
En México, 516 municipios carecen de una corporación policial propia para atender la seguridad pública. Mientras algunos recurren a policías estatales o fuerzas federales y otros dependen de cuerpos comunales, en 23 municipios no se reportó ninguna de esas modalidades de vigilancia.
La cifra corresponde al cierre de 2024 y forma parte del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2025, cuyos resultados publicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en marzo de 2026. El registro permite identificar distintas formas de organización de la seguridad local, desde estructuras comunitarias hasta la intervención de instituciones estatales y federales.
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La ausencia de una corporación municipal no significa que un territorio carezca de vigilancia. En la mayoría de los casos contabilizados, otras instancias realizaban tareas de seguridad; sin embargo, el censo identificó 23 municipios sin cobertura reportada, donde no se registró una institución alternativa ni la presencia de cuerpos comunales para asumir esa función.
Cuerpos comunales y policías estatales cubren parte de los municipios
Los cuerpos comunales fueron la modalidad más frecuente entre los municipios sin una institución policial municipal formalmente constituida. El Inegi registró esta forma de organización en 403 localidades, aunque con diferencias en su estructura y relación con los gobiernos municipales.
En 400 municipios, los cuerpos comunales estaban adscritos a una institución, unidad administrativa o área del gobierno municipal. En los tres restantes se reportaron estructuras autogestivas, es decir, organizadas sin esa adscripción administrativa.
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La existencia de un cuerpo comunal no equivale, por sí sola, a contar con una policía municipal formal. Se trata de esquemas diferentes de organización y prestación de servicios de seguridad, por lo que las cifras no deben interpretarse como si todas esas localidades tuvieran instituciones policiales con la misma estructura.
Otra modalidad fue la participación de corporaciones externas. En 90 municipios, el censo identificó la intervención de otras instituciones para atender las tareas de seguridad pública, principalmente autoridades estatales.
Las secretarías de Seguridad Pública estatales o sus equivalentes participaron en 85 municipios. También se registró la intervención de la Guardia Nacional en cinco, de la Secretaría de la Defensa Nacional en cinco, de la Secretaría de Marina en uno y de otra institución en uno.
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El dato muestra qué instituciones participaron en la prestación de servicios de seguridad, no cuántos municipios distintos atendió cada una de manera exclusiva.
Tamaulipas destaca en este apartado: 43 municipios reportaron que la Secretaría de Seguridad Pública estatal realizaba las funciones correspondientes ante la ausencia de una corporación municipal propia. El registro ilustra un esquema en el que el gobierno estatal asume directamente esas tareas en localidades que no cuentan con una institución policial de ese nivel.

En conjunto, los datos del Inegi muestran que los municipios sin policía propia no siguen un solo modelo. En algunos, la vigilancia recae en estructuras comunales; en otros, la cobertura depende de corporaciones estatales o federales. La información también identifica las localidades en las que no se reportó ninguna de esas alternativas durante el periodo censado.
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México tenía menos policías municipales que en 2022
En 2024, México contaba con 166 mil 224 policías municipales operativos, de acuerdo con el informe Las policías en México: consecuencias de un abandono histórico (2018-2026), publicado por Causa en Común el 15 de octubre de 2026. La cifra representó una disminución de 6% respecto de 2022 y fue la más baja registrada desde 2010, según la organización.
Por separado, el Inegi contabilizó 166 mil 91 personas adscritas a instituciones municipales de seguridad pública en 2024, un descenso de 5.5% frente a 2022. Aunque ambas mediciones apuntan a una reducción, corresponden a indicadores diferentes: una se refiere al personal operativo municipal reportado por Causa en Común y la otra al personal adscrito a instituciones de seguridad pública en el censo.
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La reducción del personal municipal constituye un dato relevante para dimensionar las capacidades de las corporaciones que sí existen, pero no demuestra por sí misma por qué determinados gobiernos locales no cuentan con una policía formal. Para establecer esas causas se necesitaría información específica sobre decisiones presupuestales, procesos de reclutamiento, condiciones institucionales y acuerdos de coordinación en cada municipio.
