la recuperación de cada paciente, pero sí debe emplear sus conocimientos, experiencia, recursos y técnicas disponibles con la diligencia necesaria.

Por lo tanto, un resultado desfavorable, una complicación quirúrgica o la falta de recuperación de una persona no constituyen automáticamente un delito.

Para establecer una posible responsabilidad penal deben existir elementos que permitan acreditar una infracción concreta al deber de cuidado y su relación con las lesiones ocasionadas.

En este sentido, los protocolos clínicos y las guías médicas pueden funcionar como parámetros objetivos para que las autoridades evalúen si el especialista actuó conforme a las prácticas y conocimientos exigibles en su profesión.

La resolución también establece que la legislación no necesita describir de manera individual cada posible falla técnica que pudiera presentarse durante una intervención médica, pues los criterios clínicos permiten orientar el análisis de las actuaciones profesionales.

SCJN descarta limitar las sanciones penales a negligencias graves

Durante la discusión del asunto, la ministra Sara Irene Herrerías Guerra planteó la posibilidad de diferenciar los grados de negligencia médica para evitar que cualquier descuido pudiera derivar en un proceso penal.

Su propuesta consistía en reservar las consecuencias penales para las faltas graves o inexcusables, mientras que los errores de menor magnitud podrían atenderse mediante mecanismos de responsabilidad civil.

No obstante, el Pleno no incorporó esta distinción en su resolución. Los ministros consideraron que establecer una clasificación específica de las conductas sancionables corresponde al Poder Legislativo, pues implica definir los alcances de las disposiciones penales.

Con ello, la Suprema Corte mantuvo vigente la posibilidad de perseguir penalmente las conductas negligentes que encuadren en los delitos previstos por la legislación.

¿El neurocirujano del IMSS ya fue declarado culpable?

No. La negativa del amparo no representa una sentencia condenatoria contra el especialista ni significa que la Suprema Corte haya determinado su responsabilidad penal.

Después de resolver el asunto, el máximo tribunal devolvió el expediente al Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, en Tamaulipas, que deberá analizar las pruebas presentadas por la Fiscalía y determinar si confirma o revoca la vinculación a proceso.

Por tanto, el procedimiento judicial todavía debe continuar para establecer si existen elementos suficientes para sostener la acusación.

La resolución de la SCJN tiene un alcance distinto: confirma que las disposiciones del Código Penal Federal que permiten sancionar la negligencia profesional son constitucionales y que la vía penal puede utilizarse cuando se acrediten los elementos de un delito.

De esta manera, los médicos y demás profesionales de la salud pueden enfrentar responsabilidades civiles, administrativas o penales, dependiendo de las circunstancias de cada caso y de las conductas que logren demostrarse ante las autoridades.