Paro nacional del PJF hoy 6 de noviembre: qué estados se suman y por qué los trabajadores rechazan examen de evaluación

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) iniciaron este viernes 6 de noviembre un paro nacional en al menos 22 sedes distribuidas en más de 16 estados del país, en rechazo a un esquema de evaluación de desempeño publicado el jueves en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que, según los afectados, puede derivar en la baja definitiva de quienes no acrediten el examen, en lo que podría convertirse en la segunda interrupción del servicio judicial federal desde 2024.

El paro no arrancó de forma simultánea. Morelos fue el primero en moverse: más de mil trabajadores cerraron las sedes de Cuernavaca y Xochitepec desde el mediodía del jueves. En la Ciudad de México, empleados del Palacio de Justicia Federal de San Lázaro y del Edificio Prisma se sumaron a partir de la medianoche.

Se prevé que el resto de los estados se una a las 9:00 horas de este viernes. La protesta abarca a alrededor de 32 mil secretarios proyectistas, actuarios y oficiales judiciales que trabajan en más de 900 tribunales y juzgados federales de todo el país.

Estados confirmados

Los estados con paro confirmado son Chiapas, Durango, Guanajuato, Guerrero (Chilpancingo), Hidalgo (Pachuca), Jalisco, Michoacán (Morelia), Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca (ciudad capital y Salina Cruz), Puebla, Estado de México (Toluca), Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.

En la Ciudad de México el cierre abarca cuatro edificios: San Lázaro, Ajusco, Las Flores y Prisma.

En Nuevo León, el Sindicato de Renovación anunció el cierre de los juzgados federales en Monterrey con una manifestación convocada en el cruce de Constitución y Cuauhtémoc a las 9:00 horas.

Por qué rechazan el examen

El argumento central de los trabajadores es que el esquema de evaluación no mide el desempeño de forma objetiva. El examen de conocimientos representa únicamente el 40% de la calificación total. El 60% restante depende de factores como la valoración del titular del juzgado (22.5%), la evaluación de compañeros (7.5%), reportes institucionales (10%) y otros parámetros de productividad y comportamiento.

El problema de fondo, según los manifestantes, es que los titulares que calificarán a sus empleados son, en muchos casos, jueces y magistrados que llegaron al cargo mediante la elección judicial por voto popular, con poco tiempo en funciones. “¿Qué libertad tendrá un trabajador para decirle a su superior que jurídicamente está equivocado si sabe que después de ese comentario podría influir en cómo se valora su desempeño?”, plantearon empleados en redes sociales.

El Sindicato de Trabajadores del PJF llamó a sus agremiados a no inscribirse en el proceso. La Unión Nacional de Trabajadores del PJF advirtió que otorgar esta facultad a los juzgadores puede convertirlos en “instrumentos de presión, represalia o persecución laboral”.

El acuerdo publicado el jueves por el Órgano de Administración Judicial establece que la evaluación de diciembre tendrá carácter diagnóstico: busca “identificar fortalezas y áreas de oportunidad para diseñar programas de capacitación” antes de las evaluaciones ordinarias. El OAJ sostiene que no habrá consecuencias inmediatas sobre la permanencia del personal en esta primera ronda.

Sin embargo, el propio documento fija un sistema de calificaciones con efectos concretos. Quienes obtengan de 90 a 100 puntos serán “sobresalientes” y recibirán una constancia de permanencia por dos años; de 80 a 89, “satisfactorio”, con constancia por dos años; de 70 a 79, “regular”, y de 60 a 69, “suficiente”, ambos con constancia por un año pero con obligación de someterse a “acciones de fortalecimiento”.

Quienes obtengan 59 puntos o menos serán calificados como “insuficientes” y solo podrán solicitar, por una única ocasión, un examen extraordinario. Si no lo solicitan, lo reprueban o no les es autorizado, serán dados de baja de la institución.

El calendario fija la publicación del temario para el 17 y 18 de noviembre, los exámenes de secretarios para el 4 de diciembre, los de actuarios para el 8, y los de oficiales para el 14 y 15. Los resultados se analizarán entre enero y marzo de 2027.

Los trabajadores también cuestionan el tiempo disponible para prepararse: apenas dos semanas entre la publicación del temario y los primeros exámenes, mientras mantienen su carga laboral habitual.