Tribunal sanciona a exalcalde de Puebla por 15 millones de pesos y lo inhabilita: impugnará resolución

El exalcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, anunció que impugnará la resolución del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado que contempla una multa de quince millones de pesos y una inhabilitación de 15 años para ocupar cargos públicos, derivadas de presuntas faltas administrativas graves cometidas durante su gestión municipal.

El exedil panista calificó la determinación como una resolución no definitiva y sostuvo que las acusaciones carecen de sustento. Además, consideró que la sanción tiene posibles motivaciones políticas, debido a que se da a conocer en el contexto del inicio del proceso electoral de 2027.

Hasta el momento, no existe información pública precisa sobre la conducta específica que motivó el procedimiento administrativo contra Rivera Pérez. Sin embargo, entre los antecedentes se encuentra la revisión de la cuenta pública de 2022, en la que la Auditoría Superior del Estado (ASE) identificó presuntas irregularidades en el ejercicio de recursos y distintos procedimientos de contratación.

La ASE emitió nueve pliegos de observaciones que sumaron un monto por aclarar de 45 millones 609 mil 595 pesos.

Entre las anomalías señaladas figuran la venta de vehículos considerados chatarra, la adquisición de box lunch, la organización de una carrera y la contratación de servicios de sonido y baños portátiles.

Otra de las posibles líneas relacionadas con el procedimiento apunta a un presunto nombramiento irregular en la Secretaría de Seguridad Ciudadana municipal. No obstante, hasta ahora no se ha confirmado si este asunto constituye el motivo de la sanción impuesta al exalcalde.

Eduardo Rivera niega abuso de funciones y anuncia impugnación

A través de un comunicado, Eduardo Rivera informó que recibió una resolución del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, la cual calificó como no definitiva.

El exalcalde aseguró que durante su administración se condujo conforme a la legislación y rechazó haber incurrido en abuso de funciones, conducta que presuntamente se le atribuye dentro del procedimiento.

“Quiero ser muy puntual: la administración que encabecé siempre se condujo con estricto apego a la legalidad. En esta resolución, se me señala por un supuesto abuso de funciones que no fue acreditado y no hay ninguna acción que se le pueda atribuir a mi persona”, manifestó.

Rivera Pérez también sostuvo que no se le acusa de un manejo indebido de recursos públicos, aunque consideró que la intención de la resolución es perjudicarlo mediante una sanción económica y la restricción de sus derechos para desempeñar funciones públicas.

“Quieren multarme e inhabilitarme injustamente”, expresó.

Ante este escenario, adelantó que recurrirá a las instancias correspondientes para impugnar el fallo y presentar las pruebas que, aseguró, respaldan su postura.

Acusa persecución política rumbo a las elecciones de 2027

El exmunícipe también cuestionó el momento en que se dio a conocer la determinación del tribunal, al considerar que coincide con el arranque de los preparativos políticos para las elecciones de 2027.

A su juicio, esta coincidencia permite cuestionar si existe una intención política detrás de las acciones emprendidas en su contra.

Asimismo, relacionó la resolución con una actuación de la Contraloría Municipal registrada en mayo pasado, por lo que consideró que ambos episodios forman parte de un supuesto ataque sistemático.

“Esta acusación se suma a la actuación de la Contraloría Municipal del mes de mayo y constituye un ataque sistemático en mi contra. Atenderé estos señalamientos con pruebas y de frente; exigiendo un proceso justo, imparcial y apegado a derecho”, señaló.

Bernardo Arrubarrena también habría sido sancionado

El caso no involucraría únicamente al exalcalde de Puebla. De acuerdo con versiones que trascendieron, el Tribunal de Justicia Administrativa también habría impuesto sanciones a Bernardo Arrubarrena García, quien se desempeñó como secretario de Administración durante el trienio de Eduardo Rivera.

La presunta resolución contra el exfuncionario contemplaría una inhabilitación de 10 años para ocupar cargos públicos y una multa de 10 millones de pesos.

Cabe señalar que el Tribunal de Justicia Administrativa no difunde públicamente información detallada sobre sus resoluciones.

Mientras tanto, Eduardo Rivera sostiene que defenderá su inocencia y recurrirá a los mecanismos legales disponibles para revertir la determinación, cuyo alcance definitivo dependerá del resultado de las impugnaciones correspondientes.