Cablebús en Puebla y CDMX genera rechazo: denuncian ecocidio, opacidad y criminalización de activistas

En la Ciudad de México, el Cablebús, un sistema de teleférico urbano diseñado para conectar zonas altas y periféricas con las redes de transporte en la capital, como lo es el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, se ha consolidado como uno de los proyectos de movilidad más emblemáticos del país, tanto que incluso gobiernos de otros estados han apostado por trasladar el proyecto a sus entidades. Actualmente, la capital cuenta con las líneas 1: Indios Verdes - Cuautepec; línea 2: Constitución de 1917 - Santa Martha; y línea 3: Los Pinos/Constituyentes - Vasco de Quiroga.

La relevancia del Cablebús ha trascendido incluso al ámbito internacional, luego de que en octubre se diera a conocer que la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México obtuvo el reconocimiento internacional “Financiamiento de Transporte Urbano del Año” en los Projects & Infrastructure Finance Awards, por la emisión del Bono Verde 2025, destinado a respaldar la construcción de las nuevas líneas del sistema de teleférico. el Gobierno de Clara Brugada prevé construir las líneas 4, 5 y 6, en Tlalpan, Magdalena Contreras y Milpa Alta, respectivamente.

No obstante los reconocimientos internacionales, los proyectos no han tenido un buen recibimiento por parte de las comunidades originarias de la capital, especialmente en Milpa Alta y Tlalpan, donde habitantes se han manifestado en contra del avance de estas líneas al considerar que los proyectos acompañan procesos de especulación del suelo, turistificación, ecocidio y expansión inmobiliaria.

Pero no es el único caso. El gobierno del morenista Alejandro Armenta, en Puebla, anunció en marzo de 2025 que la capital del estado contaría con un Cablebús que contempla cuatro líneas, nueve estaciones y 87 torres. Sin embargo, habitantes y colectivos ambientales se opusieron tan pronto se dio a conocer la noticia por considerar que el proyecto dañaría considerablemente al medio ambiente —por la cantidad de árboles que debían ser talados—, así como la calidad de vida de los poblanos, donde se sacrificarían áreas verdes, parques y espacios públicos.

Ante el avance de los proyectos, pese a movilizaciones y protestas de los habitantes en ambas entidades, el pasado domingo 8 de noviembre los colectivos organizaron una manifestación conjunta en el estado de Puebla con el objetivo de unir resistencias ante lo que consideran un proyecto ecocida desarrollado con opacidad y criminalización contra habitantes y activistas que defienden parques, zonas forestales, tierras comunales y espacios públicos.

En ese contexto, durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum del lunes 9 de noviembre, la mandataria sostuvo que las inconformidades de los habitantes y colectivos sobre estos proyectos deben ser atendidas por los gobiernos correspondientes: Puebla, encabezado por Alejandro Armenta, y Ciudad de México, por Clara Brugada.

Puebla, Milpa Alta y Tlalpan concentran denuncias contra el Cablebús por despojo territorial y ecocidio

La movilización del 8 de noviembre fue convocada en el Parque Ecológico de Puebla, en el estado, donde participaron diversos colectivos de ambas entidades. Durante el posicionamiento, las agrupaciones sostuvieron que las nuevas líneas no responden a las necesidades cotidianas de movilidad en los territorios donde se construirán.

Las agrupaciones afirmaron que las rutas previstas atraviesan “núcleos agrarios, territorios indígenas, zonas forestales, zonas ejidales y parques urbanos. Son espacios públicos y comunales que son sacrificados en favor de la industrialización, la turistificación y la privatización que enriquece a empresas específicas”, destacaron durante el posicionamiento frente al Parque Ecológico de Puebla. Advierten que estos espacios quedarían sujetos a una lógica de industrialización y privatización que favorece a empresas y grupos financieros.

En Puebla, el trazo contempla zonas como el Parque Juárez, el Parque Ecológico, el Deportivo Xonaca, el CENCH, el Cerro de Amalucan y el Parque Biblioteca Gilberto Bosques Saldívar. Vecinos y colectivos han denunciado que la infraestructura fragmentaría áreas verdes y modificaría el uso público de estos espacios.

