El 19% de personas desaparecidas en Jalisco y localizadas en otros estados fue víctima de trabajos forzados, destapa Fiscalía

La Vicefiscalía Especial en Personas Desaparecidas de Jalisco localizó con vida a 95 personas reportadas como desaparecidas en la entidad durante 2026, tras ubicarlas en otros estados del país. Del total, 19% estuvo relacionado con investigaciones por trata de personas en la modalidad de trabajos forzados, mientras el resto se habría ausentado por causas distintas al reclutamiento criminal.

Sinaloa concentró el mayor número de localizaciones, con 16 personas, seguido de Michoacán, donde fueron ubicadas 15. Nayarit registró ocho casos, mientras Zacatecas y Guanajuato contabilizaron seis cada uno; las demás personas fueron encontradas en otras entidades federativas.

Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas, vicefiscal especial en Personas Desaparecidas, precisó que la ubicación de una persona fuera de Jalisco no permitía concluir, por sí misma, que hubiera sido víctima de un delito. La autoridad debía indagar las circunstancias particulares de cada caso antes de establecer si existió privación de la libertad, explotación o participación de grupos delictivos.

Durante la rueda de prensa de Seguridad de Jalisco del 22 de octubre de 2026, la funcionaria explicó que las labores de búsqueda se extendieron a todo el territorio nacional cuando el último paradero conocido de la persona correspondía a la entidad. “Las acciones de búsqueda (…) abarcan todo el territorio nacional. Entonces, si bien es cierto, aunque inicialmente las personas pueden desaparecer en Jalisco, hemos tenido ya 95 localizaciones en el 2026 de personas desaparecidas que han sido ubicadas en otras entidades federativas”, afirmó.

Sinaloa y Michoacán reunieron 31 de las localizaciones

La vicefiscal detalló que los casos localizados en Sinaloa y Michoacán sumaron 31 de los 95 registros. Las búsquedas se realizaron en coordinación con fiscalías de otros estados, ante los desplazamientos de personas entre entidades y la necesidad de verificar si su ausencia obedeció a un delito.

Trujillo Cuevas insistió en diferenciar las localizaciones de las investigaciones por explotación laboral o reclutamiento. “Hacer esa diferencia, que si una persona desaparece en Jalisco y es localizada en otra entidad, no forzosamente es víctima de delito. De este porcentaje que les digo de personas localizadas en otras entidades, solamente el 19% han estado relacionadas con investigaciones de trabajos forzados; el resto de personas no”, enfatizó.

Cuando una persona localizada manifestó que fue privada de la libertad o sometida a explotación, las autoridades encuadraron los hechos en el delito de trata de personas bajo la modalidad de trabajos forzados. Esa clasificación jurídica se mantuvo porque Jalisco todavía no contaba con un delito autónomo denominado reclutamiento.

La funcionaria señaló que el Congreso del Estado de Jalisco analizaba una iniciativa para tipificar el reclutamiento con una denominación propia. “Ese es el delito que, insisto, hasta el momento se acredita, no obstante que sabemos que en el Congreso está una iniciativa para que se tipifique y se le dé el título de reclutamiento, pero eso no ha sucedido al día de hoy. Entonces ahorita todavía jurídicamente hablaríamos de trata de personas”, precisó.

La ley estatal entró en vigor el 20 de septiembre de 2026

La Vicefiscalía aplicó instrumentos de protección internacional y normas nacionales y estatales para atender a las personas localizadas que refirieron haber vivido esquemas de trata. Entre esos marcos estuvo el Protocolo de Palermo, así como lineamientos específicos para niñas, niños y adolescentes.

La Ley para Prevenir y Erradicar el Reclutamiento de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Jalisco fue aprobada por el Congreso el 3 de septiembre de 2026 y entró en vigor el 20 de septiembre. La norma contempló medidas de prevención, atención a víctimas y coordinación entre autoridades estatales y municipales.

La legislación también previó la creación de una Comisión Interinstitucional y un programa estatal orientado a prevenir y erradicar el reclutamiento de menores de edad. Al momento de la exposición de la vicefiscal, la norma permanecía en fase de implementación y todavía faltaba instalar los comités y mecanismos operativos establecidos en sus disposiciones.

El Gobierno de Jalisco impulsó campañas de prevención sobre ofertas laborales engañosas como parte de sus acciones contra el reclutamiento forzado. Estas estrategias se sumaron a las indagatorias que la Fiscalía mantuvo bajo la figura de trata de personas en los casos vinculados con trabajos forzados.