Claudia Sheinbaum se contradice con acuerdo de río Sonora con Grupo México: “No hay nada firmado con ellos”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló durante ‘La Mañanera’ que no existe un convenio firmado con Grupo México sobre la remediación del río Sonora; sostuvo que la empresa fue obligada a aportar mil 500 millones de pesos que serán empleados para la construcción de un hospital, una clínica toxicológica, plantas de potabilización y tareas de saneamiento del cauce vinculadas con el daño ambiental provocado por el derrame de 40 millones de sulfato de cobre de 2014 en el cauce.

“No está firmado. Se obligó, como era la ley, a que firmara a que dieran mil 500 millones”, afirmó Sheinbaum. La mandataria explicó que la aportación se definió como parte de las medidas vinculadas con la remediación de lo ocurrido en la zona: “Fue un acuerdo que se tomó, pero relacionado con la remediación”, dijo.

La aclaración surgió después de que la prensa mexicana le cuestionara sobre las denuncias que realiza la comunidad de Sonora sobre la falta de información en cuanto a los compromisos de la compañía minera tras el derrame en el río Sonora. La presidenta aseguró que existen acciones de remediación y que el dinero ya se utiliza para ese fin.

La presidenta sostuvo que no hay un documento suscrito de forma particular con la empresa. “No hay nada firmado con ellos en particular”, respondió ante la insistencia sobre la existencia de un acuerdo.

Plan de justicia para resarcir daños en el río Sonora: anunciado como resultado de acuerdo con Grupo México

Las declaraciones de Claudia Sheinbaum Pardo contrastan con lo que dijo cuando anunció el inicio de las construcciones del Plan de Justicia para Cananea, Sonora, el 29 de diciembre de 2025. Las acciones incluyen la remediación de daños ambientales derivados del derrame causado por Grupo México en el río Sonora.

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, detalló el plan, en el cual se constituyó una bolsa de recursos que asciende a 2,222.6 millones de pesos, financiada en un 70% por Grupo México, 22% por el Gobierno de México y 8% por el gobierno estatal.

“Así, el acuerdo alcanzado contempla la participación de Grupo México con 1,500 millones de pesos, a los que se suman 59 millones que ya había depositado ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en 2018 y 2019 (...)

“Quiero aclarar que el Gobierno de México fue firme en la exigencia hacia Grupo México con el cumplimiento de condicionantes para llegar a un buen acuerdo. Y ya estamos viendo que esto traerá un gran beneficio a las comunidades y a los mineros de Cananea”, dijo Rodríguez.

Comunidad acusa simulación política y empresarial

En agosto de 2026, los Comités de Cuenca Río Sonora, integrados por la comunidad afectada del derrame de sulfato de cobre, presentaron su informe “La simulación política pública: 12 años sin reparación en el Río Sonora”, donde denunciaron que el acuerdo económico entre Grupo México y el gobierno federal es de carácter opaco, porque no se publicó ningún documento que acredite la responsabilidad de la compañía.

Puntualizaron que la cifra pactada entre el corporativo, “solo representa el 7.5% de los 20 mil millones de pesos en los que el propio Estado cuantificó el daño ambiental” en informes ambientales. Asimismo, denunciaron que para la conformación del plan de justicia para resarcir los daños ocasionados por la contaminación en el río Sonora, no se tomó en cuenta a la población afectada.

Ante solicitudes de información pública formuladas por las comunidades para conocer el contenido del convenio económico —que involucra la dispersión de más de 2,223 millones de pesos—, la Secretaría de Gobernación y la plataforma Transparencia para el Pueblo respondieron declarando la “inexistencia administrativa” del documento, negando formalmente que el acuerdo exista como registro oficial, de acuerdo con un comunicado emitido por los Comités de Cuenca Río Sonora.

El colectivo señaló que ocultar este convenio reproduce la inconstitucionalidad que la Suprema Corte de Justicia Nacional (SCJN) declaró en el Amparo en Revisión 640/2019, cuando sentenció que no se pueden tomar decisiones de remediación a puerta cerrada con el corporativo minero y a espaldas de las víctimas.

Ante esta situación, los Comités exigieron la entrega pública e inmediata del texto íntegro del convenio con todos sus anexos técnicos y financieros, el acatamiento del fallo judicial con participación directa y vinculante de los CCRS en el destino de los fondos, y el cese de la política de opacidad institucional que revictimiza a las comunidades y perpetúa la impunidad de la empresa responsable.