Además, uno de los principales cuestionamientos son las cifras oficiales sobre los árboles que serían retirados en el proyecto del Cablebús poblano. La estimación inicial del gobierno de Alejandro Armenta fue de 980 ejemplares. Después, tras diversos cuestionamientos e incluso recursos legales interpuestos por los habitantes, la cifra cambió en varias ocasiones hasta llegar a un reporte oficial de únicamente 97 árboles talados, una cantidad que las agrupaciones ponen en duda.

El antecedente judicial también forma parte de los reclamos. En marzo de 2026, un año después de que fuera anunciado el proyecto, un tribunal ordenó una suspensión temporal de las obras mientras el gobierno estatal acreditaba que el proyecto no provocaría daño ambiental, tras un amparo promovido por organizaciones que alertaron sobre riesgos ecológicos.

Los colectivos sostienen que la reposición o replantación de árboles no resuelve la pérdida de vegetación madura ni la alteración de los ecosistemas urbanos. “El cielo es de las aves, no del Cablebús”, es una de las consignas que se escucharon durante el posicionamiento.

Contratos, fideicomisos y poca transparencia con las empresas, entre los cuestionamientos de colectivos

El diagnóstico presentado durante el encuentro estima que el Cablebús de Puebla tendría un costo cercano a 7,000 millones de pesos para una extensión de 14.58 kilómetros. Las organizaciones sostienen que el avance físico reportado era de 2.71%, pese a que el gasto ya rondaba 50% del presupuesto considerado.

Las agrupaciones también señalaron a las empresas que han sido contratadas para llevar a cabo estos proyectos en ambas entidades. En el caso de Puebla, el gobierno creó un fideicomiso con la Banca Mifel, donde se concentrará la inversión de 6 mil 752.95 millones de pesos.

Sobre los proyectos en la Ciudad de México, los colectivos señalaron la participación de Doppelmayr y Leitner, las dos únicas empresas que concentran los proyectos de transporte por cable en distintas ciudades del mundo. “En Milpa Alta, el financiamiento fue a cargo de Banamex y Santander, y en Tlalpan está involucrado Grupo Carso, bancos que se han visto enriquecidos por proyectos públicos”, agregaron. Consideraron que la intervención de estas compañías requiere una revisión pública de contratos, costos y condiciones de operación.

En la Ciudad de México, el gobierno capitalino colocó 3,000 millones de pesos a través del Bono Verde 2025 para financiar las Líneas 5 y 6 del Cablebús, emisión que recibió un reconocimiento internacional en la categoría de financiamiento de transporte urbano.

Las organizaciones calificaron como greenwashing el financiamiento de obras que, desde su perspectiva, se presentan como transporte sustentable mientras intervienen territorios con vegetación, fauna y usos comunitarios.

Sheinbaum remite las demandas a los gobiernos de Puebla y la Ciudad de México

El pasado lunes 9 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada durante su conferencia de prensa La Mañanera del Pueblo, sobre los proyectos y las manifestaciones en contra de la Ciudad de México y de Puebla. Ante ello, la mandataria sostuvo que las inconformidades de habitantes y colectivos deben ser atendidas por los gobiernos responsables de cada obra.

Durante su conferencia, la mandataria precisó que se trata de proyectos distintos. Explicó que el Cablebús de Tlalpan recibe financiamiento del Gobierno de México, aunque su construcción corresponde al Gobierno de la Ciudad de México.

Sheinbaum afirmó que el proyecto en Tlalpan surgió de una petición hecha por habitantes de la alcaldía durante su campaña. Señaló que la ruta busca atender las dificultades de traslado desde la carretera Picacho-Ajusco, donde el tránsito complica la movilidad de quienes viven en esa zona.

Ante los señalamientos sobre presuntas agresiones contra manifestantes, grupos de choque y amparos promovidos en Tlalpan y Milpa Alta, la presidenta no abundó en los casos. Indicó que las autoridades capitalinas y poblanas deben dialogar con las personas inconformes.

“Pues que se les atienda”, respondió al ser cuestionada por la manifestación que reunió a colectivos de Puebla, Milpa Alta y Tlalpan. La mandataria también rechazó que la presencia de la empresa austriaca Doppelmayr represente un monopolio. Afirmó que existen dos compañías en el mundo con capacidad para construir teleféricos urbanos: una italiana y otra de Austria, debido a que se trata de una tecnología especializada.

Sheinbaum insistió en que el Gobierno de la Ciudad de México debe atender los reclamos por las obras en Tlalpan y Milpa Alta, mientras que el gobierno estatal debe responder por el proyecto de Puebla.