Recibir una segunda opinión médica podría ser un derecho en CDMX para el sector de salud pública, Congreso analiza iniciativa

El Congreso de la Ciudad de México analiza una iniciativa para que pacientes de clínicas y hospitales públicos puedan solicitar una segunda opinión médica sin pagar una consulta privada, en casos de diagnósticos graves o tratamientos de alto riesgo.

La propuesta plantea reformar la Ley de Salud de la Ciudad de México para que el sector público establezca mecanismos de atención, canalización y valoración clínica. El proyecto fue presentado ante el Pleno por el legislador del PAN, Ricardo Rubio Torres.

Rubio Torres sostiene que la medida busca evitar que las familias recurran a servicios privados para confirmar un diagnóstico o decidir sobre procedimientos que impliquen riesgos. “La salud no debe depender de la capacidad económica de alguna persona o de las familias”, expuso durante su intervención.

El diputado propuso que las instituciones de salud pública canalicen la solicitud de segunda opinión en un plazo máximo de tres días hábiles. La valoración clínica tendría que emitirse en un periodo de hasta 10 días hábiles.

La iniciativa plantea plazos para canalizar y emitir una segunda valoración

La reforma busca incorporar el derecho a una segunda opinión médica dentro de los servicios de salud de la capital. La propuesta no plantea que las personas tengan que salir del sistema público para obtener la nueva valoración.

El mecanismo aplicaría cuando un paciente reciba un diagnóstico de gravedad o cuando el personal médico recomiende un tratamiento de alto riesgo. La iniciativa pretende que otra valoración permita contrastar la información disponible antes de que la persona acepte o rechace un procedimiento.

Rubio Torres señaló que el proyecto se sostiene en tres principios. El primero es la seguridad, con el propósito de prevenir riesgos médicos y contrastar diagnósticos. El segundo es la autonomía, para que las personas decidan con información suficiente.

El tercer principio es la igualdad. El legislador plantea que el acceso a una segunda valoración no dependa de los ingresos de los pacientes ni de la posibilidad de pagar una consulta particular.

“El derecho a una segunda opinión médica no es un lujo ni es un privilegio, y en ocasiones con ello va la vida misma de por medio”, afirmó el diputado del PAN.

La iniciativa plantea que la canalización y la atención posterior queden sujetas a reglas institucionales. El objetivo es que las solicitudes no dependan de gestiones individuales ni de la disponibilidad económica de cada familia.

Más de 67 mil casos adversos de salud en la CDMX durante 2024

Durante la presentación, Rubio Torres citó datos sobre eventos adversos relacionados con la atención médica en México. De acuerdo con las cifras mencionadas por el legislador, durante 2024 se registraron 67,726 eventos adversos de salud.

De ese total, 42,500 ocasionaron daños leves o moderados. El diputado añadió que 1,697 fueron clasificados como “eventos centinela”, término utilizado para sucesos imprevistos y graves vinculados con la atención médica que pueden provocar muerte o lesiones.

Según los datos expuestos en tribuna, 405 de esos eventos correspondieron a fallecimientos. Rubio Torres señaló que el Programa Sectorial de Salud 2025-2030 estima que 85.3% de los casos era potencialmente evitable.

El panista también refirió que 57% de los mexicanos manifestó satisfacción con la atención médica. Comparó ese porcentaje con el promedio de 67% en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

La propuesta busca que una segunda opinión médica funcione como una herramienta de seguridad para los pacientes y como un mecanismo para elevar la confianza en los servicios públicos de salud.

El diputado señaló que los procedimientos deberán ser claros, verificables y accesibles de forma universal. La iniciativa no establece en el planteamiento presentado cuáles serían las instituciones responsables de emitir la segunda valoración ni el número de especialistas que participarían en cada caso.

Tampoco detalla los criterios que definirían un diagnóstico grave o un tratamiento de alto riesgo, aspectos que podrían ser precisados durante la discusión legislativa y el eventual proceso de dictaminación.

La Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México informó que la iniciativa para reformar y adicionar disposiciones de la Ley de Salud capitalina será turnada a la Comisión de Salud.

La comisión deberá analizar el contenido de la propuesta y determinar si emite un dictamen para que el Pleno discuta una eventual modificación a la legislación local.