Por ‘falla técnica’, aplazan audiencia en que dictarían sentencia a Mario Marín por tortura contra Lydia Cacho

La organización Artículo 19 México y Centroamérica informó que se aplazó la audiencia prevista para hoy en la que se dictaría sentencia contra Mario Marín, exgobernador de Puebla acusado de ordenar el secuestro y tortura contra la periodista Lydia Cacho, en 2005.

En su cuenta de X, la organización dijo que el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Quintana Roo confirmó el cambio en la audiencia debido a un problema técnico del sistema virtual Webex.

Explicó que la falla se detectó cuando la defensa de Lydia Cacho intentó conectarse a la audiencia y la cuenta se reportó como inhabilitada.

“Hemos recibimos confirmación por parte del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, del Poder Judicial de la Federación, que se difiere la audiencia del caso de Lydia Cacho.

“Presuntamente debido a un problema técnico del sistema virtual Webex, utilizado para las audiencias virtuales. Al intentar conectarse la defensa de Lydia observamos que la cuenta se reportaba como inhabilitada”, escribió en su cuenta en X.

En este sentido, expresó su inconformidad al señalar que tras 21 años de impunidad en el caso, errores logísticos siguen retrasando que sancione a los responsables.

“Manifestamos nuestra inconformidad que tras 21 años de impunidad por la tortura de Lydia Cacho, fallas o errores logísticos sigan generando retrocesos. Agradecemos a quienes están pendientes y en observación del caso”, añadió en una segunda publicación.

Previo a la audiencia, Artículo 19 México y Centroamérica calificó la audiencia de vista contra Mario Marín como un evento clave para la prensa y la comunidad internacional, al señalar que el fallo definirá si actores con poder político y económico pueden agredir a periodistas sin consecuencias.

En un comunicado, la organizaziuón pidió que se emita una sentencia apropiada, proporcional a la gravedad de los hechos y basada en estándares internacionales de libertad de expresión y protección a periodistas.

La organización sostuvo que las sanciones aplicadas a otros involucrados han sido insuficientes y que varias decisiones judiciales han generado nuevas vulneraciones contra Cacho.

Entre los antecedentes, recordó que Kamel Nacif Borge fue liberado de responsabilidad por tortura tras un amparo concedido en 2021 por un tribunal de Cancún.

En julio de 2025, el mismo tribunal exoneró a Juan Sánchez Moreno, excomandante de la entonces Procuraduría de Puebla. Hugo Karam Beltrán salió de prisión en agosto de 2024 por un cambio de medidas cautelares, aunque su proceso continúa.

Alejandro Rocha Laureano fue liberado este 14 de octubre, luego de cumplir una condena de cinco años y seis meses.

Cacho fue detenida el 16 de diciembre de 2005 en Cancún y trasladada por tierra a Puebla durante más de 20 horas. Artículo 19 señala que sufrió amenazas, incomunicación, violencia sexual y tortura física y psicológica.

La agresión habría sido una represalia por su libro Los demonios del Edén, en el que documentó redes de explotación sexual infantil ligadas con empresarios y autoridades.

En 2018, el Comité de Derechos Humanos de la ONU determinó que México violó los derechos de la periodista.

Aunque el Estado ofreció una disculpa pública en 2019, Artículo 19 afirma que la justicia ha avanzado lentamente. Cacho sigue bajo amenazas y cuenta, junto con su familia, con medidas cautelares de la CIDH desde 2009.