La actriz Maribel Guardia frena sus declaraciones sobre los procesos legales contra Imelda Tuñón y descarta solicitar una prueba genética de paternidad para su nieto.
La determinación llega tras un año de confrontaciones en juzgados civiles y penales, donde se acumulan reclamos económicos que superan los 3 millones de pesos y una demanda mensual de manutención por 100 mil pesos.
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El anuncio ocurre mientras la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantiene abiertas carpetas de investigación por la muerte del cantante Julián Figueroa, ocurrida en abril de 2023.
La actriz descarta la prueba de paternidad para su nieto
A través de un comunicado conjunto con su abogado Alonso Beceiro, la actriz zanja las versiones sobre el origen biológico del menor José Julián.
Maribel Guardia sostiene que no duda del parentesco familiar: “NO he solicitado, ni solicitaré, una prueba de ADN respecto de mi nieto, pues para mí basta verlo para reconocer que es hijo de mi hijo Julián”.
La aclaración frena las especulaciones sobre posibles recursos legales para cuestionar los derechos sucesorios del menor dentro de la masa hereditaria de la familia.
El mensaje busca desactivar los señalamientos que surgieron en semanas previas en torno a la legitimidad de los reclamos filiales en los juzgados familiares de la capital.
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La defensa legal recomienda guardar silencio sobre los procesos abiertos
El equipo jurídico de la cantante instruye el cese total de pronunciamientos sobre las diligencias en curso para evitar afectaciones procesales.
El documento oficial explica la medida de contención: “Por petición del grupo de abogados que me representa y en virtud de la delicadeza de las diligencias y procedimientos judiciales actualmente en curso, hemos decidido abstenernos de momento, de emitir declaraciones o comentarios”.
La actriz y su defensa piden a los medios de comunicación comprensión ante la postura de reserva adoptada en todos los espacios públicos y plataformas digitales.
El abogado Beceiro gestiona el acceso a expedientes ministeriales que la contraparte intentó mantener bajo reserva durante las últimas semanas procesales en los tribunales capitalinos.
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La renuncia al régimen de convivencia por temor a denuncias fabricadas
La suspensión de declaraciones ocurre después de que Guardia renunciara al régimen de visitas que estaba a punto de formalizar ante las autoridades judiciales para ver a su nieto.
La actriz difundió un mensaje previo acompañada de su esposo, Marco Chacón, donde explicó que la contraparte integró un dictamen pericial privado para acusarlos de presuntas agresiones.
Guardia argumentó que la defensa de Tuñón pretendía utilizar al menor alienado para tenderles una trampa jurídica en el primer encuentro presencial.
La intérprete calificó el distanciamiento como “la decisión más difícil de su vida”, pero necesaria para proteger a su familia de acusaciones por delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
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La denuncia penal por presunto homicidio y fármacos controlados
El frente más severo del conflicto radica en la Fiscalía General de Justicia capitalina, donde existe una denuncia penal contra Tuñón por delitos contra la salud y posible homicidio.
La denuncia sostiene que la viuda suministró medicamentos psicotrópicos a Figueroa sin prescripción médica directa antes de su fallecimiento en su domicilio de Jardines del Pedregal.
La acusación formal surge de declaraciones públicas donde Tuñón relata que engañaba a su psiquiatra para conseguir recetas que entregaba al cantante para tratar cuadros de insomnio.
La representación legal de Guardia acusa además una presunta omisión de auxilio, al no solicitar los servicios de emergencia médica durante el deterioro físico del artista.
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El Código Penal para el Distrito Federal contempla penas de hasta 30 años de prisión por delitos contra la salud combinados con responsabilidad en un fallecimiento.
Los litigios por custodia y compensaciones financieras
La disputa familiar inició en enero de 2025, cuando Guardia acudió a las autoridades ministeriales por presunta omisión de cuidados y violencia familiar contra el menor.
El DIF capitalino otorgó entonces una custodia temporal de 10 días a la abuela, antes de restituir al niño con su madre tras las evaluaciones administrativas.
El conflicto económico escaló cuando Tuñón exigió judicialmente una pensión de 100 mil pesos mensuales para cubrir las necesidades de vida de su hijo.
La defensa de Guardia respondió con un recurso civil que exige la devolución de más de 3 millones de pesos por gastos de manutención erogados durante seis años de cohabitación.
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La viuda trasladó posteriormente su residencia a la ciudad de Houston, Texas, mientras los juzgados familiares y ministeriales de la Ciudad de México continúan con el desahogo de pruebas.
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