
La organización Artículo 19 México y Centroamérica pidió al Poder Ejecutivo Federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, formular observaciones y devolver al Congreso de la Unión la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor, a un día de que fue aprobada por el Senado.
En un comunicado, la organización acusó que el decreto contiene vicios que amplían los mecanismos de censura en internet y “profundiza retrocesos en la libertad de expresión”.
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Señaló que también establece un marco regresivo para el derecho a expresarse en línea, pese a las advertencias planteadas por académicos y organizaciones de la sociedad civil desde que la discusión comenzó en la Cámara de Diputados.
Según Artículo 19, la reforma incrementa las responsabilidades y sanciones para los proveedores de servicios de internet por los contenidos que publiquen las personas usuarias. El cambio puede incentivar el monitoreo y retiro de publicaciones para evitar posibles castigos.
La reforma amplía la responsabilidad de plataformas por contenidos de usuarios
La legislación aprobada atribuye responsabilidad a los proveedores cuando “contribuya, induzca o cause la conducta infractora, y tenga conocimiento de la misma”. La norma no define ni delimita qué conductas constituyen contribuir, inducir o causar una infracción.
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La organización advirtió que la falta de criterios para acreditar esas conductas deja espacio para interpretaciones que afecten directamente el funcionamiento de las plataformas y la circulación de contenidos en internet.
Al responsabilizar a los proveedores por presuntas infracciones cometidas por las personas usuarias, la reforma crea incentivos para vigilar y restringir publicaciones alojadas o difundidas mediante sus servicios, señaló Artículo 19.
Ese retiro puede realizarse sin que exista una determinación judicial que establezca siquiera la existencia de la obra que es objeto de una reclamación por derechos de autor.
La reforma también ordena a los proveedores de servicios negar el acceso a sus plataformas a quienes sean considerados “infractores reincidentes”. Para la organización, esa disposición impide publicaciones futuras y constituye una forma de censura previa.
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Artículo 19 afirmó que bloquear a personas de espacios digitales contraviene el marco constitucional y los principios y estándares internacionales que protegen la libertad de expresión.
Las restricciones, añadió, pueden alcanzar la eliminación de publicaciones y la exclusión de usuarios de plataformas.
Los cambios de 2020 ya permitían retiros por acusaciones falsas
La reforma se suma a los cambios aplicados a la LFDA en 2020, vinculados al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como T-MEC. Desde entonces, el marco permite que acusaciones falsas sobre presuntas violaciones a derechos de autor se utilicen para solicitar la baja de contenidos.
Un proveedor de internet, como una plataforma digital, debe retirar contenidos almacenados o difundidos por sus servicios cuando recibe una notificación sobre una “supuesta vulneración” de derechos de autor.
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La organización consideró que las modificaciones aprobadas en 2020 representaron el retroceso legislativo más lesivo de los últimos años para la libertad de expresión en línea. La reforma avalada ayer por el Senado agrava esas disposiciones.
Desde 2020, Artículo 19 ha tenido conocimiento de casos de periodistas, activistas y otros integrantes de la sociedad civil cuyos materiales fueron retirados de internet mediante la aplicación de la legislación vigente.
En casi todos esos casos, de acuerdo con Artículo 19 México y Centroamérica, las reclamaciones alegaban infracciones a derechos de autor, aunque las publicaciones correspondían al trabajo original de las personas afectadas.
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Alerta por efectos sobre crítica, sátira e información
Para Artículo 19, los riesgos de censura derivados de la reforma no son hipotéticos, pues ya existen antecedentes de contenidos eliminados mediante acusaciones relacionadas con derechos de autor.
La organización señaló que estas reglas inhiben manifestaciones de libertad de expresión como la crítica, el cuestionamiento, la interpelación, la sátira y la ironía.
Las personas periodistas, medios de comunicación y activistas enfrentan persecución judicial, ataques y otras formas graves de violencia, expuso la organización. También sostuvo que en los últimos años aumentaron el acoso y la censura contra la ciudadanía por expresar ideas y opiniones.
Artículo 19 ubicó la modificación a la Ley Federal del Derecho de Autor dentro de una serie de marcos normativos aprobados recientemente que, en vez de proteger a las personas y sus derechos, habilitan mecanismos para ocultar, eliminar e impedir la difusión de información.
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La legislación, señaló, beneficia a quienes presentan acusaciones falsas para pedir la eliminación de contenidos y el bloqueo de personas en espacios digitales.
Por ello, la organización llamó al Poder Ejecutivo Federal a formular observaciones al decreto y devolverlo al Congreso de la Unión para que se corrijan los vicios de la reforma.
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