Salarios y prestaciones reflejan las condiciones de las policías municipales
El informe Las policías en México: consecuencias de un abandono histórico (2018-2026) señala que 55% de los policías municipales gana menos de 15 mil pesos mensuales, por debajo de los 16 mil 668 pesos netos al mes que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) estima como salario digno para un policía y su familia.
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La diferencia salarial forma parte de un panorama más amplio de prestaciones desiguales entre corporaciones municipales y estatales. Según Causa en Común, 53% de los policías municipales cuenta con seguridad social, frente a 97.6% de los elementos estatales.
Las diferencias también aparecen en otras prestaciones. La organización reportó que 58% de los policías municipales tiene seguro de vida, mientras que apenas 6% cuenta con seguro de retiro.
Estos datos describen las condiciones de quienes ya forman parte de las corporaciones municipales y permiten dimensionar algunos de los retos laborales que enfrenta ese nivel de gobierno. No obstante, el informe no establece que la falta de prestaciones o los salarios bajos sean la causa directa de que 516 municipios no tengan una policía propia.
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La carrera policial también presenta rezagos
La profesionalización policial es otro de los componentes revisados por Causa en Común en Las policías en México: consecuencias de un abandono histórico (2018-2026). El informe señala que solo 17 de las 32 fuerzas policiales estatales contaban con un servicio profesional de carrera formalmente constituido. Además, 21 corporaciones estatales carecían de catálogos de puestos actualizados.
Estos indicadores corresponden a las policías estatales, no a las municipales. Su inclusión permite dimensionar que las dificultades institucionales no se limitan a los gobiernos locales, aunque las cifras no deben trasladarse de un nivel de gobierno a otro.
Un servicio profesional de carrera establece mecanismos institucionales para el ingreso, la formación, la evaluación, la permanencia y los ascensos de los agentes. La falta de estructuras formalizadas o de instrumentos actualizados dificulta conocer las reglas que rigen el desarrollo profesional dentro de las corporaciones.
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En el ámbito municipal, el panorama de personal, salarios y prestaciones documentado por la organización muestra condiciones desiguales entre los agentes. Sin embargo, los datos disponibles no permiten afirmar que todos los municipios sin policía propia enfrenten los mismos problemas ni que la ausencia de una corporación responda a una sola causa.
Las protestas policiales y los asesinatos de agentes
Entre octubre de 2024 y septiembre de 2026, Causa en Común contabilizó 137 movilizaciones policiales: 63 paros laborales, 64 manifestaciones y 10 amenazas de paro.
El 62% de esos movimientos correspondió a policías municipales y 20% a agentes estatales. Entre los motivos reportados se encontraron abusos laborales, salarios bajos o desiguales, falta de prestaciones y equipamiento, así como pagos pendientes.
El predominio de policías municipales en este registro aporta otra dimensión sobre las dificultades que enfrentan las corporaciones locales. Las movilizaciones, sin embargo, corresponden a hechos reportados por la organización y no constituyen una medición exhaustiva de las condiciones de todas las policías del país.
La violencia contra los agentes también forma parte del contexto de seguridad. Causa en Común contabilizó 665 policías asesinados entre el 1 de octubre de 2024 y el 15 de octubre de 2026: 360 municipales, 220 estatales y 85 federales.
Los policías municipales representaron más de la mitad de los casos registrados en ese periodo. La cifra muestra la magnitud de los asesinatos dentro de ese grupo, pero no permite concluir que los municipios sin una corporación propia sean necesariamente los que presentan mayor riesgo para los agentes, pues se trata de indicadores diferentes y el registro de homicidios no establece esa comparación.
Los datos del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2025 y del informe Las policías en México: consecuencias de un abandono histórico (2018-2026) describen dos dimensiones del sistema de seguridad pública en México. El primero identifica cómo se organiza la vigilancia en los municipios y dónde no se reportó una instancia responsable; el segundo documenta la evolución del personal policial, sus condiciones laborales, la profesionalización y los riesgos que enfrentan los agentes.
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