
La Cámara de Diputados aprobó en lo general una reforma impulsada por Claudia Sheinbaum que incorpora a las Fuerzas Armadas en la evaluación de inversiones extranjeras en sectores estratégicos de México.
Con 314 votos a favor y 117 en contra, el pleno de San Lázaro avaló modificaciones a la Ley de Inversión Extranjera para establecer mecanismos de revisión por motivos de seguridad nacional y ampliar la integración de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE).
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La propuesta contempla que las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa) y de Marina (Semar) tengan voz y voto permanentes en este organismo, encargado de analizar determinadas operaciones de capital extranjero en el país.
El dictamen avanzó en lo general y quedó pendiente la discusión en lo particular, en la que los legisladores deberán resolver las reservas presentadas. Posteriormente, la reforma tendrá que regresar al Senado debido a las modificaciones realizadas en la Cámara de Diputados.
Reforma establece un filtro para inversiones extranjeras en México
Uno de los principales cambios consiste en incorporar un procedimiento de autorización para ciertas adquisiciones de empresas mexicanas por parte de inversionistas extranjeros.
El mecanismo se aplicará cuando la participación extranjera supere el 49% del capital de una compañía, sus activos rebasen un umbral económico determinado y sus actividades correspondan a sectores considerados estratégicos o sensibles.
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La propuesta no establece una prohibición general para que el capital extranjero supere ese porcentaje en todas las empresas, sino una revisión específica para las operaciones que cumplan con los criterios previstos en la legislación.
La CNIE tendrá la facultad de evaluar estas adquisiciones y determinar si pueden autorizarse, sujetarse a condiciones o rechazarse cuando existan razones relacionadas con la seguridad nacional.
Defensa y Marina tendrán voto en la Comisión de Inversiones Extranjeras
La reforma amplía la participación de dependencias federales en la CNIE. Además de Defensa y Semar, incorpora a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones con voz y voto.
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También contempla la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aunque estas instituciones participarían con voz, pero sin voto, cuando se aborden asuntos relacionados con la seguridad nacional.
El objetivo planteado por los promotores de la iniciativa es que la evaluación de inversiones no se limite a sus características económicas y productivas, sino que también considere posibles riesgos para infraestructura, tecnologías y recursos estratégicos del país.
Entre los sectores y actividades que podrían quedar sujetos a revisión se encuentran:
- Energía y minería, por su relación con recursos e infraestructura estratégica.
- Inteligencia artificial, robótica y semiconductores, considerados parte de las tecnologías críticas.
- Ciberseguridad y sistemas digitales, por su importancia para la protección de información.
- Tratamiento y almacenamiento de datos, incluidos los datos personales.
- Transporte, comunicaciones y sectores vinculados con la defensa, además de actividades relacionadas con insumos fundamentales y seguridad alimentaria.
Gobierno podrá condicionar o rechazar determinadas adquisiciones
El nuevo mecanismo permitiría a las autoridades imponer condiciones a ciertas operaciones o impedirlas si consideran que representan riesgos para la seguridad nacional.
La reforma también contempla la posibilidad de ordenar la venta de activos adquiridos e imponer multas de hasta 200,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA) por determinados incumplimientos.
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Durante la discusión, legisladores de Morena defendieron la necesidad de que el Estado tenga herramientas para proteger infraestructura crítica, información y sectores estratégicos, sin que la apertura a la inversión extranjera implique renunciar a esas facultades.
Como parte de los argumentos a favor, se destacó que México recibió 34,968 millones de dólares de inversión extranjera directa durante el primer semestre de 2026, de acuerdo con los datos citados durante el debate.
Oposición advierte riesgos para la certeza jurídica de inversionistas
Las bancadas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano cuestionaron la ampliación de las facultades de la Comisión y la participación permanente de las Fuerzas Armadas en decisiones económicas.
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Entre sus principales señalamientos está que Defensa y Marina tendrán voto incluso en asuntos que no necesariamente estén relacionados de manera directa con la seguridad nacional. También advirtieron que los nuevos criterios de evaluación podrían generar incertidumbre para los inversionistas.
Durante el debate se plantearon dudas sobre la certeza jurídica de las operaciones, particularmente por los criterios económicos que quedarían sujetos a la evaluación de la Comisión.
El dictamen continuará su proceso legislativo con la discusión en lo particular en la Cámara de Diputados. Debido a los cambios incorporados en esta etapa, la minuta deberá regresar al Senado para que revise las modificaciones antes de que pueda concluir el trámite correspondiente.
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