Tras la caída de R1 y R2, qué pasa con las extorsiones a productores de aguacate en Michoacán

La aprehensión de Rafael Álvarez Ayala, alias “R2”, el 8 de noviembre en Zapopan, Jalisco, se sumó a la captura de su hermano Ramón, conocido como “R1”, detenido a finales de julio.

Ambos son señalados por las autoridades como integrantes de una facción del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que operaba en Michoacán y Jalisco. Entre las actividades atribuidas a esa célula se encuentran la extorsión, el tráfico de drogas, homicidios y secuestros.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha señalado que entre las víctimas de esa estructura había empresarios y productores de aguacate. Sin embargo, el alcance de las extorsiones en la entidad rebasa a Los Rs: en agosto, el secretario Omar García Harfuch sostuvo que distintas organizaciones y células delictivas participaban en el cobro de cuotas a productores, empacadores y transportistas.

Una estructura que cobraba por cada kilo de aguacate

El negocio criminal no se limitaba a exigir pagos fijos a los dueños de huertas. En agosto, Infobae México documentó que las cuotas podían calcularse por kilogramo comercializado: entre uno y dos pesos por cada kilo de aguacate que salía de Michoacán.

La Fiscalía General del Estado (FGE) atribuyó a Jorge Armando “N”, alias “El Lic” o “El Conta”, el cobro de dos pesos por kilo, mientras que a Gerardo “N”, conocido como “El Congo”, “El Gordo” o “King Kong”, le atribuyó extorsiones contra productores de aguacate y limón en Uruapan y parte de Apatzingán.

La dimensión del cobro se refleja en las cifras presentadas por la propia Fiscalía. El 5 de agosto, el encargado de despacho de la institución, Israel Vega Rodríguez, expuso que nueve líderes criminales detenidos entre julio de 2025 y agosto de 2026 generaban cerca de 28 mil millones de pesos anuales mediante extorsiones a productores, transportistas y comerciantes de distintos sectores. Esos montos fueron presentados como estimaciones de las autoridades, no como ganancias judicialmente acreditadas.

En el caso de Los Rs, las autoridades han señalado que la célula operaba en regiones productoras de aguacate y limón, entre ellas Uruapan y Apatzingán. La detención de R1, a finales de julio, y la de R2, en noviembre, golpearon a mandos identificados dentro de esa estructura, pero no hay datos públicos que permitan afirmar que con ambos arrestos desapareció el sistema de cobro que afecta al campo michoacano.

La extorsión alcanza a municipios de la franja aguacatera

Los registros de la Fiscalía estatal muestran que las denuncias por extorsión se concentran en buena medida en municipios productores. Datos difundidos por El Financiero el 7 de agosto indicaban que, de las 219 carpetas de investigación iniciadas por ese delito en Michoacán durante el periodo reportado, 166 correspondían a 31 municipios donde se cultiva aguacate. La cifra representaba 75.8% del total estatal contabilizado en ese corte.

Morelia encabezaba la lista con 91 carpetas, seguida de Uruapan, con 41. Pátzcuaro y Salvador Escalante también aparecían entre los municipios con más investigaciones. La información, retomada de datos de la Fiscalía, advertía que las extorsiones no afectaban exclusivamente a los aguacateros: también había reportes relacionados con otros sectores agrícolas, productores de mezcal y de resinas.

El problema también ha tenido consecuencias para la actividad económica. El 7 de agosto, el medio local Noventa Grados publicó declaraciones de un productor identificado como Juan Carlos V., quien aseguró que al menos dos empacadoras habían cerrado en Michoacán por el cobro de piso. Según su testimonio, los propietarios habrían preferido trasladar sus operaciones a otras regiones antes que continuar entregando dinero a grupos criminales.

El productor también señaló que otros integrantes del sector recibían amenazas, pero evitaban hacerlas públicas por temor a represalias. La publicación recogió su advertencia sobre el temor a denunciar y la falta de confianza en las autoridades. Se trata de declaraciones atribuidas al productor en esa entrevista, no de un registro oficial del número de empacadoras que han cerrado por esa causa.

Los Rs no son la única estructura señalada por extorsionar al sector

La captura de R1 y R2 forma parte de una serie de operativos contra distintas células que han sido relacionadas con el cobro de cuotas en Michoacán. En agosto, el gobierno federal informó sobre la detención de 12 personas presuntamente vinculadas con una facción de Los Caballeros Templarios que operaba en Uruapan y que, según las investigaciones, extorsionaba a ganaderos, carnicerías y empacadoras de aguacate.

En ese caso, la FGR obtuvo la vinculación a proceso de los 12 detenidos por posesión de armas de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como por delitos contra la salud. La Fiscalía no los procesó formalmente por extorsión, aunque García Harfuch sostuvo que estaban relacionados con el cobro físico de cuotas a productores y transportistas. La precisión es importante porque los señalamientos sobre su participación en esas actividades no deben confundirse con los delitos por los que fueron vinculados.

El secretario de Seguridad también afirmó que esa célula de Los Caballeros Templarios ya estaba fragmentada y había perdido fuerza. En la misma exposición, informó sobre las detenciones de integrantes de la estructura de R1, dentro de una estrategia más amplia contra grupos criminales que operan en la entidad.

La existencia de distintas células fue reconocida por el propio funcionario. El 11 de agosto, al explicar el despliegue de seguridad para proteger la producción de aguacate, García Harfuch sostuvo que las amenazas y extorsiones no correspondían a una sola organización, sino a varios grupos delictivos. Entre los mencionados estaban estructuras relacionadas con sujetos identificados como El Quiringa, R1 y El Vato.

El despliegue de seguridad busca proteger huertas, empacadoras y rutas

Ante las amenazas contra el sector, el gobierno federal anunció en agosto el envío de mil 500 elementos adicionales del Ejército y la Guardia Nacional a Michoacán. El operativo contempló la instalación de 17 bases para proteger empacadoras y otras 29 en localidades con alta concentración de productores de aguacate. También incluyó vigilancia en rutas utilizadas para transportar el fruto.

El despliegue se anunció después de que Estados Unidos suspendiera temporalmente las actividades de sus inspectores agrícolas en Michoacán, tras reportes de amenazas contra personal encargado de verificar los embarques de aguacate destinados a ese mercado. La suspensión afectó las certificaciones necesarias para exportar, aunque el gobierno mexicano informó posteriormente sobre la reanudación de operaciones en parte de las empacadoras.

La protección de las rutas y de las instalaciones de empaque atiende una parte del problema, pero las cifras de extorsión y los casos documentados muestran que el cobro de cuotas no se limita a un solo grupo ni a una etapa de la cadena productiva.

La detención de R1 y R2 representa un golpe a la estructura de Los Rs, señalada por las autoridades por sus actividades criminales y por extorsionar a productores.

No obstante, los registros de denuncias, las investigaciones contra otras células y los testimonios publicados por medios locales muestran que el sector aguacatero continúa expuesto a distintas formas de presión económica. Hasta el cierre de esta nota, la información pública disponible no permite establecer que las capturas hayan reducido las extorsiones ni que los productores de Michoacán hayan dejado de pagar cuotas.